Maximiliano Pullaro está contento. Satisfecho con haber logrado lo que otros gobernadores, desde Víctor Reviglio a Omar Perotti, quisieron y no pudieron. Hasta orgulloso, podría decirse, y eso se refleja en el buen humor que transmite, la soltura con la que contesta todas las preguntas en una entrevista con Rosario3, en una oficina de la sede Rosario de Gobernación. Es lógico, ya sabe que con la reforma constitucional que acaba de entrar en vigencia su gestión deja una marca de época, un legado político-institucional que es además hijo del diálogo y el consenso. Todo un gesto contracultural que reivindica, en una época en la que afuera de Santa Fe se imponen el grito y la crispación.
El mandatario remarca que el nuevo texto constitucional “limita el poder” y niega que el Ejecutivo vaya a tener mayor injerencia sobre la Justicia. Por el contrario, sostiene que los jueces y fiscales tendrán mayor independencia que nunca. También reivindica la bicameralidad y defiende el Senado, a la vez que considera saludable para el ejercicio de la democracia que el fin de la mayoría automática en Diputados obligará a un ejercicio de diálogo permanente.
A la hora de hablar de política nacional, cuestiona tanto al kirchnerismo como al gobierno de Javier Milei. Pero si bien parece cómodo en el debate de esas cuestiones, descarta por completo una candidatura presidencial en 2027 y tampoco ubica llegar a la Casa Rosada como una aspiración a futuro. Asegura que, aunque ahora la Constitución lo habilita a ser reelecto, no tiene la decisión tomada de competir por otro mandato. Sin embargo, tiene claro cuál será el foco principal para los dos últimos años de esta gestión y para una eventual segunda: “Me gustaría poner el foco en una revolución educativa y de la infancia”.
El diálogo como legado
—¿Por qué considera que la reforma de 2025 deja una buena Constitución?
—Es una Constitución que mira al futuro, que limita al poder. De hecho, Unidos, que hoy tiene el poder de la provincia, va a tener menos poder ahora que entra en vigencia el nuevo texto. Es una Constitución que hace que la provincia de Santa Fe se destaque con muchas instituciones nuevas y renovadas y que logró amplios niveles de consenso. Y en una Argentina donde hay mucho grito y violencia verbal, mostrar que pudimos juntos hacer esta Constitución es muy importante. Lo que quedó claro es que no estaba escrita de antemano, sino que es la Constitución de todos los actores que participaron del proceso.
—¿Y qué significa para usted dejar como legado una nueva Constitución?
—Creo que representa un momento histórico en la provincia y también político. El legado es el diálogo, en contradicción con lo que pasa en el resto de la Argentina. Conseguir primero la ley de necesidad de la reforma con las mayorías agravadas —que durante años buscaron gobernadores como Reutemann, Binner, Bonfatti, Lifschitz o Perotti— ya fue un hecho enorme. Que se haya logrado ahora muestra una voluntad de construir consensos. Y luego, la sanción en la Convención. Siento que es una Constitución que mira al futuro con instrumentos sólidos, que da más autonomía e independencia al Poder Judicial, que otorga nuevos derechos, que se hace cargo de cuestiones que antes no estaban y que, al mismo tiempo, limita el poder y da más transparencia.
—¿Qué cosas le gustan más y cuáles menos de la nueva Constitución?
—Me gusta la Constitución. Creo que fue la mejor que podíamos tener. Todos teníamos alguna expectativa distinta y proyectos diferentes, pero quienes tenemos convicción democrática entendimos que había que dialogar y ceder.
—¿Qué cosas resignó usted en virtud del consenso interno primero y con el peronismo después?
—Yo estaba convencido de que la política de persecución penal debía ser conducida por el Poder Ejecutivo y, por eso, impulsaba que el fiscal general coincidiera en mandato con el gobernador. No se trata de controlar investigaciones: eso lo hacen los fiscales de grado. Se trata de conducir la política criminal. Y ahí puede haber miradas distintas.
—¿Por ejemplo?
—Si un gobernador garantista pone un fiscal general garantista en un momento en que hay que limitar garantías para garantizar seguridad pública, sería contradictorio. En mi caso, me entendí rápido con la fiscal general actual (María Cecilia Vranicich), pero no siempre es así. Baclini no se entendió con Perotti: estuvieron dos años sin reunirse y eso fue un desastre institucional, con las tasas de violencia más altas de Rosario. Ese fue un tema en el que cedimos.
—Usted quería el modelo norteamericano…
—Exacto. El gobernador define la política criminal y designa a su fiscal, que se va con él. Y explico por qué: porque los momentos cambian. Yo creo en una política muy rígida de persecución penal y de cárcel, porque es lo que hoy necesita Santa Fe. Tal vez dentro de ocho años sea distinto y el gobernador que venga requiera un modelo más flexible o poner el foco en otros delitos. El perfil del fiscal general tiene que coincidir con el del gobernador, pero ese argumento no fue comprendido y terminamos cediendo.
