El hijo de la activista Norma Acosta quedó preso el pasado viernes por haber participado, por pedido de su madre, en presuntas maniobras para eliminar conversaciones de Whatsapp después de que a ella le secuestraran su celular en la causa por la que después quedó detenida: planificar una balacera contra su propia casa de barrio Tablada. Según se presume, todo ocurrió mientras el teléfono estaba en manos de la Policía Federal para ser peritado.
La acusación del fiscal Pablo Socca a Sergio L. (33) se dio en el Centro de Justicia Penal ante el juez Lisandro Artacho. Fue bajo la calificación legal de violación de sellos y documentos por sustracción e inutilización de objetos custodiados, causa que motivó que el hijo de Norma Acosta quedara en prisión preventiva efectiva por 30 días.
La causa en la que ocurrieron las presuntas maniobras no es menor. Acosta, de acuerdo al legajo judicial, ideó un plan para que gatilleros vinculados al mundo de la barra brava de Newell’s –y Los Monos– dispararan contra su casa de Pasaje Larguía al 3400. Un dato relevante es que para ejecutar el borrado de conversaciones de Whatsapp vía remoto hubo una posible connivencia o negligencia policial, ya que el teléfono estaba en la Policía Federal de Rosario, donde se le iba a hacer la pericia informática.
El objetivo del autoatentado de Norma era uno solo, según la hipótesis principal: hacer creer que el ataque venía de sectores policiales que ella previamente había denunciado a través de sus redes sociales por corrupción vinculada a la carga de combustible de los patrulleros, algo que efectivamente destapó luego el fiscal José Luis Caterina el año pasado, situación que derivó en la intervención de la Unidad Regional II.
En la audiencia, según publicó Rosario3, se mencionó que Sergio L. y Norma Acosta eliminaron conversaciones con terceros “y también con funcionarios públicos”. Se presume, de acuerdo a los indicios, que serían chats con personas del ámbito judicial y con un legislador nacional que no es de Santa Fe.
Las maniobras para el borrado remoto
Para el fiscal, la operación se ejecutó el 21 de mayo del año pasado, fecha en la que Norma Acosta recuperó la libertad tras una causa por presunto falso testimonio. Eso es porque Socca, que investigaba el ataque a tiros contra su casa, detectó que había incurrido en severas contradicciones al declarar, dando pistas falsas para evitar la detención de quienes habían baleado su propiedad. Por caso, dijo que los sicarios abrieron fuego desde un Voyage blanco –se jactó de saber el modelo por ser “fan de Volswagen”–, cuando las imágenes de las cámaras mostraron con nitidez que eran dos delincuentes que tiraron desde una bicicleta.
La mujer, al salir de la sede de Asuntos Internos de Catamarca al 1200, se dirigió a una sucursal de la empresa Personal en Rosario y denunció falsamente el extravío de su teléfono para obtener una nueva tarjeta SIM manteniendo la misma línea.
Luego, fue hasta un domicilio de la zona sur de Rosario para encontrarse con su hijo, quien posee conocimientos de informática. La hipótesis fiscal sostiene que allí colocaron la nueva SIM en otro teléfono y reactivaron la cuenta de WhatsApp utilizando la cuenta de Gmail vinculada al dispositivo secuestrado.
A partir de ese momento, siempre según la investigación, comenzaron a eliminar de manera remota chats, imágenes y archivos seleccionados del teléfono que estaba bajo custodia judicial. Para la Fiscalía, la maniobra tuvo como objetivo alterar y destruir evidencia digital que podía ser usada dentro de la investigación en curso.