La cuestión del poder es esencial para cualquier gobernante. Maximiiano Pullaro no es la excepción, aunque su particularidad está en que desde que llegó al gobierno de Santa Fe –para ser precisos debería decirse desde la noche que ganó la elección– acumula, ejerce e invierte poder de forma metódica. En el sistema político santafesino hay quienes miran con recelo y hasta desconfianza ese empoderamiento, otros hasta con admiración. El pullarismo afirma que para confrontar con “los poderes establecidos y llevar adelante las transformaciones” se necesitan dos cosas: poder político aquí y ahora y expectativas de poder a futuro.
Aquí y ahora. El gobernador usó el poder que obtuvo en la urnas para llevar adelante un intenso y sistemático proceso de reformas cuyo objetivo era empoderar al Poder Ejecutivo en el manejo de cárceles, seguridad, la calle, la educación, los recursos públicos y la Justicia.
Expectativa de poder. La Convención Constituyente lo despejó al emitir el viernes sus primeros tres dictámenes de comisión por mayoría, uno de los cuales incluye la cláusula transitoria que habilita la posibilidad de reelección. Un hecho histórico en términos institucionales, y otro ladrillo en la pared de poder que construye Maximiliano Pullaro.
Osadía y riesgo
Hay dos características que marcan diferencias entre Pullaro y sus antecesores. La primera es que llegó al gobierno de Santa Fe con más de un millón de votos y mayoría en ambas cámaras legislativas. La segunda es su osadía, por la que está dispuesto a pagar costos políticos o, dicho al revés, por la que está dispuesto a gastar capital político. Sólo el tiempo y el veredicto popular dirán si fue acertado ese cálculo.
En esa línea, la Casa Gris celebró que los sindicatos docentes, habiendo rechazado el aumento salarial, no hayan lanzado paros y en su lugar dispusieran movilizaciones. El gobierno se reafirma en su lectura del sector: los docentes son una cosa y el gremio y sus dirigentes son otra. Le atribuye a los dirigentes las protestas que se dieron en distintos actos oficiales donde va el gobernador, con carteles y consignas, como la semana pasada en Reconquista. Al mismo tiempo sostiene que “cada vez son más los docentes que valoran que por afuera del acuerdo salarial que cubre la inflación, son el único sector que además tiene el incentivo Asistencia Perfecta que les permite correr bastante por encima del aumento de la inflación”.
El gobierno vive como un triunfo que no haya huelga porque lo acerca a su objetivo de cumplir con los días de clase planificados y su compromiso de que las escuelas estén abiertas para padres y alumnos.
Pero también está la cuestión de las relaciones de poder. Que no haya paros para el pullarismo es haber revertido una situación que le resultaba inaceptable. “El sindicato tenía más fuerza que el Poder Ejecutivo. Recuerden que el gobernador llegó con 50 y pico por ciento de apoyo en diciembre de 2023, y a los dos meses, en febrero, Amsafé lanzó dos paros de 48 horas y las clases no empezaron. Evidentemente el sindicalismo, que era uno de los poderes establecidos, se paraba de mano como si tuviera más poder que quien había sido elegido por la sociedad. Cada febrero era más importante la voz del jefe sindical de Amsafé que la de un ministro o el gobernador. Eso había que cambiarlo”, celebra un integrante del gabinete provincial.
Si bien la mayor conflictividad se concentró con los sindicatos docentes, desde el primer minuto de gestión el gobierno planteó una pulseada de poder con todos los gremios estatales que excede lo salarial.
Prácticamente ningún sindicato estatal a nivel país convalida aumentos que a duras penas siguen la inflación oficial. En todo caso aceptan bajo protesta, como hicieron ATE, UPCN y AMRA, al tiempo que alertan por la crisis de sus obras sociales –alcanzadas por penurias que en parte se asemejan a las del resto del sistema de seguridad social– y de los sistemas previsionales que demandan más aportes jubilatorios.
