La visita de Javier Milei a Nueva York dejó algo más que su tercer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Expuso una apuesta por redefinir el lugar de la Argentina en el mundo: profundizar la alianza con Estados Unidos, cuestionar las restricciones que atribuye al multilateralismo y convertir los recursos naturales en una fuente de relevancia internacional.
La estrategia combina alineamiento geopolítico, apertura económica y una concepción de la soberanía asociada a la libertad de decisión de los Estados. Pero hay una pregunta que atraviesa esa narrativa: ¿Milei está construyendo poder para la Argentina o está redefiniendo la soberanía como la libertad de alinearse con Estados Unidos sin las restricciones que atribuye al orden multilateral?
El lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, impulsado por los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, permite examinar esa incógnita. La iniciativa fue presentada el 23 de septiembre en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau. Busca conectar las zonas mineras del noroeste y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico, mediante inversiones en energía, transporte e infraestructura, para facilitar la exportación de recursos estratégicos.
El entendimiento contempla explorar proyectos por hasta US$ 7.000 millones hasta 2027. En paralelo, se firmó un documento para avanzar en una eventual línea de crédito de hasta US$ 6.000 millones destinada al proyecto argentino de exportación de gas natural licuado (GNL), que aún debe ser aprobada.
Para Washington, el corredor busca fortalecer las cadenas de suministro de energía y minerales críticos, ampliar las oportunidades para sus empresas y afianzar su presencia regional frente a China. Para Buenos Aires, puede representar una vía para atraer inversiones y ampliar su capacidad exportadora. Sin embargo, los montos anunciados no equivalen a fondos ya desembolsados ni garantizan que la Argentina capture el valor de los recursos que aporta. El resultado dependerá de las condiciones de los acuerdos y de la capacidad del país para negociar sus propios intereses.
La relación con Estados Unidos ofrece oportunidades, pero se desarrolla entre actores con capacidades muy diferentes. Washington define sus prioridades en función de sus intereses estratégicos. La cercanía política puede facilitar acuerdos, pero no elimina la asimetría ni garantiza que las prioridades de ambos países coincidan. La pregunta es cuánto margen conserva la Argentina para establecer condiciones y defender sus intereses cuando aparecen divergencias.
La visión de Milei sobre el orden internacional quedó expuesta en su discurso ante Naciones Unidas. Nuevamente calificó al organismo de “organización inútil” y cuestionó su burocracia, la Agenda 2030 y las políticas ambientales y de género. También acusó a organismos internacionales de haber promovido durante la pandemia políticas de confinamiento que, según sostuvo, provocaron millones de muertes evitables. Llegó a calificar esas medidas de “genocidio” y las presentó como parte de un experimento global de control social.
Aunque puso en tela de juicio la legitimidad de las instituciones para condicionar las decisiones soberanas, el presidente aclaró que la Argentina seguirá participando de los foros multilaterales. “No confundimos cooperación con subordinación”, afirmó. La frase sintetiza su planteo: cooperar con el mundo, pero sin aceptar reglas que, desde su perspectiva, limiten la libertad de acción.
Sin embargo, las instituciones multilaterales también son espacios en los que países con capacidades desiguales pueden construir posiciones comunes. La debilidad de Naciones Unidas frente a las grandes potencias es evidente, pero cuestionar su legitimidad no resuelve por sí mismo esa desigualdad. Para un país como la Argentina, el desafío es ampliar su capacidad de negociación en un sistema donde el poder está distribuido de manera asimétrica.
La cuestión Malvinas puso esa asimetría en primer plano. Durante la Asamblea General, Trump se reunió con el primer ministro británico, Andy Burnham, quien confirmó que había planteado la cuestión de las islas y expuesto la posición del Reino Unido. Según el propio Burnham, el presidente estadounidense comprendió los argumentos británicos. No trascendieron detalles de la conversación ni se anunció un cambio en la posición de Washington sobre la soberanía del archipiélago.
El episodio resulta significativo para la estrategia de Milei. Mientras el libertario busca afianzar su vínculo con Trump, Londres también despliega su diplomacia para preservar el respaldo estadounidense a su posición sobre las islas. La cercanía con Washington no garantiza, por sí sola, que los intereses argentinos prevalezcan cuando entran en tensión con los de otro aliado.
Por su parte, el mandatario argentino denunció en su discurso ante la Asamblea General, el avance del proyecto petrolero Sea Lion y reclamó retomar las negociaciones con el Reino Unido. También abordó la cuestión Malvinas con Benjamín Netanyahu, aunque no se confirmó si hablaron específicamente de Navitas Petroleum, la empresa israelí que controla el 65 por ciento del proyecto junto con la británica Rockhopper.
La relación con Israel expone otro límite de la afinidad política. Netanyahu había señalado anteriormente que Navitas es una empresa privada y que su actividad escapa al control del Gobierno israelí. La reunión en Nueva York no dejó constancia de un cambio en la posición ni de un compromiso sobre la petrolera. Lo cierto es que ni la cercanía ideológica ni una alianza estratégica eliminan los intereses divergentes: defender los propios depende también de la capacidad para negociar.
La inteligencia artificial planteó otra dimensión de la discusión. Mientras Milei prometió que la Argentina estará “en la vanguardia de la libertad” y defendió un marco que evite la regulación preventiva, Sam Altman, CEO de OpenAI, y Dario Amodei de Anthropic, reclamaron ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estándares internacionales de seguridad, evaluaciones de riesgo y salvaguardas para los sistemas más avanzados. Altman también sostuvo que las decisiones no pueden quedar exclusivamente en manos de las empresas y planteó la necesidad de cooperación entre gobiernos.
La discusión excede el debate entre regulación e innovación. Se trata de quién establece las reglas de una tecnología que concentra poder económico y estratégico. La Argentina puede atraer inversiones en centros de datos y otras infraestructuras digitales gracias a sus recursos energéticos y su capital humano. Pero esa oportunidad exige infraestructura, formación y capacidad para retener parte del valor generado. La desregulación, por sí sola, no garantiza esos resultados.
El viaje de Javier Milei a Nueva York dejó una estrategia reconocible, pero no una respuesta definitiva sobre sus consecuencias. El mandatario busca una Argentina alineada con Occidente, abierta a las inversiones y menos condicionada por las instituciones que cuestiona. La incógnita es si esa orientación ampliará las opciones del país o si lo hará más dependiente de decisiones que se toman fuera de sus fronteras.
El desafío no es cuánto se alinea con Occidente, sino qué capacidades obtiene la Argentina a partir de ese alineamiento. La soberanía no se demuestra solamente rechazando condicionamientos externos ni proclamando la libertad de decidir. También se mide en la posibilidad efectiva de negociar, sostener intereses propios y actuar cuando los objetivos de los aliados no coinciden con los nacionales.
Elegir de qué lado de la disputa global se quiere estar es una decisión política. Conseguir que esa elección se traduzca en poder propio es el verdadero desafío. Porque, en un mundo atravesado por la competencia entre potencias, la autonomía no se proclama: se construye.