Al bajar la persiana de la Convención, lo que queda no es un bloque de mármol sino un texto vivo atravesado por equilibrios, prevenciones y apuestas. Esteban Motta (UCR–Unidos), Lionella Cattalini (Partido Socialista–Unidos) y Lucila De Ponti (Más para Santa Fe) lo leen desde sus veredas, pero hablan, en el fondo, de lo mismo: poder, controles y derechos.
Para Motta, la marca de origen es política antes que jurídica: acuerdos. Lo repite con números —dictámenes que superaron los 45 votos, umbrales cercanos a los dos tercios— y lo traduce en un clima: “La marca de esta Constitución es el consenso”. Desde esa plataforma enumera lo que, a su juicio, pone límites a la política y actualiza la gramática institucional: mandatos de 4 años con una sola reelección, eliminación de los fueros de proceso, “ficha limpia”, principio de responsabilidad fiscal y un estándar de no confiscatoriedad tributaria. La lista se completa con “nuevos derechos”, seguridad pública constitucionalizada y una modernización de la Justicia que, dice, “da un salto de calidad”.
Cattalini mira el mismo edificio y subraya otra columna maestra: la autonomía del Ministerio Público como extrapoder, con dos cabezas fuertes y separadas —un MPA para la materia penal y una Defensoría integral— y la promesa de igualdad de armas sin injerencias “ni de la política ni de los jueces”. Lo que se lleva el socialismo, plantea, es un cambio de jerarquía para quienes investigan y para quienes defienden. Suma una pieza decisiva del mecanismo institucional: concursos con listas anticipadas y de duración determinada para dejar de correr detrás de cada vacante; más transparencia, más previsibilidad. Y marca dos vallados explícitos: que la Constitución no habilite DNU ni delegación legislativa. En clave ética, defiende la cláusula que habla de enriquecimiento ilícito y la creación de una agencia anticorrupción. En el plano de derechos, anota una ampliación ambiciosa —agua, consumidores, ambiente, derechos digitales, medidas de acción positiva— y algo que define como un punto de inflexión: la consagración del cuidado como derecho fundamental, que, asegura, convierte a Santa Fe en la primera provincia en reconocerlo así.
De Ponti pone el cuerpo en otra esquina del mismo salón: ser parte para torcer el resultado. No es su Constitución ideal, admite, y pide una salvedad de método: “Con más tiempo, para participación social y maduración de consensos, podría haber sido mejor”. Pero su balance se ordena alrededor de un objetivo para ella cumplido: evitar un Ejecutivo súper poderoso y fortalecer al Legislativo. Señala que el peronismo “llegó con representación importante pero no determinante” y eligió entrar para que el producto final “no fuera un traje a medida del gobierno”. En el haber anota atribuciones del Parlamento y un rol fuerte en selección y remoción de jueces, el paso a D’Hondt puro en Diputados, y que el Ejecutivo no se llevó ni DNU ni delegación. El resultado, resume, es un contrapeso más equilibrado.
Su agenda también baja a territorio. En régimen municipal, dice, “quedó bastante bien” y abre una etapa en la que, si los gobiernos locales la aprovechan, ganarán protagonismo. Advierte, eso sí, que el verdadero partido se jugará en las leyes de Municipios y de Coparticipación. Y levanta otros mojones: límites a reelecciones de cargos electivos y a mandatos judiciales; paridad “bien incorporada”; derechos digitales y ambientales; el reconocimiento de las tareas de cuidado y de la economía social.
Leídas juntas, las tres voces arman una misma silueta desde ángulos distintos. Motta reivindica el método —consensos amplios y un set de límites— como condición de legitimidad; Cattalini convierte ese método en arquitectura institucional (MP extrapoder, concursos, anticorrupción, sin atajos del Ejecutivo) y lo envuelve en una expansión robusta de derechos; De Ponti certifica que, desde la oposición dialoguista, el efecto fue equilibrar y abrir juego a lo local, con la vista puesta en la implementación.