La Justicia Federal llevará a juicio a cuatro detenidos de una cárcel de Jujuy, acusados de conformar una organización criminal que, empleando el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, cometía estafas y extorsiones con familiares de otras personas privadas de la libertad.
Los cuatro imputados permanecen detenidos y registran condenas por otros delitos: C.M.A.A. (38), alias Trompila, por robo y violación de domicilio; R.A.R. (40), por robos y hurtos; S.A.L. (31), por tentativa de homicidio y robos; y W.R.V. (32), por homicidio simple, según publicó el portal Fiscales.
El fiscal Franco Picardi los acusó por los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros; usurpación de autoridad, reiterada en ocho oportunidades; estafa, reiterada en dos oportunidades; y extorsión mediante simulación de autoridad pública.
La investigación estableció que la organización funcionó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, en el Establecimiento Penitenciario N°7 de Jujuy, en el Barrio Alto Comedero de la ciudad capital.
La operatoria se apoyaba en una estructura de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros. Para dar credibilidad a los llamados, los perfiles de WhatsApp exhibían fotografías del propio Rosatti o de edificios judiciales y se identificaban con denominaciones como “Corte Suprema de Justicia”. También utilizaban alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales, entre ellos “poderjudicial.mp” y “poderjudicial.org.25”.
El llamado que dio origen a la investigación
El caso comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una comunicación de un hombre que se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El interlocutor explicó que estaba realizando un relevamiento junto a personal de una supuesta “Comisión de Derechos Humanos” y solicitó un listado actualizado de las personas detenidas en dependencias policiales. Requirió sus nombres completos, números de causa, tiempo de detención, condición de reincidentes y teléfonos de sus familiares.
El comisario que recibió el llamado sospechó de la comunicación y pidió un número telefónico para devolver el llamado. El interlocutor le proporcionó una línea con característica de 221 de la ciudad de La Plata. Cuando se comunicó, fue atendido por una persona que también simuló pertenecer a la Corte Suprema. Sin embargo, al preguntar por Rosatti, la comunicación se interrumpió. Luego, la jefa de seguridad de la Corte confirmó que el magistrado no había efectuado ningún requerimiento de esas características.
El jefe policial logró grabar el tramo final de la comunicación original. En ese registro, el falso juez Rosatti le dijo: “Escúcheme comisario. Estoy hace más de una hora con el tema este. Yo puedo entender que estén en un procedimiento, que estén de visita, pero no es mucho lo que se le pide. Simplemente el nombre, el apellido, el delito que tiene cada una de las personas que están a cargo de su jurisdicción y el número de teléfono del familiar […]. Creo que no es difícil. Lo escucho”. Cuando le indicó que debía formalizar el pedido mediante un oficio, cortó la llamada.
A partir de esa denuncia se dispusieron distintas medidas de investigación, entre ellas pedidos de informes a las compañías telefónicas, intervenciones de líneas y análisis de antenas. Esas diligencias permitieron establecer que el abonado tenía actividad en las inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N°7, dependiente del Servicio Penitenciario de Jujuy.
Con el avance de la pesquisa se identificaron otros siete episodios en los que los integrantes del grupo habrían utilizado la identidad y la investidura de Rosatti para obtener información oficial sobre personas detenidas.
El 20 y el 22 de diciembre de 2024 llamaron, respectivamente, a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Santa Fe y Esquel de la PFA. En ambos casos se presentaron como Rosatti y solicitaron información sobre las personas detenidas y las condiciones de alojamiento.
El 27 de enero de 2025 se comunicaron con la Guardia de Prevención de una dependencia de Gendarmería Nacional. En esa oportunidad, el interlocutor dijo ser Rosatti y manifestó integrar una supuesta “Comisión de Control de Derechos Humanos para Centros de Detención No Penitenciarios”. Invocó una reestructuración del sistema carcelario federal que contemplaría traslados, libertades condicionales y excarcelaciones.
Con ese argumento, solicitó los nombres de las personas alojadas, sus causas, el tiempo de detención y los teléfonos de sus familiares. Incluso obtuvo el número particular de un comandante de la fuerza y le pidió que se comunicara con los allegados de los detenidos mientras mantenían una llamada en altavoz.
La maniobra fue advertida por el personal de Gendarmería, que alertó a los familiares. Algunos de ellos ya habían recibido llamados del supuesto magistrado, quien les exigía entre 600.000 y 800.000 pesos para gestionar la liberación de sus parientes, aunque ninguno accedió a pagar.
El 25 de mayo de 2025 llamaron a la DUOF Neuquén de la PFA para solicitar información sobre el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. El 23 de junio hicieron lo mismo con la Unidad N°50 del Servicio Penitenciario Bonaerense, con asiento en Batán, y al día siguiente se comunicaron con la Comisaría N°42 de la Policía de Río Negro.
El último de los ocho sucesos imputados ocurrió el 21 de octubre de 2025, cuando llamaron al Área de Seguridad Externa de la Unidad N°14 del Servicio Penitenciario Federal, en Esquel, y requirieron información sobre la cantidad de internos, procesados, condenados, próximos egresos y eventuales nuevos ingresos.
Las escuchas revelaron cómo funcionaba la maniobra
Uno de los elementos centrales de la acusación son las comunicaciones telefónicas interceptadas durante la investigación. En particular, una conversación del 2 de diciembre de 2024 permitió reconstruir con precisión la metodología que utilizaban.
En esa comunicación, uno de los imputados le contó a una interlocutora: “Ayer estuvimos tirando numerito, casi le pegamos a tres víctimas casi”.
La acusación presentada ante el juez Julián Ercolini comprende dos maniobras de estafa y un episodio de extorsión en perjuicio de personas que fueron contactadas por los integrantes del grupo.