La entrega del Nobel de la Paz de 2026 buscó llamar la atención sobre una crisis profunda: el debilitamiento del derecho internacional frente a los intereses de las grandes potencias. Al premiar a la jurista sudafricana Navi Pillay, el Comité Noruego puso el foco en las presiones contra las instituciones judiciales y quienes las integran. Las reacciones de Israel y Estados Unidos dieron una dimensión concreta a esa preocupación y expusieron una disputa central: hasta dónde puede llegar la justicia internacional cuando sus investigaciones afectan a los Estados más poderosos o a sus aliados.
La elección de Pillay tiene un significado jurídico y político concreto. Entre 2021 y 2025, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel. En septiembre de 2025, la comisión concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.
Su informe identificó cuatro de los cinco actos contemplados en la Convención sobre el Genocidio y sostuvo que las declaraciones de dirigentes israelíes, junto con el patrón de conducta militar, permitían inferir la intención de destruir, total o parcialmente, al grupo palestino en Gaza. Según la comisión, esa intención era “la única inferencia razonable”. Israel rechazó las conclusiones. El informe no constituye una sentencia judicial definitiva, pero representa una evaluación jurídica de extrema gravedad.
Apenas anunciado el premio, la oficina del primer ministro israelí acusó al Comité Nobel de haber “perdido su brújula moral” y calificó a Pillay de intolerante que construyó su carrera difundiendo “calumnias sangrientas” contra Israel. Ambas reacciones exponen esta tensión central del sistema internacional: la dificultad de hacer cumplir normas comunes cuando su aplicación afecta a los Estados más poderosos o a sus aliados.
El Comité Noruego explicitó el sentido político de la elección. Al anunciar el premio el 9 de octubre, su presidente, Jørgen Watne Frydnes, afirmó que “el sistema de derecho internacional está bajo una presión enorme y sus instituciones están siendo atacadas”. También señaló el avance de una política de poder que desplaza los marcos jurídicos. La elección de Pillay puso así en primer plano que cuando las normas ceden ante las relaciones de fuerza, la justicia pierde capacidad para limitar a los poderosos y la paz queda subordinada a sus intereses.
La trayectoria de la jurista ayuda a entender esa elección. Creció bajo el apartheid sudafricano y comenzó su carrera defendiendo a personas perseguidas por el régimen. Más tarde, como jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, contribuyó a establecer que la violencia sexual podía constituir un crimen de lesa humanidad y un acto de genocidio. También fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y jueza de la Corte Penal Internacional. Desde distintos cargos, su carrera estuvo atravesada por una misma cuestión: cómo impedir que la soberanía estatal se convierta en una garantía de impunidad.
La situación judicial de Benjamin Netanyahu agrega otra dimensión al conflicto. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad vinculados a la guerra en Gaza. Las órdenes no equivalen a condenas, pero indican que los jueces encontraron motivos razonables para creer que se habían cometido los delitos imputados.
En ese contexto, desacreditar a Pillay y cuestionar la legitimidad de las instituciones internacionales desplaza el foco de las conductas investigadas hacia quienes examinan su legalidad. Esta estrategia puede reforzar el argumento de que Israel es objeto de un trato internacional hostil, pero también profundiza su enfrentamiento con los organismos encargados de investigar posibles violaciones del derecho internacional.
La respuesta de Washington muestra que la disputa excede el caso israelí y alcanza el funcionamiento de la justicia internacional. El mismo día del anuncio del Nobel, la administración de Donald Trump impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional como institución, después de haber sancionado previamente a jueces y fiscales. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las medidas en la defensa de la soberanía estadounidense y en el rechazo a la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos de Estados Unidos. La Corte denunció que las sanciones buscan obstaculizar sus operaciones e intimidar a quienes trabajan con ella.
La controversia jurídica radica en que Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma, que creó la Corte. Sin embargo, ésta sostiene que puede investigar determinados crímenes cometidos en territorio palestino, dado que Palestina sí integra ese tratado. La jurisdicción depende también del lugar donde ocurrieron los hechos y de las condiciones previstas en el Estatuto.
Las objeciones pueden plantearse por vías judiciales. Las sanciones, en cambio, incluyen restricciones financieras y medidas contra quienes colaboran con la Corte, lo que puede dificultar su funcionamiento. En el caso israelí, la Corte Penal Internacional ya había rechazado objeciones de jurisdicción presentadas por el Gobierno de Netanyahu, sin cerrar la posibilidad de nuevos planteos en etapas posteriores.
La diferencia importa porque Washington no solo sostiene una posición jurídica: también protege intereses estratégicos y a un aliado central en Oriente Medio. Al intentar limitar la capacidad de la Corte, reduce el margen de actuación de una institución que puede investigar a dirigentes israelíes y, potencialmente, a ciudadanos estadounidenses. El costo puede extenderse más allá de esos casos: las sanciones pueden afectar la cooperación internacional y desalentar a empresas, organizaciones y gobiernos que colaboran con el tribunal. Para los aliados europeos, el dilema es preservar la relación con Estados Unidos sin renunciar a la defensa de una institución que consideran necesaria para sostener la justicia internacional.
Mientras el Comité Noruego reconocía una trayectoria dedicada a fortalecer la justicia internacional, Trump volvió a reclamar el Nobel y a atribuirse el fin de ocho guerras. El presidente estadounidense calificó la decisión de no otorgarle el premio como una deshonra para Noruega y cuestionó a Pillay, a quien describió como una figura desconocida. La diferencia entre ambas concepciones de la paz atraviesa el debate: los acuerdos diplomáticos pueden detener enfrentamientos y salvar vidas, pero no sustituyen la investigación de posibles crímenes ni eliminan la obligación de rendir cuentas. La negociación y la justicia internacional no son incompatibles. El conflicto aparece cuando un acuerdo se invoca para evitar responsabilidades.
El Comité Noruego no dictó una sentencia contra Israel ni declaró infalible a Pillay. Su decisión buscó respaldar instituciones capaces de investigar incluso cuando sus actuaciones incomodan a los gobiernos más poderosos. Las reacciones de Israel y Estados Unidos no determinan la validez jurídica de las conclusiones de la comisión, que debe evaluarse sobre la base de las pruebas. Sin embargo, muestran las presiones políticas que enfrentan las instituciones de justicia internacional cuando sus investigaciones afectan intereses estratégicos.
El derecho internacional siempre estuvo condicionado por la desigual distribución del poder. Cuando las grandes potencias pueden sancionar a jueces o debilitar a las instituciones que las investigan, esa desigualdad amenaza la aplicación misma de las normas. Los Estados con menos recursos para resistir las presiones son, precisamente, los que más necesitan reglas comunes.
El Nobel de la Paz de 2026 a Navi Pillay buscó llamar la atención sobre esa degradación. Las reacciones que provocó mostraron la dimensión del problema: cuando el cumplimiento del derecho depende de la voluntad de quienes tienen poder para eludirlo, las normas siguen vigentes sobre el papel, pero pierden capacidad para limitar a quienes más poder tienen para vulnerarlas.