Siete años después de los hechos, este lunes comenzó en el Centro de Justicia Penal el juicio oral contra dos policías que se desempeñaban en la Comisaría 29ª, acusados de haber exigido dinero a motociclistas durante un control vehicular realizado en el límite entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez.
Los imputados son Damián Godoy y Walter Romero, quienes llegan al debate oral señalados por tres hechos de exacciones ilegales, un delito que comete un funcionario público cuando exige, directa o indirectamente, pagos, derechos o sumas de dinero que no corresponden o que exceden lo legalmente permitido.
El juicio está a cargo del juez Leandro Lucente y la acusación es sostenida por la fiscal Karina Bartocci, quien solicitó para ambos la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos, como coautores de exacciones ilegales en concurso real.
Según la acusación, los episodios ocurrieron el 31 de marzo de 2019, entre las 11.45 y las 12.15, cuando los uniformados realizaban un operativo de control vehicular y de personas en Ayacucho y Circunvalación, a bordo del móvil policial 7591.
La Fiscalía sostiene que en ese lapso detuvieron a tres motociclistas y les exigieron dinero para permitirles continuar circulando.
El primer hecho ocurrió alrededor de las 11.56, cuando interceptaron a una mujer que viajaba en una moto azul junto a su hijo menor de edad, ambos sin casco. De acuerdo con la imputación, uno de los policías recibió dinero en efectivo dentro del patrullero, cubriendo la maniobra con las manos para evitar ser visto, y luego dejó continuar a la conductora.
El segundo episodio fue a las 12.03 aproximadamente. Según la acusación, los agentes frenaron a un motociclista, le retuvieron la tarjeta verde y le impidieron seguir viaje hasta que entregó 100 pesos que sacó de su billetera.
Dos minutos después, siempre según la reconstrucción fiscal, interceptaron a otra pareja que circulaba en moto sin casco y también les reclamaron dinero para dejarlos retirarse.
La Fiscalía remarcó que ninguno de los procedimientos quedó asentado en actas ni en hojas de ruta y que las secuencias fueron registradas por un domo de la Central de Emergencias 911.
Entre las pruebas ofrecidas para el juicio se encuentran distintas declaraciones testimoniales, el análisis de las imágenes captadas por el domo de seguridad ubicado en Ayacucho y Circunvalación, constancias del procedimiento de control vehicular y planillas labradas durante el operativo.