El Senado rechazó este jueves a la tarde el veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), norma impulsada en julio último por los mandatarios de los 24 distritos.
El debate en la Cámara alta comenzó a las 11 y se suma a la ofensiva parlamentaria que este miércoles llevó adelante la Cámara de Diputados, donde hizo caer los vetos presidenciales al financiamiento universitario y a la declaración de la emergencia pediátrica por la crisis del hospital Garrahan.
Con 63 senadores presentes y 9 ausentes, se habilitó el debate sobre los fondos para las provincias. Después de los oradores, cerca de las 16 se habilitó la votación.
El resultado implicó otro duro revés para el Gobierno con 59 votos contra el veto (necesitaba dos tercios), solo nueve oficialistas que respaldaron al Ejecutivo y tres abstenciones.
La oposición tuvo un doble logro. El primero para habilitar el tratamiento sobre tablas del expediente, porque no cuenta con dictamen de comisión. El segundo, para insistir en la ley y girarla a la Cámara de Diputados, que deberá reunir la misma relación de fuerzas para dejar firme la norma.
El debate
La ley que estableció el reparto obligatorio entre las provincias de los Aportes del Tesoro de la Nación fue sancionada por Diputados el pasado 20 de agosto. El trámite comenzó en el Senado el 10 de julio último, en la polémica sesión “autoconvocada” por la oposición. En aquella oportunidad, el proyecto fue aprobado por la Cámara alta por una abrumadora mayoría de 56 votos a favor y tan solo uno en contra. Los senadores libertarios se ausentaron objetando la validez de la reunión.
Tras la derrota del 7 de septiembre en las elecciones bonaerenses, el Gobierno se vio obligado a cambiar algunas posturas y a acercar posiciones con varios gobernadores con la intención de detener la serie de derrotas legislativas que viene sufriendo desde hace dos meses en ambas cámaras parlamentarias.
Así, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó convenios para la asignación de obras y programas públicos con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres (Pro), y de Tucumán, Osvaldo Jaldo (PJ), dos viejos aliados de la Casa Rosada que tomaron distancia por los constantes incumplimientos del Gobierno nacional de sus promesas de envíos de fondos.
Además, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió con Jaldo en Tucumán el último viernes y sumó a la agenda de seducción de gobernadores al salteño Gustavo Sáenz (PJ), otro mandatario que mostró buena disposición durante el último año y medio para colaborar con la Casa Rosada, pero que terminó distanciándose por los maltratos de la administración de Milei.
A Catalán se sumó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en otros encuentros con Rogelio Frigerio (Entre Ríos-Pro), Alfredo Cornejo (Mendoza-UCR) y Leandro Zdero (Chaco-UCR), gobernadores que pertenecieron a Juntos por el Cambio y con los que el Gobierno nacional logró sellar alianzas electorales para los comicios legislativos de medio término del próximo 26 de octubre.
Todos estos encuentros, forzados por la derrota electoral, no han logrado todavía disipar del todo las desconfianzas que persisten en las provincias hacia el Poder Ejecutivo tras varios meses de desencuentros y maltratos. Esto se traduce, por el momento, en la decisión de la mayoría opositora de insistir con la ley.
Salvo el salteño Sáenz, el resto de los gobernadores contactados en los últimos días por funcionarios de la administración libertaria tienen senadores que les responden. Sin embargo, el panorama no parece haber cambiado y el Poder Ejecutivo podría sumar una nueva derrota legislativa en la Cámara alta.
Además de la ley de ATN la sesión incluirá la denominada “Ley Nicolás”, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Se trata del proyecto que busca establecer controles en la profesión médica para evitar problemas de mala praxis, como el que provocó la muerte de Nicolás Deanna, de 24 años, por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo.
También una modificación al Código Penal que eleva de 4 a 8 años la pena de prisión para los casos de muerte en accidentes viales en los cuales el conductor hubiere consumido estupefacientes, alcohol o medicamentos que disminuyan su capacidad para maniobrar un vehículo.