La Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que nuclea a jueces de todo el país, lanzó una dura advertencia sobre el rumbo que tomó la reforma constitucional en Santa Fe en cuanto al rediseño del Poder Judicial. La entidad cuestionó el dictamen de mayoría aprobado en la comisión de Justicia, al considerar que compromete la independencia judicial y “relativiza el principio de idoneidad”. De acuerdo al cronograma elaborado en Labor Parlamentaria, el tema se tratará en la sesión plenaria del miércoles.
El texto de la FAM apunta directo a dos de las decisiones más sensibles: la forma en que se designarán jueces, fiscales y defensores y la manera en que serán juzgados y eventualmente removidos.
Según el dictamen, la designación seguirá a cargo del gobernador con acuerdo legislativo, pero con un paso previo: concursos públicos organizados por un Consejo Asesor que funcionará bajo la órbita del Ejecutivo. Ese órgano técnico —integrado por representantes judiciales, legislativos, académicos y de los colegios profesionales— tendrá a su cargo armar las listas de aspirantes, aunque sin un orden de mérito vinculante. De esa nómina, el mandatario elegirá libremente a quién enviar como pliego a la Legislatura.
Para la FAM, esa falta de obligatoriedad otorga al Ejecutivo “una discrecionalidad significativa para influir en la composición del Poder Judicial” y deja en segundo plano las capacidades técnicas de los postulantes.
El otro eje de la polémica pasa por la conformación de los nuevos tribunales de enjuiciamiento para jueces y fiscales. El dictamen establece que estará compuesto por siete miembros: dos senadores, dos diputados, dos abogados y un magistrado o miembro del Ministerio Público. Es decir, cuatro representantes políticos, aunque de distintas cámaras y partidos, contra tres de la corporación judicial. Para la Federación, esa mayoría política “contradice normativas nacionales y estándares internacionales”.
El comunicado sostiene que Naciones Unidas instó a los convencionales santafesinos a ajustar el régimen disciplinario a estándares internacionales, algo que —según la FAM— el dictamen desconoce.
El oficialismo de Unidos defendió en su momento el esquema, una síntesis entre lo que proponían los proyectos de radicales y socialistas. Los primeros sostuvieron como irrenunciable que el gobernador conserve margen de discrecionalidad en la selección y que la política tenga un peso mayor en el juzgamiento como forma de establecer un contrapeso entre poderes. El socialismo logró que los concursos estén a cargo de un organismo técnico y que el Ejecutivo no integre los tribunales de enjuiciamiento.
Con mayoría propia en la Convención junto a sus aliados del Frente para la Esperanza, Unidos está en condiciones de convertir este rediseño se convertirá en letra constitucional. Se espera que al menos algunos sectores del PJ también aporten votos. Pero el pronunciamiento de la Federación de la Magistratura marca que, lejos de ser un debate cerrado, la reforma judicial seguirá siendo, al menos hasta que se apruebe en el plenario, uno de los capítulos más ásperos del proceso constituyente.