La Unidad Fiscal Rosario formalizó la investigación seguida a un rosarino de 34 años que creó casillas de correo truchas y simuló ser juez federal para intentar obtener acceso a claves del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), la base de datos que registra medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos.
Según la imputación formulada por los fiscales federales Federico Reynares Solari e Ignacio Falconi, el imputado Cristian Martínez envió una serie de mensajes de correo electrónico al Ministerio de Seguridad Nacional en los que aparentó ser el secretario de un juzgado federal porteño. Además, en otra de las comunicaciones invocó de manera falsa a una magistrada federal, la jueza María Servini. Todo ocurrió entre fines de 2024 y mediados de 2025.
Por eso lo imputaron por los delitos de usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público.
Martínez fue detenido a fines de septiembre en los Condominios Los Pasos Fisherton 1, de Miglieri al 600. Allí se había mudado en abril. Antes, los detectives de la Duof de la Policía Federal lo habían investigado en su domicilio de Callao al 1100, en el macrocentro.
La investigación seguida a Martínez aún tiene mucha tela para cortar, según estiman los pesquisas. No tiene ingresos declarados ni paga monotributo, pero en 2024 sus cuentas bancarias recibieron 41 millones, otros 34 millones en seis meses de 2025 y 49 millones en 2026. Además, en el allanamiento detectaron una placa falsa de la Policía Federal con la cual simulaba ser efectivo policial. La hipótesis, aún a comprobar, es que vendía información sensible o bien integraba una organización criminal.
Al solicitar la prisión preventiva, los fiscales valoraron que Martínez posee una suspensión de juicio a prueba vigente desde mediados del año pasado por un expediente federal de falsificación de documentos públicos. Durante esos controles, el imputado le dijo a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Dcaep) que trabajaba en un “estudio jurídico”.
Pero eso no es todo. En el Ministerio Público de la Acusación, Martínez tiene causas abiertas por presentar documentación falsa ante el Colegio de Médicos de Rosario para obtener la matrícula. Y por intentar ingresar, con un usuario trucho en el sistema Sicap, la plataforma digital oficial del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.
Luego de analizar la hipótesis oficial, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dictó, a pedido del Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva de Martínez por 90 días.
Secuencia
Según expuso el fiscal Reynares Solari, el 5 de noviembre de 2024 el imputado remitió un correo desde una casilla que simulaba ser del Poder Judicial al mail oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, mediante el cual solicitó acceso a SIFCOP. La solicitud estaba firmada por quien aparentaba ser juez federal, aunque el nombre no correspondía al de un magistrado de la Justicia Federal, sino al de un empleado judicial, Julio Herrera.
Desde el organismo le informaron que debía dirigirse a la casilla oficial de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ese motivo, el 20 de noviembre de aquel año, Martínez, desde una casilla que simulaba las características de las generadas por el dominio de la Corte, envió un correo haciéndose pasar por la responsable del área, detalló el portal Fiscales.gob.ar.
A través de informes solicitados a Google, Telecom y Mercado Libre, la pesquisa pudo establecer el origen real de las casillas empleadas en las comunicaciones y, a partir de esa información, se pudo establecer el vínculo con Martínez, quien fue fácilmente rastreable al dejar varios cabos sueltos.
Simulación y oficios falsos
El segundo hecho consistió en hacerse pasar por autoridad judicial federal ante el Servicio Penitenciario Federal mediante una serie de correos electrónicos de apariencia oficial (@poderjudicial-info y @csjn-gov-ar) y un oficio judicial falso, con el propósito de obtener credenciales de acceso al SIFCOP y a las bases de datos que utiliza.
En ese caso, el 1° de julio de 2025 Martínez, desde la conexión a internet de Callao al 1100, creó una casilla de correo que simulaba corresponder a un juzgado federal. Al otro día, desde esa dirección envió un correo al SPF.
Según sostuvieron los acusadores, el imputado se presentó en el encabezado como “Fiscalía Federal” y anunció la supuesta apertura de una denuncia y el avance de una investigación penal por “uso de datos personales y malversación de información confidencial”. Por ello, requirió nuevamente el acceso a SIFCOP.
El 3 de julio de 2025, el Servicio Penitenciario le informó que debía dirigirse a otra área, motivo por el cual ese mismo día el imputado envió otros dos correos electrónicos en los que adjuntó un archivo PDF que supuestamente estaba firmado por una jueza federal, María Servini.
Sin embargo, y tal como explicaron los representantes del MPF, allí cometió un error, ya que le atribuyó a la magistrada estar a cargo de otro fuero. El intercambio de mensajes continuó hasta el 15 de julio de 2025, tras las solicitudes de mayores precisiones y requisitos.
Según indicó la fiscalía, el personal de la Subdirección Nacional del SPF advirtió las irregularidades y formuló la denuncia que dio origen a la investigación, en la que se autorizó la detención del falso operador judicial el 29 de septiembre pasado.
Al fundamentar la imputación, describir las evidencias y el contexto de las maniobras, el auxiliar fiscal Falconi recordó que Martínez, al momento de crear las falsas direcciones, registraba un proceso suspendido a prueba el 17 de junio de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Capital Federal, en el que se le imputó la comisión del delito de falsificación de documento público.
“Evidentemente trabajaba para alguien a quien todavía no pudimos descubrir”, indicó una fuente del caso a Rosario3.