La nueva oleada migratoria sobre Ceuta volvió a colocar la frontera sur de Europa en el centro de la escena. España reforzó la seguridad, Pedro Sánchez viajó a la ciudad autónoma y el debate volvió a girar alrededor de la inmigración. Pero esa mirada resulta insuficiente. Lo que ocurre no puede entenderse únicamente como un problema migratorio: detrás de cada crisis fronteriza se cruzan intereses que trascienden ampliamente a Ceuta y alcanzan a Europa, el norte de África y las grandes potencias.
La explicación del Gobierno español a lo ocurrido apuntó rápidamente hacia las redes de tráfico de personas. Sánchez sostuvo que las mafias difundieron información falsa sobre una reciente interpretación judicial para convencer a miles de migrantes de que podrían ingresar en Ceuta sin ser devueltos de inmediato. Esa explicación puede ayudar a entender cómo comenzó la nueva oleada. Pero no alcanza para responder una pregunta más importante: ¿por qué Ceuta se convierte en una crisis política?
La respuesta exige mirar más allá de la inmigración. Ceuta y Melilla son las únicas ciudades españolas situadas en el norte de África. En los hechos, constituyen la única frontera terrestre entre la Unión Europea y el continente africano. Por esa razón, cualquier episodio que ocurre allí deja de ser un asunto exclusivamente español para convertirse en un problema europeo.
A esa singularidad geográfica se suma una particularidad jurídica. Desde hace años España aplica en ambas ciudades las denominadas "devoluciones en caliente", un mecanismo que permite el retorno inmediato de quienes cruzan irregularmente la frontera sin tramitar el procedimiento administrativo ordinario. Sus defensores sostienen que constituye una herramienta indispensable para proteger la frontera exterior de la Unión Europea. Sus detractores consideran que puede entrar en tensión con el derecho de asilo y otras garantías previstas por el derecho internacional.
La reciente interpretación del Tribunal Supremo sobre la aplicación de ese régimen a quienes ingresan por vía marítima alimentó la confusión. Según el Gobierno español, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas aprovecharon esa situación para difundir información engañosa y generar un efecto llamada. Sin embargo, la dimensión del episodio volvió a plantear otra pregunta: ¿qué papel desempeñó Marruecos?
La Unión Europea destina desde hace años cientos de millones de euros a programas de cooperación con Rabat para reforzar la gestión migratoria, modernizar el control fronterizo y combatir las redes de tráfico de personas. Esa política parte de un supuesto: la seguridad de la frontera sur europea depende, en gran medida, de la colaboración marroquí.
Por eso, cada vez que se produce una llegada masiva de migrantes, inevitablemente surge el interrogante sobre el grado de cooperación de las autoridades marroquíes. En la actual crisis no existe evidencia pública de que Rabat haya relajado deliberadamente los controles. Sin embargo, esa sospecha reaparece porque en 2021, en medio de una grave crisis diplomática entre España y Marruecos, las autoridades marroquíes flexibilizaron los controles fronterizos y permitieron el ingreso de miles de personas a Ceuta en apenas unas horas.
Sin embargo, centrar toda la discusión en las mafias, en las devoluciones en caliente o en el control fronterizo vuelve a dejar afuera el problema principal. Ceuta no es únicamente una frontera migratoria. Es uno de los espacios donde hoy convergen algunas de las principales disputas estratégicas del Mediterráneo occidental.
Durante los últimos veinticinco años, Marruecos dejó de ser un actor periférico para convertirse en un socio indispensable para Europa. Bajo el reinado de Mohamed VI, iniciado en 1999, el país impulsó una estrategia de largo plazo que combinó estabilidad política, modernización económica, grandes obras de infraestructura y una intensa política exterior orientada a fortalecer su posición regional.
El objetivo central de esa estrategia fue consolidar la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, un territorio administrado por España hasta 1975 cuya situación continúa pendiente de resolución en las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, ese conflicto pasó a convertirse en el principal eje de la rivalidad con Argelia, que respalda al Frente Polisario —que reclama la independencia del Sáhara Occidental— y rechaza las aspiraciones marroquíes sobre el territorio. Desde entonces, prácticamente todas las grandes decisiones diplomáticas del reino estuvieron atravesadas por esa prioridad.
