Tiago Ruffinatti, de 27 años, fue imputado este miércoles por los asesinatos de Marta Ramírez, de 65 años, y Omar Ovidio Gamarra, de 70, cometidos en la vivienda que ocupaban en Villa Amelia el pasado 21 de mayo. La Fiscalía le atribuyó, además, el abuso sexual con acceso carnal de la mujer y la portación ilegítima del arma utilizada en el ataque.

La audiencia se desarrolló en el Centro de Justicia Penal ante el juez Aldo Bilbao Benítez. La fiscal Noelia Navone sostuvo que entre las 20.17 y las 20.56 de aquel día, Ruffinatti llegó hasta la casa de Larrea 247, donde conocía a las víctimas, atacó a golpes a Marta Ramírez, la sometió sexualmente, le disparó en el tórax con una pistola calibre .22 y luego intentó incendiar el cuerpo rociándolo con combustible.

Según la acusación, también atacó a Omar Gamarra con la misma arma. El hombre fue hallado con vida por personal del Sies, permaneció internado en estado crítico durante varios días y falleció el 30 de mayo como consecuencia de las heridas de bala sufridas en la cabeza.

La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones. Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía, figuran registros de cámaras de vigilancia, testimonios de vecinos y familiares, pericias balísticas, informes médicos y elementos secuestrados durante un allanamiento realizado el 27 de mayo en la vivienda de Ruffinatti, ubicada en Mendoza al 300 de Villa Amelia.

En ese procedimiento los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre .22 con siete cartuchos intactos, prendas de vestir azules y teléfonos celulares. Un informe balístico determinó que las doce vainas halladas en la escena del crimen fueron disparadas por esa arma. Además, una de las camperas incautadas presentó rastros de sangre humana, aunque resta establecer a quién pertenece mediante estudios complementarios.

La fiscal también expuso numerosos testimonios que describieron una situación conocida en el pueblo, de poco más de mil habitantes. Vecinos y familiares señalaron que en la vivienda de las víctimas se comercializaban estupefacientes al menudeo y que Ruffinatti era uno de los consumidores habituales.

Luciana Gamarra, hija del matrimonio, declaró que sus padres vendían droga desde hacía uno o dos años porque atravesaban dificultades económicas. Según relató, además debían enviar dinero y pertenencias a un hijo que se encuentra detenido en la cárcel de Piñero.

La mujer agregó que una prima vio a Ruffinatti salir de la casa de sus padres el día del crimen y recordó un conflicto previo entre el acusado y Marta Ramírez. De acuerdo con ese testimonio, la víctima había decidido dejar de venderle drogas porque lo consideraba una persona problemática cuando consumía alcohol y estupefacientes.

 

Otros vecinos describieron a Ruffinatti como una persona agresiva y afirmaron que en ocasiones había exhibido armas de fuego. Una testigo aseguró haberlo visto ingresar a la vivienda alrededor de las 20.15 del día de los homicidios. Las cámaras analizadas por la PDI registraron además a un joven con características coincidentes circulando en bicicleta por las inmediaciones antes y después del horario estimado de los ataques.

En relación con el móvil, Navone sostuvo que la violación sufrida por Marta Ramírez constituye un elemento central para encuadrar el caso como femicidio y remarcó que la mujer se encontraba en una situación de vulnerabilidad social. La funcionaria judicial consideró que el cuadro probatorio permite atribuir a Ruffinatti la autoría de todos los delitos imputados.

La defensa pública rechazó la acusación y sostuvo que la hipótesis fiscal no es concluyente. Planteó que el crimen podría estar relacionado con conflictos derivados de la venta de drogas en la vivienda y reclamó que se profundicen otras líneas investigativas. También mencionó la situación del hijo de las víctimas alojado en Piñero y cuestionó la actuación de las autoridades frente al narcomenudeo que, según afirmó, funcionaba a la vista de toda la comunidad. 

Según registros de este diario, la vivienda de Larrea 247 había sido allanado el 12 de diciembre de 2025 en el marco de una investigación de microtráfico, aunque sin resultados relevantes ni personas detenidas.

Al resolver, el juez Bilbao Benítez consideró que la evidencia reunida es "profusa" y destacó el peso de las imágenes de cámaras, el secuestro del arma, el cotejo balístico y los testimonios incorporados por la fiscalía. Aunque reconoció que el contexto de microtráfico podría abrir otras líneas de investigación, concluyó que los elementos presentados exceden una mera sospecha y ordenó la prisión preventiva de Ruffinatti por el plazo de ley. La perspectiva es de prisión perpetua.

Durante la audiencia también se autorizó la apertura de los cinco teléfonos celulares secuestrados y la extracción de una muestra de sangre al imputado para futuros cotejos genéticos.

Antes de la audiencia, familiares de Ruffinatti dialogaron con Rosario3 y describieron años de convivencia con un cuadro de consumo problemático que, según afirmaron, se había agravado de manera sostenida. Relataron que semanas antes de la detención el joven había intentado quitarse la vida y que recientemente había comenzado un tratamiento psiquiátrico. También señalaron la preocupación que existe en Villa Amelia por el avance de las adicciones y el impacto que generan en una comunidad pequeña donde prácticamente todos se conocen.