“Claramente política”. Con esas dos palabras el gobierno de Javier Milei salió a cuestionar la marcha universitaria programada para este martes y advirtió que insistirá para que se transparenten los gastos de las casas de estudio.
“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política“, afirmó Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias. Como argumento, tomó la foto de rectores peronistas con el gobernador bonaerense Axel Kicillof o la adhesión de la CGT a la marcha.
“Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, dijo, por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El reclamo central de la marcha prevista para este martes es que el Gobierno ejecute la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso el año pasado. La norma incluye entre sus puntos principales una actualización salarial acorde a la inflación del periodo 2024 y 2025.
Sin embargo, la Casa Rosada argumentó que el proyecto no establecía de dónde disponer los fondos y, por lo tanto, infringía la Ley de Administración Financiera. Esto es rechazado por las universidades, las cuales presentaron un amparo y luego de dos fallos en su favor, aguardan una resolución por parte de la Corte Suprema.
El gobierno sostiene que la ley de emergencia universitaria es abstracta luego de la sanción del presupuesto, que es considerada la ley de leyes.