Avanza en Rosario la investigación de una posible red de venta de bebés en Rosario y la región envabezada por las hermanas Dolly y Silvia Viale durante los setenta en la ciudad. Una serie de denuncias recogidas y presentadas a la Justicia sostienen la participación de ambas en la alteración de partidas de nacimiento y posterior entrega de las criaturas a personas a cambio de dinero.
Este martes se realiza una audiencia en la Justicia para decidir si está prescripto o no el delito de supresión de identidad que pesa sobre la partera Silvia Viale. La cita es las 13 en la sala Nº2 del Tribunal Federal, en Oroño 940. En diálogo con Rosario3, el abogado Juan Singer, quien representa a al menos dos denunciantes, explicó que la defensa de Silvia Viale planteó la prescripción del expediente. No obstante, estimó que el tribunal tomará una decisión similar a la que adoptó recientemente con la otra acusada: rechazar el pedido y continuar la investigación para adelante. “Exactamente lo que pasó la semana pasada con Dolly, va a pasar con Silvia”, sostuvo.
Actualmente, ambas enfrentan numerosas denuncias. El delito principal investigado es la supresión de identidad, contemplado en el artículo 136 del Código Penal. Singer detalló que la hipótesis que manjea es que mujeres firmaban un certificado de nacido vivo: “Hay personas que tienen en la partida de nacimiento a Dolly y hay personas que tienen en la partida de nacimiento a Silvia”. Ese documento –indicó– luego se transformaba en la partida de nacimiento a nombre de los padres apropiadores. “De estar vivos serían imputados por el delito de apropiación de bebé”, remarcó.
Según precisó, “la unidad de asistencia a la víctima toma las denuncias, y en base a eso formaron expedientes”. “Uno para Dolly por Roberto Fargioni que es el caso que yo también soy abogado querellante –señaló y agregó–Hay otro expediente en el sistema nuevo donde entraron todas las denuncias para Dolly, cuya principal denuncia es la de Carmen Quiroga, pero hay otros denunciantes también. Y en otro está Silvia con todas sus denuncias que por lo menos, por lo que vi yo, son tres pero hay muchísimas más”, se explayó.
El abogado argumentó que la postura de la querella se basa en que la supresión de identidad no es un hecho aislado. “Para nosotros es un delito continuo, es decir, que no es que prescribió porque fue un solo hecho y quedó aislado ahí, sino que surte efecto el día de hoy esa imposibilidad de volver atrás y de obtener la información biológica concreta de una persona”, afirmó. En ese sentido, destacó que trabajan sobre dos ejes: brindar información a las víctimas para que conozcan su verdadera filiación y lograr una condena penal para las involucradas, cuya estrategia judicial se basa en "no recordar nada".
El modus operandi
En cuanto al accionar de las parteras, el querellante indicó que investigan un posible modus operandi por el cual alquilaban propiedades y manejaban lo que describió como una maternidad clandestina que abarcaba la ciudad y zonas aledañas. Al respecto, mencionó el hospital Roque Sáenz Peña y efectores de Cañada de Gómez y Casilda. “Tenían acceso a la materia prima que eran los bebés y los vendían", subrayó el profesional, quien catalogó el esquema como una organización estructurada, aunque remarcó siempre “el modo potencial” ya que se trata de una hipótesis.
“Las acusaciones son bastante similares, indistintamente firmaban la partida, o sea, el certificado nacido. Nada más que el de Silvia es un período un poco más reducido porque luego de trabajar en el Roque Sáenz Peña pasó a un privado”, mencionó.
Singer relató que la hipótesis que manejan y deben probar es que las hermanas “trabajaban” en conjunto con un mecanismo preestablecido para engañar a las madres biológicas. “Las excusas que daban eran ya practicadas y consensuadas entre las dos”, consideró. “A las mujeres les decían que sus hijos habían nacido desfigurados o sin vida, y en algunos casos les entregaban "un cúmulo de huesos" para justificar la versión falsa”, apuntó de acuerdo a las versiones con las que cuenta.
“Se puede inducir que firmaban partidas, nosotros tenemos la segunda etapa que es la falsificación, la apropiación del niño, entregarlo a una familia distinta y la supresión de la identidad, sin ningún registro de su origen biológico, por lo tanto no lo puede recuperar y por eso es un delito contúno”, sostuvo.
Al respecto, adelantó que hay personas dispuestas a brindar testimonio sobre estas maniobras, a pesar de las severas dificultades probatorias derivadas de la falta de libros de nacimiento y registros oficiales en los centros de salud durante ese período.
Indagatoria en el sistema viejo
Por otra parte, Singer anunció que el próximo 14 de octubre a las 10, en los tribunales de Oroño 940, Dolly Viale será llamada a declaración indagatoria en el marco de uno de los expedientes que se tramita bajo el sistema viejo de Justicia, el caso de Roberto.
"Se le va a leer todo esto que se le imputa y se le va a aplicar restricciones", precisó el abogado querellante. Según detalló, las medidas impuestas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse a firmar cada 15 días en la Oficina de Gestión Judicial para fijar domicilio. Este paso formal es la antesala para que luego se dicte el procesamiento en el sistema viejo y se realice la correspondiente elevación a juicio de la causa.