En paralelo, las estructuras sindicales más grandes, con el paso de los años ganaron poder dentro del Estado con el manejo de herramientas, cajas y nichos de administración que fortalecieron su capacidad de negociación y condicionamiento. Pullaro, conocedor de esa situación pero consciente de su capacidad de daño, impuso nuevas reglas de juego. Dos principalmente: los crecientes déficits de la obra social y la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos no podían seguir creciendo por inercia y el Estado tiene que atender otras obligaciones con recursos que no saldrán de lo que “sobra del pago de sueldos” sino de una definición política.
“Hay una decisión política de no ser un gobierno pagasueldos sino de hacer transformaciones. Implicó llevar adelante una reforma previsional muy costosa políticamente, pero por eso nos animamos a hacer las compras que hacemos, o encarar obras de la envergadura del puente Santa Fe-Santo Tomé, el aeropuerto de Rosario o el tercer carril de la autopista. Si no, no transformás nada”, insiste el staff de la Casa Gris.
Poder político
El gobierno necesitaba reformas que fortalezcan al Poder Ejecutivo en el orden de lo político para acompañar las reformas previsional y la de la Justicia (que por primera vez en décadas tocó a la Corte Suprema), así como la disputa por quién tiene el poder con los gremios estatales y la liberación de recursos para infraestructura.
Lo político es lo que refiere a la distribución y expectativas de poder. De eso se trata la reforma constitucional en marcha. El gobierno tendrá el texto constitucional que le permitan los acuerdos dentro de Unidos y con el resto de las fuerzas, pero parte de la proposición de un Poder Ejecutivo fuerte, en cuyo ámbito se dirima la selección de jueces, fiscales y defensores y con la posibilidad de que el gobernador los elija sin condicionamientos corporativos, con predominancia política en el tribunal de enjuiciamiento capaz de removerlos, con posibilidad de incidir directamente en las políticas de persecución criminal o de dictar decretos en casos de emergencia.
Son todas atribuciones propuestas en el proyecto de reforma que presentó la UCR y que buscan que el ideario y las discusiones de poder que Pullaro da desde la Casa Gris queden plasmadas en el texto constitucional. Entre esas discusiones encuadran también las organizaciones narcocriminales que en Rosario dominaban calles y barrios. “Lo que se pretende es empoderar a los gobiernos por encima de cualquier corporación, algunas democráticas y otras no. Empoderar en todos los sentidos. Un cambio de fichas en general que fortalece a los gobiernos”, explica un funcionario del gabinete.
Si bien esas disputas de poder son consideradas necesarias por otras fuerzas políticas y estamentos, no todos comparten que haya que concentrar mayor poder en el Ejecutivo. O dicho con más precisión, hay miradas disímiles sobre dónde está el punto de equilibrio entre los límites al ejercicio del poder estatal consagrados en las constituciones del siglo XX y la necesidad de fortalecer al poder político que expresa el proyecto de la UCR.
Esa discusión naturalmente se da con la oposición, pero también con el Partido Socialista, que es socio de la UCR en Unidos. No por la reelección, sobre lo que hay acuerdo y de hecho el viernes firmaron juntos el dictamen con la cláusula transitoria que habilita otro período para Pullaro y la vice Gisela Scaglia, sino sobre otros tópicos, como los decretos de emergencia que finalmente quedaron en el camino –al igual que se relativizó la figura de un ministro coordinador con acuerdo legislativo que proponía el socialismo–. Un intenso trabajo de consenso entre radicales y socialistas permitió acuerdos sin dejar heridos.
La cocina del poder constitucional
El cambio al reglamento que propuso el convencional peronista Marcelo Lewandowski descomprimió la Convención Constituyente. Se podrán emitir dictámenes parciales para que los opositores no tengan que adherir o rechazar en bloque. En el caso de la comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, por ejemplo, habilitó que el diputado Emiliano Peralta, del bloque que lidera Amalia Granata, se sumara a los dictámenes de Unidos salvo el de la reelección actual.
