La Justicia federal dio un nuevo paso en el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales y esta vez resolvió el planteo de fondo. El juez Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), distintas universidades y docentes, declaró inconstitucional una parte del decreto 759/2025 del gobierno de Javier Milei y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario.
La resolución fue difundida este martes por el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, Franco Bartolacci.
En la parte resolutiva, Cormick dispuso hacer lugar a la acción presentada contra el Estado nacional y también al amparo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que había sido acumulado a la misma causa.
El juez declaró específicamente la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 en cuanto estableció que la promulgación de la ley se hacía “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”.
Ese agregado había sido utilizado por el Ejecutivo para condicionar la ejecución de la ley 27.795 a la determinación de una fuente específica de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.
Cormick resolvió ahora que esa condición es inconstitucional y ordenó al Ejecutivo “el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”. La sentencia también impone las costas del proceso al Estado nacional.
Un conflicto que lleva casi un año
La decisión representa una instancia diferente a las medidas judiciales que se habían conocido hasta ahora, porque ya no se trata solamente de una cautelar destinada a garantizar provisoriamente algunos aspectos de la ley, sino de una sentencia sobre el planteo central realizado por las universidades contra el decreto presidencial.
El conflicto judicial se inició después de que el Congreso aprobara en 2025 la ley 27.795 de financiamiento. Milei vetó inicialmente la norma, pero ambas cámaras del Congreso insistieron posteriormente con mayorías de dos tercios, por lo que la ley quedó sancionada definitivamente.
El Poder Ejecutivo la promulgó mediante el decreto 759/2025, aunque introdujo la referencia al artículo 5 de la ley 24.629, según el cual las normas que generen gastos deben identificar su financiamiento y, si no lo hacen, su ejecución puede quedar suspendida hasta que existan las partidas presupuestarias correspondientes. El CIN, rectores y docentes acudieron entonces a la Justicia para cuestionar esa decisión y reclamar la aplicación efectiva de la ley.