El emprendedor narco local Arnaldo “Junior” Vivas quedó detenido otra vez por haber montado una red de venta de cocaína que incluía varios puntos de venta y acopio en Rosario, Funes y hasta Casilda. Este hombre, que en la década pasada fue detenido en el operativo llamado Corona Millonaria, había terminado de cumplir una pena de 8 años por una acusación prácticamente idéntica.
Junto a Junior comparecieron ante el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz nueve personas que fueron detenidas la semana pasada en el marco de una redada de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a solicitud del fiscal federal Franco Benetti.
Aunque no fue señalado como un eslabón de envergadura, en la audiencia llamó la atención la situación de Rubén S., un empleado de planta de Aguas Santafesinas que ya posee dos condenas por venta de drogas. En uno de esos expedientes, desde la Justicia ya le habían reprochado que “su única motivación para delinquir fue un interés económico”.
Días atrás, en el operativo que sacó la causa a la luz, la PSA incautó drogas en Maratón al 2600 y Colombres al 2800, en Rosario; Montevideo al 500, de Funes, y Alsina al 3500, de Casilda. En total, la fuerza federal secuestró poco más de 3 kilos de cocaína y medio kilo de marihuana; 28 millones de pesos, cinco armas de fuego, nueve vehículos y 36 celulares que serán peritados.
A la organización de Junior también se le atribuyó la droga secuestrada a personas que se dedican al narcomenudeo en la Villa Centeno desde octubre del año pasado. En la mayoría de los casos se trata de soldaditos que tenían escasa cantidad de cocaína destinada a la venta callejera. Estas cinco causas tramitan en la Justicia provincial, pero de alguna manera la droga terminó vinculada con Junior.
Pese a que los investigadores ya tenían registros de la actividad de Junior desde el año pasado, como fotos y llamadas telefónicas con su socio prófugo –charlas sobre manejo de dinero, compra de bienes, planes de ahorro y dólares–, un imputado colaborador aportó jugosos datos de su operatoria durante una declaración frente a fiscales provinciales.
En su descargo señaló a Vivas como el encargado de una red narco. Mencionó viajes semanales o quincenales hacia la provincia de Buenos Aires para aprovisionarse de sustancias ilícitas. En ese testimonio también se mencionó al socio de Vivas como el encargado de la distribución en la ciudad, con entregas que van de los “cien gramos a los dos kilos” a los vendedores.
De acuerdo con la acusación, la PSA corroboró cada dato del arrepentido con tareas de campo y análisis patrimoniales.
Otro apartado de evidencia lo brindaron los generosos montos de dinero que los imputados manejaban por Mercado Pago. Una mujer identificada como Sahira T., imputada en la causa, recibió 77 millones en su cuenta. El propio Junior, 136 millones en el período investigado. Ninguno posee empleo registrado.
“Vivas primero y Sahira después actuaron como nodos de concentración de diferentes operaciones de la organización para luego redistribuir ese dinero según las necesidades de la empresa criminal”, reprochó la Fiscalía.
Vivas fue imputado como organizador y financiador de las actividades en carácter de autor, en concurso real con encubrimiento agravado en carácter de autor por otro incidente en el que ocultó a un prófugo en Granadero Baigorria.
En junio de 2017, sindicado como jefe de una banda con asiento en la zona oeste. En esos procedimientos, la Policía Federal incautó un millón de pesos, varias camionetas, autos de alta gama y dos kilos y medio de cocaína en panes que llevaban el sello de la cerveza mexicana que dio nombre al procedimiento: Corona Millonaria.
Al resto de los integrantes, Gisela Y., Walter F., Kevin (hijo de Junior), Sahira T., Kevin V., Isaías A., Rubén S. y César P., los imputaron por tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en carácter de autores.
En el caso de Matías B., se le atribuyó el mismo delito en carácter de partícipe secundario.
El juez de garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dio por formalizada la imputación en los términos y con el encuadre legal expuestos por la Fiscalía, según la evidencia presentada, y ordenó la prisión preventiva para todos por el plazo de 180 días.
Para Sahira T., la medida cautelar se cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario (es madre de tres niños, uno en etapa de lactancia). Sobre Matías B. también se dispuso el arresto domiciliario, previo pago de una caución de 5 millones de pesos.
Un empleado con prontuario
En relación con los detenidos, se ventiló la situación de Rubén S., empleado de Assa desde “hace muchos años”. Dijo tener un salario de 2,5 millones. Tiempo atrás, le transfirió 9,5 millones a Junior Vivas por Mercado Pago.
El empleado de Aguas ya tenía dos condenas a cuatro años de prisión por venta de drogas que se unificaron –“milagrosamente”, ironizó el fiscal– en cuatro años en abril de este año. “Es evidente que pese a las detenciones ha continuado cometiendo el ilícito” y que “su única motivación para delinquir fue un interés económico”, le reprocharon.