Un adulto mayor alojado en un domicilio de la ciudad de Santa Fe incendió un colchón para alertar sobre las pésimas condiciones en las que vivía, hecho que permitió descubrir el funcionamiento de un geriátrico clandestino. Tras la intervención de la Justicia, la presunta dueña del lugar fue imputada por abandono de persona, mientras la política local debate sobre las severas fallas en los controles del Estado.
El dramático episodio, que podría ser la punta del ovillo de una red de espacios no habilitados en la capital de la provincia, se originó a raíz del hartazgo de uno de los residentes. Según informaron en De 12 a 14 (El Tres), la persona, cansada de vivir en condiciones paupérrimas, con falta de alimentación y en situación de casi esclavitud, decidió prender fuego su lugar de descanso para llamar la atención pública.
En el domicilio particular, que no contaba con ningún tipo de habilitación por parte de la Municipalidad, convivían entre siete y ocho adultos mayores. Tras el siniestro y la visibilización del caso, las autoridades locales intervinieron para reubicar a las víctimas en otras instituciones de la ciudad, ya que muchos de ellos se encontraban previamente en situación de calle, lo que agravaba su estado de vulnerabilidad.
Avance en la Justicia y situación de la acusada
Tras el descubrimiento del lugar, la mujer señalada como propietaria y responsable del espacio se mantuvo prófuga durante varios días. Sin embargo, en las últimas horas se presentó ante las autoridades y fue formalmente imputada por el delito de abandono de persona.
La próxima semana se llevará a cabo una audiencia de medidas cautelares, en la cual la Justicia determinará si la acusada atraviesa el proceso penal en libertad o si, por la gravedad de los hechos, se le dicta la prisión preventiva.
El caso generó un fuerte impacto político institucional en Santa Fe. El intendente ordenó de inmediato la realización de una auditoría interna para determinar por qué fallaron las inspecciones, mientras que desde el Concejo la oposición avanzó con pedidos de informes para esclarecer el panorama.
Desde el cuerpo legislativo solicitaron conocer "cuál es la política en materia de control sobre este tipo de instituciones que alojan a adultos mayores en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Santa Fe".
En ese sentido, remarcaron que el Estado municipal es el responsable de cuidar a este colectivo y criticaron el accionar tardío de las dependencias correspondientes. "El problema no debería haber existido nunca si hubiesen funcionado los controles", sentenciaron desde la oposición.