El radicalismo y el socialismo, los dos socios principales en la coalición oficialista Unidos, tienen 48 horas para encontrar una salida a las diferencias por las leyes de seguridad que el Ejecutivo pretende que el jueves vote la Cámara de Diputados de la provincia. Pero después de los reproches cruzados, las descalificaciones y el endurecimiento de las posiciones, el acuerdo necesita resolver algo más que los artículos en torno a los que persisten diferencias. El pullarismo se planta en que no va a permitir que le condicionen la política de la que el gobernador se ocupa personalmente y que constituye el principal activo de su gestión. El socialismo entiende que le exigen resignar su capacidad de influir como socio del gobierno. Lo que se pondrá a prueba ahora es el mecanismo que hasta aquí permitió a la coalición procesar sus diferencias sin poner en riesgo su continuidad.
Las conversaciones después del fracaso de la sesión del jueves pasado son, dicen en el Ejecutivo, entre legisladores radicales y socialistas. Desde el sector de Antonio Bonfatti aseguran que nunca se interrumpieron y que trabajan para aprobar las reformas con modificaciones, por estas horas en diálogo con el otro sector del socialismo, encabezado por Clara García y Joaquín Blanco, que suele posicionarse en las negociaciones en general, y en esta en particular, con posturas de mayor tensión. En el entorno del gobernador, en tanto, hay mucho enojo y una definición que marca el límite: “El que define la política de seguridad es el Ejecutivo”.
La frase resume parte de lo que ahora está en juego. Unidos es una coalición de gobierno, pero Pullaro entiende que el rumbo de la seguridad le corresponde por su expertise en el tema y los resultados logrados. El PS, que tiene más diputados que el radicalismo, reivindica su derecho a discutir las herramientas que requieren aprobación legislativa. “El socialismo nunca será empleado. Sí socio, aliado”, dice una fuente de la conducción partidaria.
Hasta ahora, incluso en las discusiones más difíciles de la reforma constitucional, las diferencias se procesaron adentro de Unidos: todos cedieron algo y encontraron una salida a las diferencias. Esta vez, la exposición pública del conflicto empezó a encarecer las concesiones. Para el gobernador, modificar bajo presión puede parecer una aceptación de límites a su autoridad. Para el socialismo, votar sin cambios después de las descalificaciones puede equivaler a aceptar la subordinación que rechaza.
Las herramientas y sus límites
El paquete en cuestión ingresó en mayo y propone ampliar herramientas de investigación y actuación policial, modificar el régimen penitenciario y fortalecer otros instrumentos de persecución del delito. Entre los puntos que concentran la discusión aparecen las intervenciones especiales en zonas con altos niveles de violencia, los allanamientos policiales inmediatos en determinadas circunstancias y la obtención de información por parte de la policía sin la necesidad de que estén presentes los abogados defensores. También contempla disposiciones sobre internos de alto perfil, recompensas y juicios en ausencia.
La semana pasada avanzaron las iniciativas sobre celulares robados y defensa pública, pero quedó pendiente el núcleo que enfrenta a los dos principales socios de Unidos.
El gobierno sostiene que necesita rapidez para actuar frente a organizaciones que se reorganizan y buscan recuperar terreno. Federico Angelini, funcionario del Ministerio de Seguridad, lo explicó con ejemplos en una nota con Radio 2: intervenir en un barrio donde aumenta la violencia, actuar ante la detección de una persona armada u obtener información en los primeros minutos posteriores a un homicidio. Desde esa perspectiva, las demoras legislativas tienen consecuencias operativas.
En el socialismo plantean objeciones sobre las garantías y los controles. Una fuente del PS menciona las declaraciones sin abogado defensor y el alcance de las intervenciones territoriales como puntos a limitar. Distingue entre desplegar efectivos para controlar un barrio y habilitar procedimientos que puedan alcanzar indiscriminadamente a sus habitantes. “Hasta en el barrio más peligroso del mundo, la mayoría es gente honesta”, sostiene.
También discute que la aprobación del paquete sea una condición excluyente para seguir obteniendo resultados en materia de seguridad. Reconoce que algunas medidas pueden ayudar, pero afirma que ya existen herramientas para realizar operativos e investigar. Esa es otra diferencia de fondo: para el Ejecutivo, las reformas son necesarias para profundizar la política en marcha; para el PS, esa necesidad no justifica aprobarlas en los términos planteados.