—¿Y qué cosas fueron innegociables?
—No, ninguna. Porque queríamos que esta fuera una Constitución amplia y no de un solo partido. Podríamos haber impuesto la Constitución que quisiéramos, porque teníamos mayoría, pero entendimos que debía excedernos como frente. No podíamos pensarla solo en la coyuntura. Por eso digo que esta Constitución tiene más legitimidad que la de 1962, que fue la Constitución de un solo partido (solo la votó la Unión Cívica Radical Intransigente). En esta, más del 90% de los artículos fueron aprobados por más de dos tercios y, en general, el 75% del texto salió con consenso. Eso la hace mucho más fuerte.
—¿Cómo fue escuchar las críticas que le formulaban los sectores opositores en la Convención mientras usted estaba sentado allí en su banca?
—Permanentemente hubo críticas de algunos sectores. Yo entendí que lo mejor era no responder. Porque se personalizaba demasiado. Y una Constitución no es algo personal: es una política de Estado. Quienes la personalizaban en mi figura lo hacían con un fin político. Si yo me enganchaba en ese debate, terminaba discutiendo coyuntura y no mirando al futuro de la provincia.
—Usted decidió no responder.
—Exacto. Porque lo que queríamos era una Constitución de futuro, que le dé a la provincia instituciones sólidas, que permitan crecimiento institucional. Y para eso había que correrse de la pelea chica.
El capítulo más conflictivo
—Uno de los capítulos más conflictivos fue el judicial. En la sesión de cierre se plantearon cuestionamientos muy fuertes sobre la influencia del Ejecutivo y de la política en general sobre la Justicia.
—Sí, lo escuché. Pero quiero aclarar algo: hoy, yo como gobernador puedo mandar el nombre del abogado matriculado que quiera para que sea juez. Solo con un mensaje a la Legislatura. Con la nueva Constitución eso cambia. Entonces, nadie puede decir que ahora habrá más injerencia que antes. Es al revés. Ahora la selección va a pasar por un consejo asesor en el que estarán representados el Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad civil a través de los colegios. Eso asegura criterios de idoneidad, de capacidad, y se termina con el amiguismo. Es un avance enorme. Tal vez no es el modelo que imaginaban algunas organizaciones, pero es mucho mejor que lo que tenemos hoy.
—Se cuestiona también que en el Tribunal de Enjuiciamiento haya mayoría política. ¿No pone en riesgo eso —y el hecho de que el consejo asesor esté en la órbita del Ejecutivo— la independencia del Poder Judicial?
—Bajo ningún concepto. Al contrario: va a tener más independencia que la que tuvo hasta ahora. Y hay una paradoja: el partido que construyó la mayoría, que podría haberse quedado con todo, es el que entrega poder a la sociedad. Entonces, nadie puede decir que no es mejor que antes.
—Entra en vigencia ahora la cláusula que impide a los jueces continuar en sus cargos más allá de los 75 años. ¿Qué pasa con los tres miembros de la Corte que superan esa edad?
—Venimos charlando con ellos hace tiempo y con mucho respeto. Algunos llevan más de 30 años en el cargo. Entiendo que su ciclo culmina, pero lo vamos a trabajar en el marco del diálogo institucional. No hay cuestionamientos personales. Hay una mirada distinta: representan una Justicia de otra época.
—¿Hay un plazo para que dejen el cargo?
—Eso va a surgir del diálogo. La idea es que se dé en un plazo prudencial, para que todos los poderes estén aggiornados a la nueva Constitución. Si no hay acuerdo, usaremos las herramientas institucionales que tenemos, pero lo ideal es que sea por consenso.
—¿Quiere decir que si hay demoras va a firmar un decreto de cese inmediato?
—Hoy la idea no es esa. Vamos a dialogar mucho. Pero también es cierto: si no se da el recambio por las buenas, las herramientas institucionales están.
—¿Siente resistencia del Poder Judicial hacia usted y hacia esta reforma?
—Creo que al principio sí. Me veían como un gobernador que se plantó para ordenar el Poder Judicial. Pero cuando vieron los casi cien pliegos que enviamos a la Legislatura, entendieron que no colonizamos la Justicia. Que mandamos a los mejores y no a mis amigos. De todos los que mandé, debo conocer a dos o tres. Eso despejó dudas.
—Usted mencionó que incluso cambió la mirada de la propia Corte.
