Por solicitud de la Fiscalía de Microtráfico, y avalado por la Justicia, operarios tiraron abajo este jueves dos construcciones precarias que fungían como búnkeres de droga en un asentamiento de zona noroeste. Los aguantaderos, dice la investigación, estaban al servicio de la banda de Francisco Riquelme, el capo narco barrial con injerencia criminal en Empalme Graneros y barrio Industrial.
Las construcciones se encontraban en French al 2000, entre Formosa y las vías del Mitre y el Belgrano, en terrenos que décadas atrás pertenecían al Ferrocarril y que terminaron intrusados. Allí se presentaron los operarios contratados por la provincia y, a puro mazazo, tiraron abajo los aguantaderos de ladrillo hueco.
En el lugar de los hechos, la fiscal Marina Vigo precisó que la causa se inició a partir del homicidio de Rodrigo “Coco” Sosa, ejecutado en diciembre de 2024 en su casa de San Gerónimo y pasaje 703, en el barrio Toba, o El Piso. “La investigación abarca tres homicidios y una tentativa de homicidio, además de otros hechos de violencia altamente lesiva vinculados a usurpaciones y amenazas calificadas, con el objetivo de quedarse con viviendas para comercializar estupefacientes al menudeo”, explicó.
La causa
En septiembre, las fiscales Mercedes Banchio y Marina Vigo llevaron a 18 personas a audiencia imputativa por cargos de asociación ilícita, un tipo penal que, en este caso, englobó homicidios, venta de drogas, amenazas y extorsiones: el ABC del crimen organizado rosarino más rústico.
El recluso federal Riquelme (preso desde 2020), dice la investigación, aprovechó los servicios del penalista Martín Fabio Castillo, quien, “excediendo y abusando” de su labor profesional, utilizaba su rol de abogado para canalizar comunicaciones al exterior mediante la ya conocida triangulación de llamadas. Esto es: Riquelme, por derecho, podía comunicarse con el penalista, pero este, a su vez, sumaba otro teléfono a la conversación y así permitía que sus órdenes llegaran al exterior.
El hijo de Fran, Ezequiel “Cabezón” Riquelme, quien apenas cumplió la mayoría de edad, parece haber tomado las riendas del negocio de su padre, según la atribución fiscal.
Los seguimientos de la Policía de Investigaciones (PDI) y, luego, de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) ubicaron a Ezequiel como heredero de los negocios ilícitos de su padre, con un notorio alto perfil: apariciones en los paravalanchas de la tribuna canalla junto con miembros de la barra brava y un alquiler temporario en los exclusivos Condominios del Alto, donde fue localizado un mes atrás.
A la “nueva banda” de Fran le atribuyen el negocio de siempre, que sigue siendo rentable con la demanda siempre a la orden del día: el gerenciamiento de búnkeres y la venta en la vía pública de drogas a manos de soldaditos que muchas veces solo “trabajan” por la dosis diaria.
Entre los imputados más cercanos a Fran se encuentran su pareja, Irina Boassi, ya condenada en otra investigación, y Kiara Riquelme, mujeres de confianza del cabecilla ligadas a la contabilidad y el control de los puntos de venta, según la atribución fiscal.
Los investigadores constataron puntos de venta en pasaje 734 al 1200, en el barrio Toba Municipal, lindero a la playa Sorrento; French al 2000, acaso el búnker más emblemático de la organización; Lucio V. López al 2100; Felipe Moré al 600 bis; Rafaela al 6000 y Gerchunoff al 600 bis.
Desde noviembre de 2024 hasta junio de 2026, sin contar los allanamientos solicitados por fiscales, en este sector del noroeste –caracterizado por la presencia de asentamientos erigidos en exterrenos ferroviarios– se contabilizaron 17 aprehensiones en flagrancia de soldaditos con, generalmente, pequeñas dosis para la venta.