El Colegio de Abogados de Rosario cuestionó el proceso de selección para cubrir el cargo de secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y pidió una modificación integral del reglamento que regula los concursos de funcionarios del Poder Judicial. El tema es un punto de fricción entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y el presidente del máximo tribunal. El Ejecutivo entiende que Rafael Gutiérrez busca apurar y limitar el reemplazo de Eduardo Bordas, un hombre de su estrecha confianza que durante años ocupó ese cargo clave.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que el actual sistema de evaluación “colisiona” con el nuevo marco constitucional de la provincia, surgido de la reforma de la Carta Magna de 2025, y reclamó que los procedimientos internos sean adecuados a estándares de transparencia, igualdad y concurrencia republicana.
“La relevancia que tiene para la abogacía y toda la sociedad la persona que ocupe tan distinguida función de gobernanza nos interpela a la revisión y análisis de las pautas de selección vigentes”, señaló el Colegio.
El planteo apunta al Reglamento para la Provisión de Cargos de Funcionarios en el Poder Judicial, al que la institución calificó como un sistema de “carácter cerrado” que, según su interpretación, impone obstáculos para la participación de abogados y abogadas que ejercen libremente la profesión.
Entre los puntos cuestionados, el Colegio mencionó la asignación de puntaje por antigüedad interna, la bonificación por cargo, los rubros vinculados a asistencia, puntualidad y conducta dentro del Poder Judicial, y la ponderación de cursos dictados por el Centro de Capacitación Judicial. Para la entidad, esos criterios generan una ventaja para quienes ya forman parte de la estructura judicial y dejan en desventaja a los profesionales independientes.
“El reglamento actual anula en los hechos la equivalencia de méritos y trayectorias, transformando el mandato constitucional de un concurso público abierto en un simple trámite administrativo de cooptación endógeno”, sostuvo el comunicado.
En ese marco, el Colegio de Abogados formuló un “pedido expreso y urgente” a la Corte Suprema provincial para que modifique de manera integral el reglamento de concursos de funcionarios y lo adecue “formal y materialmente” a la Constitución santafesina reformada.
“Un concurso diseñado por y para la corporación judicial no es un concurso constitucionalmente válido y muy difícil de explicar de cara a la sociedad”, advirtió la entidad.
Además, el Colegio pidió extender el plazo de inscripción vigente para el llamado a concurso del cargo de secretario de Gobierno. Según explicó, esa prórroga permitiría una mayor difusión de la convocatoria y daría más tiempo a los matriculados independientes para reunir, legalizar y presentar sus antecedentes profesionales.
La entidad cerró el comunicado con un planteo político-institucional más amplio: sostuvo que la democratización del servicio de justicia exige “una mirada externa, moderna y transparente” en los cargos de conducción y advirtió que mantener un sistema de evaluación cerrado “atenta de forma directa contra el nuevo orden constitucional de la provincia”.
El comunicado completo
Desde el Colegio de Abogados de Rosario, asumimos con la más alta responsabilidad gremial e institucional el proceso de selección del cargo de secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. La relevancia que tiene para la abogacía y toda la sociedad la persona que ocupe tan distinguida función de gobernanza nos interpela a la revisión y análisis de las pautas de selección vigentes. En virtud del nuevo marco de legalidad que rige en nuestro territorio, resulta indispensable exigir la inmediata adecuación de los procedimientos internos a los estándares de transparencia, igualdad y concurrencia republicana exigidos por nuestra ley fundamental.
La sanción de la Constitución de la Provincia de Santa Fe (reforma 2025) inauguró un cambio de paradigma definitivo e irreversible respecto de la democratización de las estructuras estatales. El texto fundamental ha venido a consolidar las garantías de la ciudadanía frente a la idoneidad y el acceso igualitario a las magistraturas y funciones públicas.
Frente a este imperativo constitucional, observamos con grave preocupación que los criterios de ponderación utilizados para evaluar a los aspirantes continúan atados al Reglamento para la Provisión de Cargos de Funcionarios en el Poder Judicial.
Dicha reglamentación arrastra una matriz de diseño de carácter cerrado que colisiona abiertamente con los artículos 20 y 128 inc. 5 del texto constitucional reformado, al establecer barreras cualitativas, arancelarias y cuantitativas insalvables para las abogadas y los abogados que ejercen libremente la profesión como ser: la asignación desproporcionada por antigüedad interna que configura una ventaja automática que resulta ontológicamente inalcanzable para el profesional de la matrícula independiente, sin importar su nivel académico o solvencia técnica; el impacto excluyente de la bonificación por cargo, la que reduce el concurso a una simple promoción de carrera vertical interna, partiendo el abogado litigante desde un piso de cero (0) puntos; la contemplación de rubros endogámicos y corporativistas como la reserva de puntajes base por asistencia, puntualidad y conducta interna, sumada a la exclusividad de ponderación por cursos dictados por el Centro de Capacitación Judicial, clausura la competencia real y consagra una desigualdad estructural que violenta la garantía de idoneidad e igualdad de oportunidades.
El reglamento actual anula en los hechos la equivalencia de méritos y trayectorias, transformando el mandato constitucional de un "concurso público abierto" en un simple trámite administrativo de cooptación endógeno.
Es por los fundamentos expuestos, que este Colegio de Abogados formula un pedido expreso y urgente a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para la modificación integral del Reglamento de Concurso de Funcionarios, a los fines de adecuarlo formal y materialmente a las mandas de la Constitución de 2025. Un concurso diseñado por y para la corporación judicial no es un concurso constitucionalmente válido y muy difícil de explicar de cara a la sociedad.
Asimismo, con el objeto de remover los obstáculos reales que restringen la participación de la abogacía independiente y garantizar una real igualdad de condiciones (Art. 12 y 20 de la Constitución Provincial), solicitamos formalmente la extensión del plazo de inscripción vigente para el llamado a concurso del cargo de Secretario de Gobierno. Ello permitirá la efectiva difusión de la convocatoria frente a la ciudadania y asegurará un tiempo prudencial y equitativo para la recopilación, legalización y presentación de los antecedentes profesionales de los matriculados independientes.
Por ultimo consideramos que la excelencia y la democratización del servicio de justicia exigen una mirada externa, moderna y transparente en sus cuadros de conducción general. Mantener un ecosistema de evaluación cerrado atenta de forma directa contra el nuevo orden constitucional de la provincia. El libre ejercicio de la abogacía reclama el derecho y el deber de competir en condiciones de real igualdad jurídica, aportando su vasta experiencia de gestión en beneficio de la ciudadanía santafesina.