—Sí, porque hoy la Justicia tiene que repensarse. Hay fueros con muchísima carga de trabajo y otros con poca. Hay empleados que podrían redistribuirse. Y la nueva Constitución incorpora herramientas como la planificación de políticas públicas y la rendición de cuentas, que ahora no son solo para el Ejecutivo: también valen para la Justicia y la Legislatura. Un juzgado ya no podrá justificar que tiene 2.000 causas mientras otro del mismo fuero tiene 100. Eso es transparencia y también independencia.
El poder
—En su discurso de cierre, en la última sesión de la Convención, usted dijo que con la reforma pierden peso los poderes permanentes de la provincia. Pero el Senado no perdió nada.
—El Senado también cede. Las reelecciones indefinidas desaparecieron para todos, no solo para el Ejecutivo. Y los fueros parlamentarios ya no sirven para esconderse: nadie podrá usarlos para evitar una investigación. Además, yo creo en la bicameralidad.
—¿Por qué?
—Porque enriquece las leyes y asegura representación territorial. Si eliminamos el Senado, ¿qué pasa con los departamentos pequeños? Los dejaríamos sin voz. Y yo vengo de un pueblo de 5.000 habitantes; sé lo que es eso. La unicameralidad es un argumento equivocado: no se trata de suprimir representación, sino de hacer más eficiente a los tres poderes.
—Entonces, ¿para usted el cuestionamiento al Senado está mal planteado?
—Exactamente. El costo no es solo del Senado: es de toda la Legislatura. Si queremos bajar gastos, hay que discutir cómo lo hacemos en ambas cámaras. Y lo mismo con el Ejecutivo -que ya lo hicimos- y el Judicial. Todos tenemos que hacer un esfuerzo en un momento donde la sociedad la está pasando mal.
—El planteo de que con la reforma el gobernador va a tener menos poder, ¿no queda contradicho por la posibilidad de ser reelecto? ¿Por qué necesita cuatro años más un gobernador?
—Cuatro años son muy poco para transformar una provincia. Santa Fe se equipara así a las otras 23 jurisdicciones de la Argentina. La planificación de un cambio profundo necesita más tiempo. Pero la reelección no me la da la Constitución: me la da, primero, mi frente político si decide que me presente, y después la sociedad si considera que mejoramos en seguridad, educación, salud y obras.
—¿Ya tomó la decisión personal de buscar un segundo mandato?
—No. No está decidido. Todavía no pensamos en eso. Lo que sí sé es que somos un frente de gobierno con un método claro: planificación, honestidad, austeridad, eficiencia y dar la cara siempre. Cualquiera de nosotros que gobierne lo hará con ese mismo método.
—¿Le gusta ser gobernador?
—Me gusta mucho. Siento que es mi lugar hoy. Aunque todavía le dedico demasiado tiempo a la seguridad, por la situación que recibí y por mi experiencia de cuando fui ministro. Me cuesta sacarme ese traje. En una segunda gestión me gustaría que la seguridad esté estabilizada y poder poner el foco en otras prioridades.
—¿Cuál sería la prioridad de una segunda gestión suya?
—Una revolución educativa e infantil. En la provincia necesitamos una revolución del conocimiento y de la infancia, de las oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que vamos a planificar desde noviembre.
Mirada nacional
—Pero también viene ganando protagonismo nacional. ¿No piensa en una candidatura presidencial?
—No. No en 2027 y tal vez nunca. Hoy no me siento en condiciones de liderar ese proceso y me siento cómodo en Santa Fe.
—¿Quién va a ser entonces el candidato de Provincias Unidas?
—Hay dirigentes muy preparados: Schiaretti, Valdés, Nacho Torres. Préstenle atención a Valdés: transformó Corrientes con una mirada productiva muy parecida a la nuestra. Torres es joven, tiene 36 años, y es una máquina de trabajo. Yo no pienso en una candidatura, pero creo que de ahí saldrá un buen candidato a presidente.
—¿Y cómo se posiciona frente al gobierno de Javier Milei? Desde el peronismo lo acusan de que recién ahora critica al presidente y que antes lo apoyó.
—Nosotros acompañamos lo que consideramos correcto: la Ley Bases, el Pacto de Mayo. Pero también nos plantamos cuando había que hacerlo. Fui el primero que se opuso al aumento de retenciones por decreto. Nos plantamos con las rutas nacionales, con la educación pública. Tenemos coincidencias en cuidar el equilibrio fiscal, pero creemos que la Argentina debe mirar al interior productivo: al campo, la industria, la energía. Esa es la mirada de Provincias Unidas.
—Firmó el Pacto de Mayo. ¿Lo volvería a hacer después de los incumplimientos del gobierno?
—Sí, porque son valores básicos: reducir el costo del Estado, atraer inversiones, apostar a la educación. Pero el gobierno no cumplió con Santa Fe. Se paralizaron todas las obras nacionales, no transfirieron los fondos de la Caja de Jubilaciones. Hicimos acuerdos que no respetaron. Eso genera decepción.
