Este domingo, casi 160 millones de brasileños están convocados a las urnas en una disputa que conserva las huellas de 2022, pero se desarrolla bajo condiciones diferentes. El oficialismo llega obligado a defender cuatro años de gestión, mientras el bolsonarismo enfrenta un desafío distinto: demostrar que puede mantener su peso electoral aun cuando su fundador ya no sea el candidato.
Las últimas encuestas muestran una competencia estrecha. La última medición de Datafolha ubica al oficialismo en 45 por ciento de los votos válidos, frente al 40 por ciento de Flávio Bolsonaro. En un eventual balotaje, la diferencia se reduce todavía más: 48 contra 45 por ciento, dentro del margen de error. Además, ambos candidatos concentran un 45 por ciento de rechazo.
Detrás de esos números aparece un electorado profundamente segmentado. La principal fortaleza del oficialismo está entre los sectores de menores ingresos, en el Nordeste, entre los mayores de 60 años y entre los católicos. En tanto, el candidato bolsonarista encuentra mayor respaldo entre los sectores de ingresos más altos, en el Sur y entre los evangélicos. En el Sudeste, la región más poblada del país, la competencia es mucho más ajustada.
La polarización brasileña no responde solamente a diferencias ideológicas: también tiene una geografía, una estructura social y una dimensión religiosa. El voto expresa, en buena medida, dos percepciones diferentes sobre el papel del Estado. Para una parte del electorado, como instrumento de protección y transferencia de ingresos. Para otra, como una estructura que debería reducir su peso y concentrarse en seguridad y orden.
Esa división explica la persistencia del bolsonarismo como fuerza electoral. La corriente construida alrededor del expresidente logró convertir el rechazo al Partido de los Trabajadores, el conservadurismo social y la preocupación por la inseguridad en una identidad política duradera. Ni la condena de Jair Bolsaronaro a 27 años de prisión por la trama golpista para impedir la asunción de Lula, ni su salida de la competencia lograron desarticular esa estructura. Por el contrario, el encarcelamiento se convirtió en uno de los principales argumentos de movilización de sus seguidores y en un elemento central de la campaña de su hijo.
Para el oficialismo, el problema es inverso. Después de casi cuatro años de gobierno, la campaña ya no puede apoyarse solamente en la comparación con el período anterior. La gestión debe hablar por sí misma. La reducción del desempleo, la recuperación de programas sociales y la mejora de distintos indicadores económicos forman parte del balance, pero conviven con una percepción más incómoda sobre el costo de vida y el poder adquisitivo.
La diferencia entre los indicadores y la experiencia cotidiana puede resultar decisiva. Una encuesta de Quaest mostró en septiembre que casi la mitad de los brasileños consideraba que la economía había empeorado durante el último año, mientras apenas 19 por ciento percibía una mejora. El dato revela una dificultad habitual para los gobiernos: los resultados macroeconómicos no siempre producen una sensación equivalente de bienestar en los hogares.
La seguridad agrega otra dimensión a la disputa. El crimen se convirtió en una de las principales preocupaciones del electorado y permitió que la derecha colocara nuevamente el orden público en el centro de la agenda. La respuesta oficialista buscó combinar seguridad con una mayor presencia estatal, mientras la oposición hizo de la lucha contra la violencia uno de sus principales argumentos.
Pero la elección presidencial será apenas una parte del nuevo equilibrio de poder. También se renovará toda la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y los gobiernos estaduales. El Congreso adquirió durante los últimos años una capacidad creciente para intervenir sobre el presupuesto y condicionar la agenda del Ejecutivo. Cualquiera que llegue al Palacio del Planalto tendrá que negociar con un Legislativo fragmentado y con capacidad suficiente para limitar sus márgenes de acción.
La cuestión institucional adquiere todavía más importancia por las vacantes que existen en organismos estratégicos. Entre ellas se encuentran cargos en el Supremo Tribunal Federal, el Banco Central y distintos organismos reguladores. La próxima administración tendrá influencia sobre buena parte de esas designaciones, pero muchas dependerán de la aprobación del Senado. El resultado de este domingo determinará, por lo tanto, algo más que la identidad del próximo presidente: también definirá el margen de maniobra que tendrá el próximo gobierno.
La dimensión internacional introduce otra disputa. Durante el actual mandato de Lula da Silva, Brasil recuperó el multilateralismo, los BRICS y la búsqueda de mayor autonomía frente a las grandes potencias. Una eventual administración bolsonarista plantea, en cambio, un vínculo más estrecho con Washington, especialmente con Donald Trump.
El margen para modificar el rumbo, sin embargo, tiene límites concretos. China es el principal socio comercial del gigante latinoamericano y esa relación tampoco se alteró sustancialmente durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pese a la retórica inicialmente crítica. El agronegocio brasileño depende del mercado chino, mientras Estados Unidos conserva un peso decisivo en inversiones, tecnología, servicios y seguridad.
La relación con Washington se convirtió también en un eje de la campaña. Las disputas comerciales y las acusaciones del gobierno de Lula sobre una intervención estadounidense en los asuntos internos de Brasil llevaron la soberanía al centro del debate, mientras el acercamiento a Donald Trump aparece como una de las principales diferencias entre el lulismo y el bolsonarismo. La suspensión temporal de los servicios consulares estadounidenses añadió esta semana un nuevo elemento de tensión bilateral.
En ese escenario, el resultado de este domingo permitirá medir varias cosas al mismo tiempo. Mostrará la capacidad del oficialismo para conservar el respaldo de sus bases tradicionales, la fuerza electoral que mantiene el bolsonarismo y el equilibrio de fuerzas que surgirá del próximo Congreso. De esa combinación dependerán el margen de acción del próximo gobierno y la forma en que Brasil ejercerá su peso político y económico en la región.