El proyecto de presupuesto 2027 que el gobierno nacional envió al Congreso anticipa la continuidad del conflicto con las universidades públicas. Mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que el sistema necesitará 11 billones de pesos el año próximo, la propuesta del Ejecutivo contempla alrededor de 7,3 billones, con lo cual hay una diferencia cercana a los 4 billones.
Este miércoles a las 14.30, rectoras y rectores de universidades públicas de todo el país presentarán en el Congreso su propio cálculo de recursos para 2027 ante diputados y senadores. Al frente de la exposición estará el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, acompañado por el vicepresidente del organismo, Anselmo Torres, y las autoridades de su comisión de Asuntos Económicos.
El cálculo de $11 billones incluye los recursos necesarios para salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y otras actividades del sistema universitario.
LPara establecer las necesidades de 2027 las universidades tomaron en cuenta tanto la ejecución de este año como las obligaciones contempladas en la ley de financiamiento universitario, que continúa en el centro del conflicto entre las casas de estudio y la Nación.
El Presupuesto vigente para 2026 había establecido originalmente $4,785 billones para las universidades nacionales. Durante el año las partidas fueron ampliadas y se estima que el gasto universitario terminará 2026 alrededor de los $6 billones. Para 2027, el Ejecutivo propone llevar el crédito a unos $7,3 billones.
El aumento nominal, sin embargo, no resuelve la discusión con las universidades. El CIN sostiene que el punto de partida debe incorporar primero la recomposición pendiente derivada de la ley de financiamiento, además de contemplar la inflación y las necesidades del sistema durante el próximo año. Por esa razón llevó su cálculo hasta los $11 billones.
“Es tan importante que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento, que repara lo perdido hacia atrás, como que tengamos un horizonte de previsibilidad hacia adelante”, planteó Bartolacci antes de la presentación en el Congreso. Según el rector de la UNR, ese horizonte sólo puede garantizarlo un presupuesto 2027 que otorgue “los recursos indispensables que las universidades necesitamos para funcionar bien”.
El problema de los salarios
Los salarios siguen siendo una de las cuestiones centrales del conflicto. En marzo, el propio CIN calculó que entre noviembre de 2023 y febrero de este año los trabajadores universitarios habían perdido alrededor de 32% de poder adquisitivo y que se necesitaba una recomposición del 47,3% sobre los haberes de febrero para regresar al nivel previo al inicio de la actual gestión nacional.
En junio, luego de la reapertura de la paritaria, el gobierno acordó una actualización de la masa salarial del 24,33%, distribuida entre un 21,33% en junio y otro 3% previsto para octubre. El CIN consideró aquel acuerdo un avance, aunque aclaró que no resolvía el atraso acumulado y mantuvo su reclamo por la aplicación integral de la ley de financiamiento.
Durante las últimas semanas el conflicto salarial volvió a intensificarse. Los gremios universitarios sostienen que el atraso vuelve a acercarse al 40% y realizaron nuevas medidas de fuerza.
El CIN sostiene que el Presupuesto debe contemplar además recursos para becas estudiantiles, ciencia y tecnología, extensión, hospitales universitarios y las restantes funciones de las universidades públicas. En marzo había estimado que las transferencias al sistema universitario acumulaban una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.
Más controles
El proyecto del gobierno incorpora además disposiciones que exceden el monto global. Según el texto, Capital Humano podrá interrumpir las transferencias a aquellas universidades que no presenten en tiempo y forma la información requerida para asignar, ejecutar y evaluar los recursos. Una disposición semejante ya rige en el presupuesto 2026.
También establece que los aumentos salariales de 2027 se aplicarán sobre las plantas docentes y no docentes vigentes en noviembre de 2026, salvo ampliaciones expresamente autorizadas.