Mientras buena parte del norte de África atravesaba guerras civiles, cambios de régimen o una profunda inestabilidad tras la Primavera Árabe, Marruecos preservó la continuidad de la monarquía y aprovechó ese contexto para reforzar su influencia. Modernizó el puerto de Tánger Med —uno de los principales centros logísticos del Mediterráneo—, construyó la primera línea de tren de alta velocidad del continente, desarrolló la mayor industria automotriz de África, expandió sus inversiones hacia África occidental y profundizó su cooperación con Europa y Estados Unidos.
Ese fortalecimiento internacional convivió con una realidad interna mucho menos favorable. Persisten elevados niveles de desigualdad, desempleo juvenil y cuestionamientos de organizaciones internacionales por las restricciones a las libertades públicas y la concentración del poder en la monarquía. Sin embargo, desde una perspectiva geopolítica, la estrategia produjo resultados.
El punto de inflexión llegó en 2020, cuando Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como parte de los Acuerdos de Abraham, el proceso impulsado por Estados Unidos para normalizar las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes. Luego Joe Biden mantuvo esa decisión. También España modificó en 2022 su posición histórica al considerar el plan de autonomía marroquí como la propuesta "más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto, mientras Francia avanzó todavía más al respaldar explícitamente la soberanía de Marruecos sobre el territorio.
Ese cambio alteró el equilibrio del Magreb y profundizó la rivalidad con Argelia, el gran vecino y principal competidor estratégico de Marruecos. Ambos países disputan desde hace décadas el liderazgo político y militar del norte de África, sostienen posiciones irreconciliables sobre el Sáhara Occidental y rompieron relaciones diplomáticas en 2021.
Esa competencia también expresa alineamientos internacionales diferentes: mientras Marruecos consolidó su asociación estratégica con Estados Unidos y profundizó su cooperación con Israel, Argelia mantiene una estrecha relación militar con Rusia y reforzó en los últimos años sus vínculos políticos y económicos con China.
La competencia también se trasladó al terreno energético. Durante más de veinticinco años, buena parte del gas argelino llegó a España a través del gasoducto Magreb-Europa, que atravesaba territorio marroquí. Ese trazado otorgaba a Marruecos una posición estratégica: cobraba derechos de tránsito, recibía parte del gas como compensación y actuaba como país de paso entre Argelia y Europa.
Pero, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argel y Rabat en 2021, Argelia decidió no renovar ese acuerdo y el suministro pasó a realizarse directamente mediante el gasoducto submarino Medgaz. Con ello, Marruecos perdió una fuente de ingresos y parte de la influencia estratégica que le otorgaba su papel en el tránsito energético regional.
Ese nuevo escenario también modificó los márgenes de maniobra de España. El 20 de julio, Pedro Sánchez viajó a Argel para cerrar la normalización de las relaciones bilaterales tras varios años de tensión diplomática y reforzar la cooperación energética con uno de los principales proveedores de gas del país.
Apenas diez días después estalló la nueva crisis en Ceuta. No existe evidencia pública que permita establecer una relación entre ambos episodios. Sin embargo, la coincidencia temporal volvió a poner de relieve la complejidad del equilibrio que España intenta mantener entre dos vecinos enfrentados. Madrid depende de Argelia para garantizar una parte de su abastecimiento energético y de Marruecos para gestionar su frontera sur. En ese contexto, cualquier tensión entre ambos países termina teniendo consecuencias que trascienden ampliamente la frontera de Ceuta.
Las personas que intentan cruzar la frontera aparecen en las imágenes como protagonistas. En realidad, son quienes terminan soportando el costo humano de disputas geopolíticas que las exceden. Al mismo tiempo, esas imágenes son utilizadas por distintos actores políticos para reforzar sus propios discursos sobre inmigración y seguridad. Donald Trump las presentó como una advertencia sobre el futuro de Estados Unidos bajo un gobierno demócrata, mientras dirigentes de la derecha europea —como Georgia Meloni— volvieron a convertirlas en un argumento a favor de un mayor endurecimiento de las fronteras.
Durante algunos días Ceuta seguirá ocupando los titulares. Pero reducir lo ocurrido a un episodio migratorio resulta insuficiente. La inmigración es apenas la expresión visible de una disputa mucho más amplia en la que confluyen la rivalidad entre Marruecos y Argelia, el conflicto por el Sáhara Occidental, los intereses estratégicos de Estados Unidos y Europa, la seguridad energética y la competencia por el equilibrio de poder en el Mediterráneo occidental. Ceuta no explica el conflicto. Lo revela.