La sentencia contra Jair Bolsonaro -27 años y tres meses de prisión por conspirar contra el orden democrático en 2022- marca un hito en la historia política brasileña. Pero la condena es apenas la primera jugada de una partida mucho más amplia, cuyos contornos apenas comienzan a delinearse. El proceso promete tensiones políticas, judiciales y sociales que definirán el rumbo del país en los próximos años.

El caso merece atención especial: no se trata solo de Brasil, sino del impacto que estas dinámicas pueden tener sobre la región. La estabilidad democrática y los escenarios geopolíticos podrían afectar a los países vecinos incluyendo el comercio, la política exterior y la proyección de proyectos políticos personalistas. 

Todo indica que el Cono Sur atravesará un fin de año cargado de definiciones que reconfigurarán el mapa político. En octubre se celebrará el ballotage en Bolivia y elecciones de medio término en Argentina que marcarán el termómetro para el gobierno de Javier Milei. En tanto, en noviembre serán los comicios presidenciales en Chile, sumando presión al calendario político sudamericano.

Personas celebran la condena al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro este viernes, en Rio de Janeiro (Brasil). (EFE)

En este contexto, el fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil del 12 de septiembre hacia Bolsonaro fue contundente, pero no definitivo. Su defensa apelará en cascada: recursos internos, nulidades y, en última instancia, organismos internacionales. En paralelo, sus abogados han empezado a explotar el deterioro físico del líder -lesiones cancerígenas, anemia, complicaciones respiratorias- como argumento para cuestiones varias. 

El estado clínico del ex presidente, que después de la condena acudió a una clínica dos veces en cuatro días, puede convertirse en carta fuerte: pedir prisión domiciliaria, humanizar al acusado y, sobre todo, reforzar la idea de que el “sistema” castiga a un hombre enfermo y de avanzada edad. La dolencia como escudo. 

La apuesta es muy clara: transformar la condena en un proceso interminable, dilatar los plazos y llegar a 2026 -año eleccionario- con Bolsonaro todavía en juego, aunque sea desde la narrativa del martirio. No como candidato (porque por otro proceso judicial tiene vetado presentarse para cualquier cargo político hasta 2030) pero sí buscará preservar influencia, ganar tiempo y desgastar al rival.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro junto de su esposa Michele Bolsonaro, salen del hospital DF Star este miércoles, en Brasilia (Brasil). (EFE)

El bolsonarismo no se rinde, se reinventa. 

Y lo hace con un guión centrado en la victimización, buscando transformar la condena en relato de persecución y de esta manera reforzar la cohesión de su base. Su entorno busca mantenerlo como un mártir, un líder perseguido por el “sistema”. Esa narrativa, diseñada en clave trumpista, conecta directamente con su lobby internacional: su hijo Eduardo Bolsonaro opera en Washington como nexo con sectores del Partido Republicano y con think tanks alineados con Donald Trump. 

La coyuntura le ofrece un terreno fértil. El líder republicano le impuso al país un incremento del 50 por ciento en los aranceles, un golpe que tensiona las relaciones bilaterales y que obliga a Lula a recalibrar su estrategia exterior. Sin embargo, esta medida también le ha permitido al presidente posicionarse como un defensor de la soberanía brasileña, consolidando su imagen frente a la opinión pública interna. 

En tanto, la discusión sobre una posible amnistía para Bolsonaro y sus aliados ya empezó a tomar temperatura parlamentaria. Un sector de la derecha dura la promueve como una salida “institucional” para desactivar tensiones sociales, mientras que la oposición denuncia que equivaldría a premiar la erosión democrática. Ese dilema legislativo es clave, porque no se trata sólo de Bolsonaro sino que es el Congreso el que podría terminar transformando la condena en un nuevo campo de batalla político. 

El líder de la ultraderecha brasileña, recientemente condenado a 27 años y tres meses de prisión, enfrenta en los últimos años diversos problemas en el aparato digestivo, producto de las secuelas de una puñalada que recibió durante la campaña presidencial de 2018. (EFE)

Aunque la versión preliminar del proyecto se limita a los manifestantes, algunos legisladores proponen extender la amnistía al expresidente, lo que le permitiría recuperar sus derechos políticos y participar en las elecciones de 2026. Sin embargo, Lula da Silva ha anunciado que vetará cualquier ley que le otorgue amnistía, argumentando que los crímenes cometidos no tienen carácter político y que existen pruebas concretas de su responsabilidad.

Además, se encuentra la resistencia territorial. Los hijos de Bolsonaro y sus aliados trabajan para sostener espacios de poder en gobernaciones, municipios, iglesias y redes sociales. El mensaje es: podrán encarcelar al hombre, pero no al movimiento. En este contexto, el exministro, exmilitar y actual gobernador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, emerge como posible rival de Lula en 2026 sumando complejidad al tablero político.

Personas celebran la condena al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro este viernes, en Rio de Janeiro (Brasil). (EFE)

Al ritmo de estos acontecimientos, la estrategia del mandatario y principal referente progresista de la región, es que la condena sea vista como triunfo del Estado de derecho y no como revancha personal. Aunque la batalla no es solo por la justicia: el bolsonarismo, con o sin Bolsonaro, ya prepara candidatos y alianzas para el año que viene. Por lo que Lula deberá lograr contención interna y evitar que la polarización derive en violencia abierta. 

Los jueces del Supremo, las Fuerzas Armadas, los medios y la opinión internacional actuarán como árbitros de este pulso. Un voto disidente en el fallo ya mostró que la unanimidad no está garantizada. Allí, se colará el discurso de persecución. En paralelo, la base bolsonarista, entrenada en movilización digital y callejera, buscará incendiar la narrativa. Y en las sombras, diplomacias extranjeras medirán el termómetro: si Brasil logra o no juzgar con éxito a un expresidente que quiso torcer las urnas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda durante un evento este miércoles, en el Palácio del Planalto en Brasilia (Brasil). (EFE)

El juicio a Bolsonaro no es solo sobre un hombre; es sobre el contrato democrático de la mayor democracia de América del Sur. Si la condena se cumple, será un mensaje claro de que incluso un expresidente no está por encima de la ley. Si se diluye entre recursos, dictámenes médicos y pactos políticos, el precedente podría ser desolador. La impunidad como norma, la democracia como decorado.

Bolsonaro lo sabe. Y por eso juega sus cartas con frialdad quirúrgica apostando al tiempo, al martirio y a la erosión del sistema. Lula lo sabe también. Su desafío es mostrar que la democracia brasileña no depende de la fuerza de un caudillo, sino de la resiliencia de sus instituciones.

La partida recién empieza. El reloj corre, los dados giran, y lo que se juega en Brasil repercutirá mucho más allá de sus fronteras en el destino de las democracias fatigadas de la región y en el relato global sobre hasta dónde es posible juzgar a quienes intentaron derribarlas desde adentro.