Fue una semana dura para el gobierno en el Congreso. Es que si bien consiguió finalmente que el Senado aprobara la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, tuvo que sacrificar en el camino buena parte del proyecto que había presentado originalmente ante la resistencia de sus propios aliados. Primero cayó el capítulo que habilitaba la extranjerización de la tierra y luego, durante la sesión, tuvo que entregar el que reformaba la ley de manejo del fuego. Con ese articulado buscaba levantar restricciones para que zonas incendiadas, como suele en las islas del Paraná, fueran usadas de manera inmediata productiva o comercialmente.
Después de más de diez horas de debate, la Cámara alta aprobó en la madrugada de este viernes la iniciativa por 37 votos afirmativos y 33 negativos. Con la media sanción, el texto pasó ahora a la Cámara de Diputados.
Lejos de la mayoría propia, La Libertad Avanza pudo conseguir los votos de sus aliados habituales después de retirar, en menos de 48 horas, los dos capítulos que habían concentrado el mayor rechazo político y social: el que modificaba la ley de tierras para flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros y el que alteraba la ley de manejo del fuego.
Lo que sobrevivió del proyecto se concentra fundamentalmente en acelerar los procesos de desalojo y modificar las condiciones bajo las cuales el Estado puede expropiar bienes privados.
El capítulo sobre Manejo del Fuego llegó vivo al recinto pero murió antes de la votación.
A medida que avanzaba el debate empezó a quedar claro que el oficialismo no tenía los votos para aprobarlo. Senadores radicales y de fuerzas provinciales que estaban dispuestos a acompañar el resto de la ley rechazaban modificar las restricciones vigentes para el uso y cambio de destino de tierras afectadas por incendios.
La ley actual impide durante 30 o 60 años, según el tipo de terreno, realizar determinados cambios sobre superficies incendiadas. El proyecto del Ejecutivo buscaba flexibilizar esas prohibiciones.
Uno de los primeros en marcar públicamente la diferencia fue el radical bonaerense Maximiliano Abad, que respaldó las reformas sobre expropiaciones y desalojos pero advirtió que el cambio en materia de incendios podía vulnerar el principio constitucional de protección ambiental.
Los rumores de que el gobierno iba a ceder en el tema empezaron a circular varias horas antes de la votación. Finalmente, cuando ya resultaba evidente que no había mayoría, el miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, pidió retirar íntegramente el capítulo.
La segunda concesión importante de La Libertad Avanza en apenas dos días fue recibida con aplausos desde las bancas opositoras.
El miércoles, después de semanas de negociaciones, modificaciones y sucesivos borradores, Patricia Bullrich había comunicado que el oficialismo desistía de modificar la ley de tierras rurales.
La propuesta inicial eliminaba los límites vigentes para la adquisición de tierras por extranjeros. Ante las dificultades para reunir votos, el gobierno ensayó una alternativa intermedia: elevar del actual 15% al 25% el límite nacional de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras.
La resistencia de gobernadores, senadores dialoguistas y organizaciones sociales terminó obligando al oficialismo a retirar completamente ese capítulo para evitar que arrastrara al resto del proyecto.
Una aprobación ajustada
Ya sin los dos capítulos más conflictivos, La Libertad Avanza pudo conservar la alianza parlamentaria necesaria para alcanzar los 37 votos, exactamente el número que terminó reuniendo en la votación general.
El rechazo cosechó 33 votos. Antes, el peronismo había intentado devolver todo el proyecto a comisión, pero esa moción fue rechazada por 38 contra 31.
El oficialismo contó con sus propios senadores y el acompañamiento de radicales, representantes del PRO y legisladores de bloques provinciales. El peronismo votó en contra, acompañado por otros sectores opositores.
Los tres representantes santafesinos quedaron divididos de acuerdo con sus pertenencias políticas.
Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos de la UCR, votaron a favor de la media sanción, mientras que Marcelo Lewandowski, del bloque Justicialista, lo hizo en contra.
Qué quedó de la ley
Una vez eliminadas las reformas sobre tierras extranjeras y terrenos incendiados, el texto aprobado mantiene cambios importantes.
En materia de desalojos, establece que los procesos urbanos y rurales tramiten mediante juicio sumarísimo. También permite pedir la restitución anticipada de un inmueble ocupado por intrusos o tenedores precarios y establece procedimientos más rápidos en casos de falta de pago de alquileres.
Durante la negociación se incorporó una salvaguarda para los casos en que haya menores de edad o personas con discapacidad: el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y podrá otorgarse un plazo de hasta diez días para garantizar una alternativa habitacional.
El otro eje central son las expropiaciones. La iniciativa dispone que la declaración de utilidad pública sea interpretada de manera restrictiva y que el Estado deba justificar de forma concreta que la expropiación es idónea, necesaria y proporcional.
También introduce nuevas pautas para calcular las indemnizaciones, tomando como referencia el valor de mercado, los daños directos y, bajo determinadas condiciones, el lucro cesante.
Además se incorporó una disposición para facilitar la regularización dominial de inmuebles rurales ocupados durante al menos diez años por agricultores familiares.