El bloque peronista Más para Santa Fe, que había comprometido su firma, a último momento la puso en el freezer hasta la semana que viene. Demasiadas tensiones juntas para gestionar, si se tiene en cuenta que mientras se resolvía quién firmaba qué cosa se daba una caótica negociación partidaria por el cierre de listas de diputados nacionales. Pausa y la semana que viene las cosas estarán más claras.
El peronismo y la reelección
El punto crítico es el dictamen que contiene la cláusula transitoria de reelección para Pullaro y Scaglia. Los cuatro senadores peronistas prefirieron esperar a poner su firma aunque ya está blanqueado que ellos votarán a favor. No serán los únicos. Fuentes que pidieron estricto off apuntaron también los nombres de cuatro convencionales de ese espacio o aliados que estarían cerca de acompañar: Alejandra Rodenas, Patricia Boni, Jacquelina Balangione y Facundo Olivera. Juan Monteverde y Lucila de Ponti mantienen el rechazo. Diego Giuliano propone imitar el artículo 214 de la reforma constitucional bonaerense de los años 90: un plebiscito vinculante que habilite la reelección para las autoridades actuales con el apoyo de la mitad más uno de los votos.
En el bloque gana terreno la postura que hizo pública el senador Rubén Pirola en un reportaje en RTS, cuando sostuvo que el peronismo no es proscriptivo y que si algo le reprochan al gobernador Pullaro es que no se haya autoexcluido al iniciarse el proceso de reforma, pero que ahora, a punto de regularse y mantenerse las reelecciones para todos los cargos, debían considerar la posibilidad de habilitarla también para gobernador y vice.
En paralelo a esas negociaciones creció en el pasilleo de la Convención la posibilidad de que el peronismo proponga un segundo ministro de la Corte cuando se vayan los tres jueces mayores de 75 años, que se sumaría a Ricardo Weder, designado este año a instancias del perottismo.
La batalla judicial
Habiendo encaminado una de las comisiones que en mayor medida redistribuyen y delimitan poder político e institucional, el próximo desafío del oficialismo es la comisión de Poder Judicial, donde las diferencias, incluso dentro de Unidos, son acentuadas.
Los tres ejes críticos son el lugar constitucional que se le dará al Ministerio Público de la Acusación, qué tipo de organismo será el encargado de la selección de jueces, fiscales y defensores y su contrapartida: cómo se conformará el tribunal de enjuiciamiento que puede removerlos.
La idea de un fiscal general designado cuando los gobernadores asumen su mandato parece haber perdido fuerza. Gana terreno la idea de un MPA independiente. Queda por definir si dentro o fuera del Poder Judicial. Hay opiniones encontradas e implicancias más amplias.
Desde el riesgo a una independencia menguada si el MPA queda adentro del Poder Judicial porque el poder de superintendencia de la Corte Suprema no se puede modificar, pasando por el miedo a una excesiva autonomía de los fiscales, hasta las internas entre sindicatos que representan al personal.
Lo más crítico a resolver es la integración del tribunal de enjuiciamiento que concentrará la capacidad de remoción de jueces, fiscales y defensores. Mucho poder en un organismo que tendrá un nuevo diseño. Su composición es lo que está en disputa. Hay consenso en que no tenga mayoría de la Corte como en la actualidad.
Este es un punto donde el gobernador Pullaro tiene una definición tomada. No quiere que se repitan casos como el del juez Basualdo de Reconquista (donde él integró el tribunal de enjuiciamiento en representación de Diputados), que fue salvado por la anterior Corte (excepto el juez Erbetta) a pesar de los claros indicios de cobro de sobornos que había presentado la acusación.
Como contrapartida, los colegios de magistrados están en pie de guerra contra la posibilidad de que la mayoría que juzgue sus conductas o acciones sea de extracción política, con representantes del legislativo principalmente, y advierten que esa posibilidad sería declarada inconstitucional, sino por la Justicia provincial por la Corte nacional.
Un round decisivo por el rediseño del poder político e institucional se jugará la semana que comienza.