En el marco de una causa que los investigadores bautizaron como “Riquelme II”, un grupo de fiscales expuso evidencias que dan cuenta de la persistencia del rosarino Francisco “Fran” Riquelme en el negocio del narcomenudeo y la violencia territorial, pese a un sinfín de allanamientos, condenas y traslados penitenciarios a lo largo de seis años, desde aquel lejano abril de 2020, cuando Fran fue detenido en Felipe Moré al 600 bis, su feudo en noroeste de la ciudad.
A fines de mayo de 2026, Fran, de 34 años, recibió su segunda condena, esta vez a prisión perpetua, por haber liderado una asociación ilícita de alrededor de 30 integrantes, incluido su hermano Jonatan, y por haber instigado, desde la cárcel de Piñero, dos homicidios.
La investigación ventilada en ese juicio hizo foco en un despliegue de violencia entre los años 2021 y 2023 en los territorios más postergados de Ludueña, Empalme Graneros e Industrial, donde la “banda de Fran” mantuvo un agrio conflicto con otra organización tributaria de Los Monos.
Riquelme, que según las investigaciones supo operar con el padrinazgo del capo mafioso Esteban Alvarado, fue trasladado al ámbito federal y tiempo atrás fue incorporado al régimen de “alto riesgo”, con el objetivo de neutralizar sus comunicaciones con el exterior.
Y ahora, a escasos meses de esa condena a perpetua, Fran volvió a quedar en el centro de una investigación que, otra vez, lo tiene dando órdenes desde su celda, ahora en la cárcel federal de Marcos Paz.
Un boga como nexo al exterior
Este lunes, las fiscales Mercedes Banchio y Marino Vigo llevaron a 18 personas a audiencia imputativa por cargos de asociación ilícita, un tipo penal que, en este caso, engloba homicidios, venta de drogas, amenazas y extorsiones: el ABC del crimen organizado rosarino en su lado más rústico, pero letal.
Riquelme, dice la investigación, aprovechó los servicios del penalista Martín Fabio Castillo, quien, “excediendo y abusando” de su labor profesional, utilizaba su rol de abogado para canalizar comunicaciones al exterior mediante la ya conocida triangulación de llamadas. Esto es: Riquelme, por derecho, podía comunicarse con el penalista, pero este, a su vez, sumaba otro teléfono a la conversación y así permitía que sus órdenes llegaran al exterior.
El hijo de Fran, Ezequiel “Cabezón” Riquelme, quien apenas cumplió la mayoría de edad, parece haber tomado las riendas del negocio de su padre, según la atribución fiscal.
Los seguimientos de la Policía de Investigaciones (PDI) y, luego, de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) ubicaron a Ezequiel como heredero de los negocios ilícitos de su padre, con un notorio alto perfil: apariciones en los paravalanchas de la tribuna canalla junto con miembros de la barra brava y un alquiler temporario en los exclusivos Condominios del Alto, donde fue localizado un mes atrás.
Las bandas eternas
A la “nueva banda” de Fran le atribuyen el negocio de siempre, que sigue siendo rentable con la demanda siempre a la orden del día: el gerenciamiento de búnkeres y la venta en la vía pública de drogas a manos de soldaditos que muchas veces solo “trabajan” por la dosis diaria.
Entre los imputados más cercanos a Fran se encuentran su pareja, Irina Boassi, ya condenada en otra investigación, y Kiara Riquelme, mujeres de confianza del cabecilla ligadas a la contabilidad y el control de los puntos de venta, según la atribución fiscal.
Los investigadores constataron puntos de venta en pasaje 734 al 1200, en el barrio Toba Municipal, lindero a la playa Sorrento; French al 2000, acaso el búnker más emblemático de la organización; Lucio V. López al 2100; Felipe Moré al 600 bis; Rafaela al 6000 y Gerchunoff al 600 bis.
Desde noviembre de 2024 hasta junio de 2026, sin contar los allanamientos solicitados por fiscales, en este sector del noroeste –caracterizado por la presencia de asentamientos erigidos en ex terrenos ferroviarios– se contabilizaron 17 aprehensiones en flagrancia de soldaditos con, generalmente, pequeñas dosis para la venta.
Días de sangre
En la madrugada del 18 de diciembre de 2024, en San Gerónimo y pasaje 703, en el barrio Toba, o El Piso, un sicario en bicicleta ejecutó en su casa a Rodrigo “Coco” Sosa.
En la tarde calurosa del 15 de enero de 2025, Gerardo “Pantera” Mesa, un carrero de 64 años, fue asesinado a tiros en un pasillo del asentamiento ubicado en Rubén Darío y San Gerónimo, al oeste de barrio Industrial. Los sicarios buscaban a su hijo, pero tuvieron reparos en matar al hombre y terminaron por herir a otros vecinos.
El 20 de marzo siguiente, Agustín Gabriel “Pelo” Rosales, un joven de 26 años, fue acribillado a tiros en French y San Gerónimo, al lado de las vías del ferrocarril.
Las investigaciones de estos tres crímenes ubicaron a tiratiros y alfiles de la estructura de Riquelme. Entre ellos, al gatillero Gustavo “Tortuga” Cháves, por los dos primeros, y Nicolás “Quique” Gramonte, allegado y pariente político de Fran; Juan Cruz García, Alan “Oreja” González y Yair “Colapinto” Demarchi, todos presentes –al menos en la pantalla de la videoconferencia– en la audiencia de este lunes.
En la lista de delitos atribuidos a esta nueva encarnación de la banda de Fran hay una tentativa de homicidio, amenazas y extorsiones, todas conductas reprochables penalmente que “forman parte de un plan común y, por lo tanto, no pueden ni deben ser valoradas de modo fragmentado sino como «un todo»”.
Otro de los personajes en la nómina de imputados es Andrés Raúl “Plin” Acosta, otro barra de Central que supo integrar la lista de los diez más buscados de Santa Fe. Actualmente está preso por la tenencia de tres fusiles de asalto que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestró el 10 de junio de 2025 en un departamento de Rodríguez al 1000.
Estas armas automáticas M4 tenían quince municiones calibre 5.56 x 40 mm (.223 Remington), capaces de hacer añicos un chaleco balístico. En el mismo inmueble había 13 millones de pesos en efectivo y 3.200 dólares.