La Legislatura de Santa Fe tendrá este jueves una definición clave con respecto a la regulación de la actividad de los cuidacoches en la vía pública. El Senado provincial tratará el proyecto que modifica el Código de Convivencia, debiendo resolver si acepta las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados o si insiste con su redacción original, para lo cual requeriría una mayoría de dos tercios de los votos.
El proyecto original del Senado, impulsado por el rosarino Ciro Seisas, establecía la prohibición general de la actividad en espacios no autorizados, fijando sanciones de trabajo comunitario y arresto de 10 a 20 días en caso de reincidencia.
Al respecto, Seisas argumentó la necesidad de mantener el texto original para proveer una "ley marco" a los municipios que venían solicitando herramientas para intervenir.
El legislador cuestionó el texto de la Cámara baja al entender que "quedó redactado de una manera en que tenés que demostrar que hay intimidación o amenaza", relativizando la prohibición. Asimismo, pidió cautela sobre el impacto real de la norma.
"Si la ley se aprueba, de ninguna manera viene a resolver en 30 años una norma de siete artículos", advirtió, señalando que el objetivo final es llegar al día en que "vayas a un recital y no te cobren, vayas a la cancha y no te aprieten o pares en un semáforo y no intimiden".
Por su parte, la versión aprobada en Diputados modificó el enfoque punitivo, acotando las sanciones únicamente a quienes “exijan o requieran de manera intimidatoria” una retribución económica. Esta opción delega en cada comuna la potestad de prohibir o autorizar la actividad en su territorio, sumando además un programa de abordaje social para situaciones de vulnerabilidad o consumo problemático, y la creación de dos nuevos cargos de jueces penales en Rosario y Santa Fe.
La postura del Ministerio de Seguridad
El debate sumó una definición de peso por parte del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien coincidió en que la actividad representa un "factor de riesgo" y un "contacto social no solicitado", pero pidió evitar la judicialización del proceso contravencional.
"No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un gastadero de plata y hay formas más baratas de resolverlo, como habilitar al policía para que lo saque y listo", señaló en declaraciones a Aire de Santa Fe.
Cococcioni recordó también que existen realidades diversas en la provincia, mencionando que "hay ciudades donde el municipio le da una tiquetera a los cuidacoches en vez de tener el estacionamiento medido". Por ello, consideró que la regla debe ser penalizar la actividad allí donde esté expresamente prohibida a nivel local. Para estos casos, la propuesta del Ministerio de Seguridad consiste en aplicar un "decreto penal de prohibición de concurrencia" que permita retirar al infractor de la zona mediante el auxilio de la fuerza policial.
El realismo legislativo y los escenarios posibles
En tanto, la diputada Lionella Cattalini, una de las articuladoras del consenso en la Cámara baja, defendió la viabilidad del texto modificado por su cuerpo. En diálogo con Radio 2 este miércoles, consideró que la prohibición de acercamiento al lugar es la medida más "sensata y fácil de cumplir" para las autoridades, y remarcó la importancia de legislar con realismo. "No había que vender humo con los trapitos y decir que vamos a solucionar el problema con la ley porque eso no es así", afirmó.
En El Contestador, Cattalini sostuvo además que "no había que penalizar a todos los trapitos porque eso es un tema municipal", aunque ratificó que sobre quienes ejercen violencia o intimidación "obviamente hay que caerle con el peso de la ley".
De cara a la sesión de este jueves, la legisladora repasó los tres escenarios técnicos posibles: que el Senado convierta en ley las modificaciones de Diputados, que insista con su primera media sanción alcanzando los dos tercios de los votos, o que el proyecto pierda estado parlamentario por falta de tratamiento.