Walter Ramírez (53), padre del presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez –Nicolás Ramírez, del peronismo–, y su pareja Marilina Díaz (48) fueron acusados por haber despojado de sus bienes a una anciana de 83 años a la que internaron en un geriátrico. Por disposición del juez Federico Rébola, quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de cuatro meses.
De acuerdo a la acusación de la fiscal Cecilia Brindisi, la historia se remonta a comienzos de 2023, cuando tras un encuentro ocasional con la anciana por un siniestro vial, comenzaron a relacionarse con la mujer, a la que mediante engaños, la indujeron a cometer errores como cederle el control de las llaves de su casa, del ingreso de sus cuidadores y del manejo de las tarjetas que usaba del Nuevo Banco de Santa Fe.
La fiscal señaló que el 3 de abril de 2024 hicieron que la mujer suscriba un poder general de amplia administración y disposición de bienes ante una escribana que conocía a la pareja. Antes de eso, en enero de ese año, la aislaron de sus familiares.
Fue el 4 de enero de 2024 que la pareja acusada transfirió la propiedad del Renault Sandero de la víctima a una tercera persona, aunque tomaron posesión del mismo con la excusa de evitar un supuesto juicio laboral de una persona que había trabajado para la anciana.
Después de la firma del poder, Walter Ramírez rescindió el contrato de alquiler que tenía la anciana en su casa de Villa Gobernador Gálvez y en esa propiedad ingresó a vivir su hijo, el concejal Nicolás Ramírez, según la imputación del Ministerio Público de la Acusación. Mientras tanto, internaron a la mujer en distintas residencias, primero en Alvear y luego en Rosario.
Algunos de los efectos personales de la víctima nunca aparecieron, destacó Brindisi ante el juez Rébola. De hecho, ante la consulta de la mujer de dónde estaban determinados objetos suyos, Walter Ramírez aseguró que habían sido trasladados al quincho de su propia casa.
La fiscal ponderó también que retiraron los haberes previsionales de la anciana, hicieron compras con sus tarjetas por un monto mayor a los gastos mensuales que hacía la mujer –sin acreditar que hayan sido destinadas a ella– y prácticamente vaciaron su caja de ahorro, que en enero de 2024 tenía la suma de 400 mil pesos.
Los acusados también usaron las facultades sobre mujer para sacar créditos en nombre de la víctima. En julio de 2024 tomaron un préstamo por dos millones de pesos, en enero de 2025 por 1.650.000 pesos, en agosto de ese año por 1.450.000 pesos y en diciembre por 310 mil pesos.
Uno de los créditos tomados por los imputados, incluso, fue transferido casi en su totalidad a la cuenta de un tercero, totalmente desconocido para la mujer.