En el marco de la investigación por la red de extorsión vinculada al caso del soldado hallado muerto en Olivos, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado lanzó una fuerte advertencia sobre el uso de celulares en cárceles y habló de una verdadera “pyme del delito” que funciona desde los penales.
La magistrada explicó que el esquema detectado no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio de criminalidad digital. “Todo esta maniobra extorsiva va mutando y lo más preocupante es que todo esto no es novedoso porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular”, sostuvo.
La ministra Alejandra Monteoliva coincidió y afirmó que “hoy un teléfono es un arma” dentro de los centros de detención.
Antecedentes y fallas estructurales
Arroyo Salgado recordó que la habilitación del uso de celulares se originó durante la pandemia, a partir de un habeas corpus colectivo que garantizaba el contacto familiar. “La pandemia ya terminó pero los celulares siguen activados sin un respaldo normativo”, advirtió.
Entre los antecedentes mencionó un caso de 2021 de presos que lideraban una banda de estafadores desde el penal de Magdalena, otro episodio en 2024 con estafas virtuales y un caso de grooming en el que un detenido extorsionaba a una adolescente con material íntimo.
La jueza también describió un entramado de corrupción estructural en el sistema penitenciario. “Esta corrupción estructural es la que alimenta y le da contenido a esta maniobra extorsiva”, sostuvo, y recordó un antecedente en Córdoba donde se destituyó a la cúpula del servicio penitenciario por facilitar delitos desde prisión.
“Call center tumbero” y debate sobre el Estado
Según Arroyo Salgado, los penales se transformaron en centros de estafas digitales. “Así transforma esta conflictiva que tenemos con el uso de celulares en el ámbito penitenciario como un problema circular”, afirmó, y habló de un “verdadero call center tumbero”.
Para la magistrada, la criminalidad digital plantea un debate de fondo sobre el rol del Estado: “El debate que tenemos es de plantearnos qué tipo de estado queremos, si un estado que ampare el delito habilitando a personas condenadas el uso irrestricto de un arma letal (…) o si vamos a pugnar por un estado que proteja a las víctimas, investigue a los delitos y llegue a las condenas de los responsables.”
Delito sin fronteras
La jueza cerró con una advertencia sobre el alcance global del fenómeno: “La criminalidad digital demuestra que el delito ya no reconoce fronteras físicas”, y subrayó que sin connivencia o controles laxos, este tipo de estructuras no podrían funcionar.