Cinco policías de la ciudad de Santa Fe que meses atrás trasladaron a un hombre que atravesaba una crisis subjetiva por consumo de drogas y que horas después murió en un calabozo fueron imputados por un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que vejaron a la víctima, la golpearon durante el procedimiento, le negaron atención médica y le provocaron la muerte. El caso volvió a poner sobre el tapete el abordaje policial de personas que atraviesan problemas de salud mental o presentan comportamientos alterados que representan un riesgo para sí mismas o para terceros.
Los efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I (URI) fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte en perjuicio de Mauro Daniel González (35). Además, un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería fue acusado por vejaciones contra la misma víctima.
Las imputaciones, calificadas de “excesivas” por la defensa de los policías, fueron formuladas por el fiscal Ezequiel Hernández ante la jueza Cecilia Labanca, durante una audiencia realizada este jueves en los tribunales de la capital provincial, según informó el Ministerio Público de la Acusación.
El fiscal sostuvo que los policías sometieron a González a graves sufrimientos físicos y psíquicos que derivaron en su fallecimiento. "Los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta", afirmó.
Los cinco policías del Comando investigados son tres hombres y dos mujeres, identificados por sus iniciales LGA, SDB, FSA, MGD y SMP. El agente de Infantería imputado tiene las iniciales JCB.
Hernández relató que, minutos después de las 14.30 del sábado 17 de enero, los policías LGA y MGD acudieron a la zona de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú, tras un llamado que alertaba que González atravesaba una crisis subjetiva.
"Los uniformados incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza", sostuvo el fiscal.
Según la acusación, los agentes redujeron violentamente a González, lo hicieron caer al suelo y lo esposaron. Luego llegaron los demás efectivos y, siempre de acuerdo con la fiscalía, entre todos continuaron golpeándolo mientras permanecía inmovilizado.
El representante del MPA agregó que los policías arrojaron a la víctima a la caja de una camioneta oficial, donde siguieron maltratándola. Además, señaló que un familiar les advirtió que González había sido sometido a una cirugía abdominal reciente, pero que, lejos de modificar su accionar, actuaron coordinadamente para incrementar su sufrimiento.
De acuerdo con la investigación, algunos de los efectivos trasladaron a González en la caja de la camioneta, mientras otro móvil policial los acompañaba. Durante el recorrido, siempre según la imputación, volvieron a agredirlo, pese a que estaba esposado y sin posibilidad de defenderse.
"Le dieron golpes con los puños y con un bastón o una escopeta", precisó Hernández.
El fiscal indicó que las agresiones provocaron al menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre ellas la fractura de una costilla, lo que deterioró gravemente su estado de salud.
"A sabiendas de que estaba prácticamente inconsciente, en lugar de concurrir de inmediato a un centro de salud, los uniformados fueron hasta una estación de servicios", cuestionó.
Posteriormente, los policías se dirigieron a la sede de Medicina Legal, en 1° Junta al 2800, y luego a la comisaría Octava, en General Paz al 7300. Allí, según la acusación, ingresaron a González en un calabozo y lo dejaron solo, sin asistencia médica, pese a la gravedad de su estado.
"Horas después, la víctima falleció como consecuencia del accionar delictivo de las personas investigadas", concluyó el fiscal.
A los cinco integrantes del Comando Radioeléctrico se les atribuyó la coautoría de tortura seguida de muerte. En tanto, el integrante de la Guardia de Infantería fue imputado como coautor de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.
La audiencia de medidas cautelares se realizará el próximo miércoles, en horario que definirá la Oficina de Gestión Judicial. El fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva para los seis imputados.
La defensa
Antes de la audiencia, el abogado Martín Risso Patrón, defensor de tres de los policías, sostuvo que la calificación legal implica que, en caso de condena, sus clientes podrían recibir prisión perpetua.
"Pero la ventaja es que en estos casos los va a juzgar un jurado, o sea, van a ser personas comunes las que van a determinar, y no un juez, si realmente corresponde esta calificación, que me parece absolutamente excesiva para una conducta así", afirmó.
El penalista agregó que sus defendidos sostienen que "Mauro González estaba bajo los efectos de sustancias que había ingerido y no se podía controlar" y que "trataron en todo momento de calmarlo".
Consultado sobre un protocolo implementado recientemente para el abordaje policial de personas en crisis por consumo de sustancias, Risso Patrón respondió que "ese protocolo se empezó a implementar ahora con mayor difusión entre los policías. Este hecho fue en enero. Incluso tengo como defendido a un médico policial que pasó por una circunstancia parecida y ni siquiera llegó a ver a la persona que falleció".