La investigación por el femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero (32), quien fue acribillada de siete disparos el 18 de febrero del año pasado mientras salía de su casa de barrio Belgrano para ir a trabajar al hospital Centenario, sigue sin imputados ni detenidos. El exnovio de la mujer, que había sido sindicado como posible organizador debido a que ella lo había denunciado varias veces por golpizas y amenazas, recién fue detenido cuando ocurrió el crimen, pero posteriormente fue imputado y condenado por los ataques de violencia de género que había cometido. La fiscal María Verónica Ballari, que demoró en hacer la acusación, será suspendida el jueves por la Legislatura provincial, donde se dictaminó que estará tres meses sin recibir su sueldo.
Oggero fue atacada por un gatillero en Prusia al 6700. Cinco tiros dieron en su cuerpo, puntualmente, en la cabeza y en los brazos. Los peritos encontraron siete vainas servidas en la escena. Los disparos fueron escuchados por los hijos, de por entonces 4 y 11 años, que estaban dentro de la casa, y por su padre, Enrique, quien luego relató ante El Tres que Ailén era constantemente hostigada y amenazada por su expareja Jonathan Oscar Omill (34), con quien buscaba cortar la relación amorosa desde hacía por lo menos un año.
Horas después del femicidio, Omill fue detenido al salir de trabajar en la planta de Vicentin. Esa misma semana, fue imputado por la fiscal María Verónica Ballari por varios hechos en un contexto de violencia de género contra la enfermera fallecida como violación de domicilio, amenazas simples reiteradas, privación Ilegítima de la libertad, lesiones, hurto de vehículo dejado en la vía pública y tenencia ilegítima de arma de guerra.
Por ejemplo, uno de los hechos descritos por la Fiscalía en la audiencia ocurrió el 27 de noviembre de 2024 cuando el imputado se presentó en un domicilio donde se encontraba Ailén Oggero y al no ser atendido ingresó por la ventana y tomó las llaves del auto de su expareja retirándose con el vehículo. Más tarde regresó sin el rodado, se anunció tocando el timbre y cuando la víctima abrió la puerta, el exnovio ingresó sin consentimiento y comenzó a agredir físicamente en el rostro y la cabeza a la víctima, además de amenazarla. Luego introdujo a su expareja dentro de su vehículo, privándola de su libertad por dos horas.
Las amenazas y agresiones siguieron otros días y en varios espacios, incluso en inmediaciones del hospital donde trabajaba la víctima. Todos hechos en un contexto de violencia de género expuesto por la víctima en noviembre de 2024 en un Centro Territorial de Denuncias. Por eso, el agresor tenía una restricción de acercamiento a la joven.
La situación generó lógicos cuestionamientos de la familia de la víctima a la fiscal que tenía desde noviembre información respecto a las golpizas y amenazas denunciadas y recién accionó tras el femicidio.
Jonathan Oscar Omill finalmente fue condenado el 2 de marzo de este año, en una audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, donde el juez Gustavo Pérez de Urrechu homologó un juicio abreviado que había sido acordado entre la fiscal Bárbara Glikman y la defensa técnica. Recibió una pena de 4 años y 6 meses de prisión.
A Omill nunca se le atribuyó relación alguna con el femicidio, pese a que todo el entorno de la víctima lo señala como posible organizador del ataque –que se dio en un horario donde él ya estaba trabajando, por lo que dificultó conectarlo presencialmente con el hecho–.
Es por eso que en el legajo de Oggero se barajan al día de la fecha dos hipótesis, aunque ninguna reunió la suficiente evidencia para materializarse en una imputación formal. En una, que Omil habría sido el presunto instigador. En otra, que Jésica González –expareja del capo narco Claudio “Morocho” Mansilla, que está detenida por narcomenudeo– la mandó a matar por un vínculo que tenía con Jonathan.
La causa por el femicidio, en un primer momento, estuvo a cargo de María de los Ángeles Granato, fiscal que luego concursó y pasó a ser jueza de primera instancia. Es por eso que ahora interviene la fiscal Andrea Vega de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.