Un grupo de manifestantes que protestan por la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que se debate este miércoles en la Cámara de Diputados, protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso. El conflicto comenzó minutos antes de las 17, cerca de Av. de Mayo y San José.
Las primeras confrontaciones se dieron mientras el contingente –integrado por ambientalistas, organizaciones sociales y partidos de izquierda– se desplazaba desde 9 de Julio a Congreso. Fue entonces que efectivos de la Policía de la Ciudad establecieron un cordón e instaron a los manifestantes a subir a la vereda.
Enfrentamientos con la Policía
A raíz de aquella intervención policial es que se produjeron los primeros cortocircuitos entre ambos bandos. Solo una persona fue detenida hasta el momento por “haber empujado a un efectivo”, supo LA NACION. El cordón policial se encuentra apostado a la altura de Sáenz Peña y es resguardado por un camión hidrante.
“Es un exceso. Nos gasearon. Nos empujaron. Nos pusieron a todos los policías atrás, en fila, y empezaron a empujar. Veníamos desde 9 de Julio y nos desplazábamos a Congreso. Nos pusieron a todos los cascarudos [la Policía] y empezaron a golpearnos, empujarnos y gasearnos”, dijo un manifestante.
El debate legislativo se da en el marco del tratamiento de una reforma que propone acotar la protección que la ley vigente otorga al ambiente glaciar y periglacial, limitándola únicamente a aquellas formaciones cuya función hídrica esté científicamente comprobada. En la práctica, esto implicaría que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo resguardo, sino solo aquellas geoformas consideradas reservas estratégicas de agua.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, también plantea redefinir el alcance de las zonas protegidas y delegar en las provincias la determinación de los estándares de preservación. Además, se analiza que la Secretaría de Energía tenga la última palabra en caso de diferencias entre jurisdicciones y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares.
Desde el oficialismo y las provincias mineras sostienen que la iniciativa permitiría destrabar inversiones por unos US$20.000 millones, principalmente en proyectos de cobre y litio, en el marco de la creciente demanda global por la transición energética. En esa línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) afirmó: “La minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente”.
Por el contrario, organizaciones ambientalistas y sectores de la comunidad científica rechazan la reforma y advierten que podría implicar un retroceso en la protección ambiental. Sostienen que, de aprobarse, la norma sería judicializada por considerarla inconstitucional y regresiva, al entender que viola los presupuestos mínimos de conservación y pone en riesgo la provisión de agua en distintas cuencas hidrográficas.
Además, cuestionan que la habilitación de actividades extractivas en zonas hoy protegidas podría quedar sujeta a decisiones “discrecionales” de las provincias, en articulación con empresas del sector, lo que —según advierten— debilitaría los controles sobre ecosistemas considerados estratégicos.