—La nueva Constitución de Santa Fe tiene un sesgo de defensa de lo público —por ejemplo, blinda la Caja de Jubilaciones— y en materia de derechos procura la justicia social. ¿Eso no lo ubica más cerca del kirchnerismo que de Milei?
—Para mí, la justicia social no es patrimonio del kirchnerismo. Ellos tuvieron la oportunidad histórica con superávit gemelos, con los precios de los commodities por las nubes, y en lugar de generar desarrollo en infraestructura, educación, ciencia y tecnología, lo derrocharon en populismo. Por eso digo que Néstor Kirchner fue el peor presidente de la democracia. El kirchnerismo fue el frente que perdió su oportunidad: con la economía en su mejor momento, terminó generando más pobreza. Y, además, lo hizo con altos niveles de corrupción, que hoy se reflejan en condenas ejemplares de la Justicia. Y si hay corrupción, no puede haber justicia social. Porque cuando robás, no le robás a los ricos: les robás a los pobres. Favorecés a los ricos, porque quienes pagaban coimas eran los empresarios. Entonces, el kirchnerismo no puede hablar de justicia social. Un gobierno corrupto no tiene autoridad moral para hacerlo.
—Dice que Néstor Kirchner fue el peor presidente de la democracia. ¿Y a Milei dónde lo ubica?
—Alfonsín fue el mejor. Néstor, el peor; después, Alberto Fernández. Milei está en el medio de la tabla, entre Macri y Cristina. Menem también, con mucha corrupción. Este gobierno todavía tiene mucho que demostrar. Pero ya hay señales preocupantes: el caso Spagnuolo habla de un modelo de corrupción institucional que nadie salió a explicar. Eso genera dudas.
Lo mejor y lo peor de la Convención
—¿Cómo quedó Unidos después de los siete proyectos distintos que presentaron en la Convención? ¿Dolió finalmente la unidad?
—Eso era parte de la estrategia. Queríamos mostrar que partíamos de diferencias para terminar en amplias coincidencias. Y lo logramos.
—¿Quiénes cree que se destacaron en el trabajo de la Convención?
—Muchos. Felipe Michlig, que condujo la Convención. Fabián Bastía, Joaquín Blanco, Cristian Cunha, que lideraron bloques de Unidos. Rubén Pirola, Diego Giuliano, Marcelo Lewandowski: los vi como hombres de Estado, no como dirigentes buscando un beneficio sectorial. A Giuliano, por ejemplo, casi no lo conocía y aportó muchísimo.
—¿Y entre los más jóvenes? Hubo varios y dejan la sensación de que la política santafesina tiene futuro.
—Gino Svegliati, que con 26 años fue un cuadro político destacado: la rompió en la Convención. Esteban Motta, un senador menor de 40 con un gran futuro. Y Victoria Tejeda, ministra de Desarrollo Humano, a la que todos reconocieron por su sensibilidad y como una mujer de diálogo y consenso. Eso me puso muy contento. Y digo esto: en una Argentina que es todo lo contrario, el que construye una mayoría no solo no escucha: denigra al que piensa diferente.
—Con la reforma se elimina la mayoría automática en Diputados. ¿Cómo imagina la gobernabilidad a partir de ahora?
—Va a ser un buen ejercicio: dialogar, convencer, ceder. Como hicimos en la Convención. Nadie tiene la verdad absoluta. Habrá que practicar mucho más el diálogo político.
—¿Cuál fue el momento más difícil de la Convención para usted en lo personal?
—La primera sesión. Sentí que muchos usaban su minuto para atacarme, para hacer un reel de Instagram. Fue incómodo. Lamentablemente, en política muchos creen que te pueden decir lo que se les ocurra y nadie paga costos. Gracias a Dios, electoralmente eso no paga y la sociedad no lo valora tampoco. Pero es feo, es feo: a mí me agreden con cosas muy duras, con cosas de la vida, y la verdad eso duele. Uno tiene que correrse rápido de ahí para que no te afecte en el día a día. Y lo sufre tu familia, porque sufren tus hijos, porque sufren tus hermanos, porque sufren tus sobrinos, tus padres.
—Entonces tuvo su lado duro…
—Muy duro. La primera semana dormí cuatro horas durante tres días seguidos. Sesiones hasta las dos de la mañana y, al otro día, compromisos de gestión desde temprano. Estaba firmando expedientes en la computadora en plena Convención. Terminé muy cansado mentalmente.
—¿Y qué aprendizaje le deja?
—Que hubo mucha gente que entendió que era un momento histórico y eligió el camino del diálogo y el consenso. Eso nos permitió tener una Constitución moderna, de futuro y con mucha legitimidad.