Durante décadas, la política colombiana estuvo organizada alrededor de una preocupación dominante: la seguridad. Guerrillas, narcotráfico, paramilitarismo y violencia territorial condicionaron gobiernos, campañas electorales y prioridades estatales hasta convertirse en el eje estructurante de la vida política nacional.
La llegada de Gustavo Petro al poder en 2022 parecía anunciar una ruptura con esa lógica.
Por primera vez, un presidente de izquierda accedía a la Casa de Nariño con la promesa de desplazar el centro de gravedad del debate colombiano. La desigualdad, la inclusión territorial, la reforma social y la redistribución debían reemplazar a la seguridad como principal preocupación política del país.
Cuatro años después, la pregunta central de estas elecciones no es si Petro logró modificar la conversación pública. En gran medida, lo hizo. La pregunta es otra: por qué la seguridad terminó regresando al centro de la escena.
Ese desplazamiento constituye, probablemente, la clave más importante para comprender la elección presidencial de este domingo.
La administración de Petro deja un legado mucho más contradictorio de lo que suelen admitir tanto sus partidarios como sus detractores. Por un lado, consiguió introducir debates históricamente relegados en una sociedad acostumbrada a interpretar sus problemas a través del conflicto armado. Pero, al mismo tiempo, buena parte de la sociedad comenzó a percibir que la agenda social avanzaba mientras persistían problemas que consideraba más urgentes: inseguridad, control territorial de grupos armados e incertidumbre económica.
La política de “paz total” sintetizó mejor que ninguna otra iniciativa esa tensión.
La estrategia buscaba negociar simultáneamente con guerrillas, disidencias de las FARC, organizaciones narcotraficantes y grupos criminales bajo la premisa de que la violencia colombiana ya no podía abordarse mediante categorías tradicionales. El objetivo era desmontar las economías ilegales que alimentaban el conflicto y reducir la violencia a través de acuerdos múltiples y paralelos.
Pero la política suele juzgar resultados antes que intenciones.
Mientras el gobierno impulsaba negociaciones complejas, regiones como Catatumbo, Cauca, Arauca o Guaviare continuaron registrando dinámicas de violencia, desplazamiento y control territorial armado. Más allá de los indicadores específicos, comenzó a instalarse una percepción políticamente decisiva: el Estado parecía negociar sin haber logrado consolidar plenamente su autoridad.
Esa percepción terminó reconfigurando el escenario electoral. Y también ayuda a explicar la configuración actual de la carrera presidencial.
Las encuestas publicadas en la recta final de la campaña ubican a Iván Cepeda al frente de la intención de voto. El senador y referente histórico de la izquierda colombiana se presenta como el heredero político del petrismo y apuesta a preservar las transformaciones impulsadas durante los últimos cuatro años sin reproducir el estilo confrontativo del presidente saliente.
Detrás aparece Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y figura asociada a sectores de ultraderecha, que construyó su candidatura alrededor de una promesa simple pero políticamente poderosa: restaurar autoridad en un país donde amplios sectores perciben un debilitamiento de la capacidad estatal para garantizar orden y seguridad.
Más atrás, aunque todavía con posibilidades de disputar un lugar en la segunda vuelta, se encuentra Paloma Valencia. Senadora y una de las figuras más representativas del uribismo, encarna una derecha más institucional, vinculada a la tradición de seguridad democrática impulsada por Álvaro Uribe, aunque enfrenta dificultades para competir con liderazgos más confrontativos que capturan parte del malestar social.
La fragmentación electoral constituye uno de los rasgos distintivos de esta elección. El sistema colombiano exige que un candidato supere el 50 por ciento de los votos válidos para ser elegido en primera vuelta, un escenario que hoy parece altamente improbable. Todo indica que la verdadera batalla política se trasladará al balotaje, donde no solo se definirán alianzas, sino también la capacidad de cada espacio para interpretar las prioridades de un electorado cada vez más heterogéneo y volátil.
Lo relevante es que los tres candidatos mejor posicionados representan respuestas distintas frente a una misma inquietud social. Cepeda propone profundizar el proceso de transformación iniciado por Petro. De la Espriella plantea una restauración del orden a través de un Estado más duro frente al crimen y los grupos armados. Valencia ofrece una versión más tradicional del conservadurismo colombiano, apoyada en la experiencia institucional y la seguridad democrática.
La economía constituye, probablemente, uno de los aspectos más disputados del legado de Petro.
Contra muchos de los pronósticos formulados cuando llegó al poder, Colombia no atravesó una crisis económica, ni una fuga masiva de inversiones, ni un deterioro abrupto de sus principales indicadores sociales. Por el contrario, el desempleo cayó hasta ubicarse en 8.9 por ciento, su nivel más bajo en lo que va del siglo. Se generaron más de 600 mil empleos netos durante 2025, el salario mínimo acumuló incrementos reales superiores a la inflación y la pobreza continuó reduciéndose durante buena parte del mandato.
Estos resultados permitieron al gobierno construir una narrativa de éxito social difícil de desestimar. Para sus partidarios, constituyen la evidencia de que es posible combinar crecimiento, redistribución y ampliación de derechos en uno de los países más desiguales de América Latina.
Sin embargo, el debate económico colombiano no se agotó en esos indicadores. Persistieron tensiones fiscales, aumentó la cautela inversora y se profundizaron las discusiones sobre el futuro de la política energética en una economía donde el petróleo continúa siendo una fuente central de ingresos y exportaciones. Para sus críticos, los avances sociales convivieron con señales de fragilidad que podrían condicionar el desempeño económico de los próximos años.
Precisamente en esa tensión entre mejora social e incertidumbre económica se encuentra una de las claves para comprender el legado de Petro.
Sus defensores sostienen que el gobierno logró avances sociales concretos en uno de los países más desiguales de América Latina. Sus críticos responden que parte de esos logros convivieron con mayores presiones fiscales, caída de la inversión privada y un deterioro progresivo de la confianza empresarial.
Lo llamativo es que, pese a los conflictos institucionales, los escándalos políticos y las dificultades de gestión, Petro llega al final de su mandato con niveles de aprobación considerablemente más altos de los que muchos anticipaban. Algunas encuestas recientes ubican su imagen positiva cerca del 46 por ciento e incluso rozando el 49 por ciento, una recuperación significativa para un presidente que llegó a caer por debajo del 30 por ciento durante los momentos más críticos de su gestión.
Ese dato ayuda a entender otro fenómeno central de esta elección: el petrismo llega desgastado, pero no derrotado.
Pero la relevancia de esta elección excede ampliamente a Colombia.
Durante los últimos años, buena parte de América Latina vio llegar al poder gobiernos impulsados por promesas de transformación social. Sin embargo, una vez en el gobierno, muchos de ellos terminaron enfrentando la misma tensión: cómo impulsar cambios profundos sin perder estabilidad.
La experiencia colombiana expone con claridad ese dilema. Porque las agendas de transformación pueden abrir las puertas del poder, pero la capacidad para administrar orden y gobernabilidad sigue siendo una condición indispensable para conservarlo.