El enojo de la Casa Gris
En el Ministerio de Seguridad rechazan que la urgencia sea una excusa para disciplinar a los aliados. Recuerdan que el proyecto lleva casi seis meses en la Legislatura y sostienen que hubo múltiples intentos de negociación, incluidos los de los diputados radicales José Corral y Martín Rosúa. “Las bandas no esperan dictámenes”, sintetiza una fuente del área, que acusa al socialismo de haber seguido una estrategia para demorar el tratamiento y advierte que cada postergación les da margen a las organizaciones para reorganizarse y atacar.
La concesión de una semana adicional para discutir, señalan, muestra que existe disposición al diálogo. Pero fijan un límite: una cosa es introducir modificaciones y otra, “destruir el espíritu de la ley”. En ese caso, dicen, prefieren quedarse con las herramientas actuales.
El enojo también apunta a los interlocutores que el socialismo incorporó al debate en el tratamiento en comisión. En el entorno de Pullaro lo acusan de haberles dado voz a abogados penalistas a los que vinculan con intereses de las organizaciones criminales que buscan recuperar terreno. “El problema es que el socialismo puso de voceros a los abogados de los tipos que quieren recuperar poder”, sostiene un funcionario muy cercano al gobernador. Otro integrante del grupo pullarista dijo que el PS jugó a “detonar” la iniciativa, algo que definió como “una locura total” por la valoración pública que tienen las políticas de seguridad.
Desde esa lectura, el PS contribuyó a enrarecer la discusión al presentar las nuevas facultades como un riesgo de descontrol policial. El gobierno reivindica, por el contrario, que ejerce una supervisión más estricta sobre la fuerza y vincula esos controles con los resultados obtenidos.
La presión y sus efectos
El lunes, en Radio 2, Angelini llevó los cuestionamientos al socialismo a otro nivel. Acusó a quienes resisten las reformas de demorar herramientas necesarias por razones ideológicas, contrapuso las “discusiones universitarias” con el trabajo de un equipo profesional y recordó los malos resultados de seguridad de las gestiones socialistas. Además, vinculó la disputa con el riesgo de nuevas muertes.
Ese mismo día, Pablo Javkin también respaldó las leyes y pidió celeridad a la Legislatura. En ese marco, el socialismo puede parecer más aislado en su resistencia, pero conserva el peso parlamentario para impedir un acuerdo dentro del oficialismo.
Voceros cercanos a la conducción del PS consideran que Angelini cruzó un límite. Interpretan su intervención como parte de una avanzada para desgastar al PS y advierten que, en lugar de facilitar el entendimiento, hizo más difícil alcanzarlo.
El malestar no implica que haya una decisión de romper. Lo que sí fijan como posición es que no votarán las leyes tal como están.
Los contactos que siguen abiertos
Desde el sector de Bonfatti, cuestionan lo que leen como un planteo de “todo o nada” del Ejecutivo. “En todas las leyes algo modificamos”, recuerdan. Su planteo es que la negociación contemple una revisión más amplia y que se pueda discutir punto por punto qué herramienta se busca y cómo debe funcionar.
A la vez, el bonfattismo reivindica la responsabilidad de integrar una coalición de gobierno y evita dar por agotada la relación. Su insistencia en que habrá una solución puede leerse como una apuesta a preservar el método de acuerdos de Unidos, aun cuando las posiciones públicas parezcan alejarse.
El interrogante es si esas conversaciones pueden producir una propuesta que acepte el Ejecutivo. Por ahora, desde el entorno del gobernador remiten a los contactos entre legisladores y a las reuniones que los ministros ya mantuvieron. No aparece confirmado un nuevo encuentro político para cerrar las diferencias, habrá que esperar hasta última hora del miércoles o primera del jueves.
El jueves y el escenario posterior
¿Qué hará el Gobierno si las reformas vuelven a quedar pendientes? “Seguiremos pidiendo las leyes”, responde un funcionario cercano a Pullaro. ¿Y el socialismo? “El socialismo deberá explicará su posición”.
La respuesta anticipa que el Ejecutivo no está dispuesto a absorber en silencio otra frustración. Los más duros dentro del gobierno creen que habrá que dejar en claro, en ese caso, que el socialismo jugó con el peronismo. Es decir, con la oposición o “el kirchnerismo que gobernó Santa Fe con récord de homicidios”, según describió este mismo martes Pullaro, en diálogo con periodistas en Buenos Aires, cuando le preguntaron si era posible un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, cuestión que no descartó.
Esa declaración acaso haya reforzado sospechas de dirigentes socialistas que se preguntan si la “vocación hegemonista” que le atribuyen al pullarismo busca subordinarlos dentro de Unidos o empujarlos hacia afuera para, justamente, abrazarse a los libertarios.