La Fiscalía Federal de Santa Fe pidió que Franco Poccia, un productor rural santafesino de 25 años, sea llevado a juicio oral acusado de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. El pedido está vinculado a la detección, en octubre de 2025, de 20 personas sometidas a condiciones de vida y trabajo inhumanas en un campo de cultivo de frutillas en Arroyo Leyes propiedad del acusado.
La acusación fue formulada por los fiscales federales Walter Rodríguez, Milagros Traverso y Marcelo Colombo y constituye el paso previo a la realización de la audiencia en la que se definirá si el proceso avanza a la etapa de juicio oral. En ese marco, los acusadores estiman un pedido de pena de 8 años de prisión.
La investigación se inició el 17 de septiembre de 2025, a partir de la denuncia, en una comisaría local, de tres víctimas, una de las cuales refirió que habían escapado de un ubicado sobre la ruta provincial N°1, a unos 22 kilómetros de Santa Fe.
El 1° de octubre se realizó el allanamiento al campo de frutillas donde se identificó a 42 trabajadores, que se sumaron a los tres denunciantes iniciales.
Según la pesquisa, la mayoría de las personas provenía del Chaco –principalmente de las localidades de San Bernardo y La Clotilde– y había sido trasladada al campo bajo promesas laborales que no se cumplieron. La acusación sostiene que Poccia financiaba los pasajes y luego descontaba esos montos de los salarios, generando así un sistema de endeudamiento inducido.
Si bien al formalizar la investigación en octubre de 2025 se contabilizaron 45 personas como las presuntas víctimas, la acusación, en función de los testimonios recabados, finalmente se enfocó en 20 de ellas.
La acusación describe condiciones de extrema precariedad: los trabajadores dormían en galpones o construcciones improvisadas, con techos de chapa, piso de tierra y cajones de madera utilizados como camas.
El lugar carecía de instalaciones sanitarias adecuadas y de acceso regular a agua potable.
La fiscalía señala que las personas debían higienizarse en zonas de monte con baldes y consumir agua almacenada en bidones de agroquímicos. Según los testimonios, las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, sin descansos, con remuneraciones por debajo de los mínimos legales.
En ese marco, la Fiscalía consideró que las condiciones configuraban una situación de reducción a la servidumbre, basada en el aprovechamiento de la necesidad económica y la falta de instrucción de las víctimas.
Uno de los testimonios volcados en la pieza acusatoria describe esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana, salíamos a las 11. De las 11, comíamos algo un ratito, ya teníamos que entrar otra vez a las 7 de la tarde. Hasta que baje el sol, ¿viste? Y resulta otra vez a la madrugada. Teníamos que hacer todos los días así, así, así. Y el cuerpo no da más, viste que vos estás cansado y dormís una hora, dos nomás, y no das más. Me dolía todo el pie así, ¿viste? Cuando tenía que ir otra vez”.
En el allanamiento, los investigadores secuestraron más de 10 millones de pesos en efectivo, 4.205 dólares, 12 armas de fuego de distintos calibres y documentación que registraba descuentos aplicados a los trabajadores por insumos básicos, como linternas para las tareas que realizaban en horas nocturnas.
También se incautó una Volkswagen Amarok, cuya titularidad corresponde al imputado. Según la fiscalía, el vehículo era utilizado como instrumento para la comisión del delito, por lo que se solicitó su decomiso.
Para los fiscales, el conjunto de la evidencia permite sostener la existencia de un sistema organizado orientado a “maximizar el rendimiento económico mediante el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas” y a “obtener beneficios a costa de su libertad y dignidad”.