La Corte Suprema protagonizó un hecho inaudito al fallar en contra de una decisión propia con solo diez días de diferencia. En ese lapso, la ley de tierras, la que regula y limita la compra de tierras productivas, limítrofes y con recursos naturales valiosos, pasó de estar vigente a estar derogada, y de nuevo a estar vigente.
La Corte es un tribunal que, por lo general, no tiene plazos para fallar. Por eso, el manoseo de esa ley no solo ratifica la anormalidad institucional de tener una Corte de apenas tres miembros, sino que la expone dictando fallos en sintonía con las necesidades del poder, en este caso, del gobierno. Esta es otra parte difícil de comprender para quien no sigue el tema de cerca. El mismo gobierno que desde el primer día quiso derogar la ley de tierras ahora pidió a la Corte que cambie el fallo que supuestamente lo beneficiaba y deje vigente la ley que hasta hace unos meses no quería.
¿La Corte se equivocó en el primer fallo o en el segundo? La génesis del problema está en el primero, cuando se metió a resolver –vaya a saber por qué motivo– un asunto que el gobierno y el Congreso habían cerrado, provisoriamente, pero cerrado al fin. Sobre todo el gobierno, que entre la presión social y la oposición se vio obligado a retirar la derogación de la ley de tierras para permitir que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada avanzara en las cámaras.
Aquel primer fallo del 29 de septiembre tuvo una interpretación ampliamente extendida: que se trataba de un favor al gobierno para que obtuviera, por vía de una formalidad procesal (ni siquiera se trataba de la cuestión de fondo), lo que no había conseguido en el Congreso.
Este segundo fallo, el del viernes, va en sentido contrario, pero no hay dudas de que se hizo con premura y sobre la base de las necesidades políticas coyunturales de la Casa Rosada. El gobierno necesitaba ese contrafallo para reponer la ley de tierras y así desactivar la movida opositora en la Cámara de Diputados prevista para el jueves próximo, que apuntaba ya no a derogar el decreto 154 (el que derogaba la ley), sino todo el decreto 70/23.
Para la oposición no iba a ser sencillo conseguir la cantidad de diputados necesaria para tumbar el DNU en bloque y casi tres años después de que Milei lo firmara. Igualmente, el gobierno prefirió no arriesgarse ni tener que pedirles socorro a los gobernadores y partidos provinciales para salvarlo en momentos en que intenta convencerlos de que lo ayuden a derogar las Paso y aprobar el presupuesto 2027.
La ley de tierras no es prioridad en la Casa Rosada. Otra rareza de este gobierno. Siempre llamó la atención la obsesión con la que desde el primer día batalló para que personas y corporaciones extranjeras pudieran comprar sin ninguna restricción tierras productivas, limítrofes y cercanas a riquezas naturales. Ahora le pide a la Corte que reponga la cautelar contra su propio decreto de derogación. ¿La derogación fue el intento de favorecer a intereses con nombre y apellido o es el fruto de una obsesión ideológica del “Coloso” Sturzenegger?
¿Y ahora cómo sigue la película? La oposición comprobó que el amparo judicial es una herramienta demasiado vulnerable como para sostener la ley de tierras. Y, a su vez, el gobierno se da cuenta de que el remedio que le concedió la Corte le baja la fiebre de estos días, pero que la oposición en Diputados intentará tumbar el decreto 70/23 cada vez que se le abra una ventana de oportunidad.
¿Qué es la ley de tierras para la sociedad argentina?
La ley que regula y limita la propiedad de tierras conserva una aceptación social mayoritaria en un país que votó a un gobierno que piensa que limitar la propiedad privada es inconcebible y pretende derogar la norma.
A primera vista hay una tensión allí, una contradicción sobre la que indagar. Y aunque no trabajaron el caso concreto, lo de la ley de tierras bien puede encuadrarse en algunas de las conclusiones del último estudio de la consultora Escenario, que dirigen los politólogos Federico Zapata y Pablo Touzón.
En los resultados del sondeo (del 3 al 11 de septiembre de 2026, 2.235 casos en todo el país) encuentran un consenso muy alto sobre “la batería de acuerdos sobre economía y rol del Estado”. “La educación y la salud públicas y gratuitas reúnen 72,5% de acuerdo; la intervención estatal para reducir desigualdades, 70,6%; la idea de que la brecha entre ricos y pobres es injusta y hay que corregirla activamente, 65,5%; el aumento de impuestos a las grandes fortunas, 61,9%”. Se puede agregar que la única institución con mayoría de confianza es la universidad pública: 69,3% (las Fuerzas Armadas siguen con 47%).
Esas afirmaciones conviven con otras que pueden interpretarse en sentido contrario. El 58,9% acuerda con afirmaciones como “si a las empresas les va bien, a todos nos va mejor: no hay que ponerles trabas”; el 52,9% cree que “cada uno tiene el nivel de vida que se ganó con su esfuerzo”; el 52,9% atribuye al déficit del Estado la causa principal de los problemas económicos; y el 49,7% sostiene que los planes sociales generan gente que no quiere trabajar.
Sintetizan Zapata y Touzón: “La lectura conjunta es la de una sociedad que quiere un Estado que garantice bienes públicos y corrija desigualdades, pero que no desconfía del mercado ni de la empresa, que valora el esfuerzo individual y que no confía en las organizaciones intermedias del mundo del trabajo”.
En otro capítulo del estudio, los datos obtenidos les indican que “en lo cultural, la sociedad separa los derechos (feminismo, LGTBI, género) de la ‘agenda’”. Lo dicen así: “La sociedad no cuestiona la igualdad, cuestiona la militancia de la igualdad, su lenguaje y sus portavoces”. (Una idea interesante para continuar la indagación sociológica, porque el denominador común en la historia de la humanidad es que hay derechos porque hubo militancia y luchas de las más diversas formas, tiempos e intérpretes que los hicieron posibles).
“La demanda dominante no es de izquierda ni de derecha: es de un Estado protector en lo económico y ordenador en lo social, en el marco de una añoranza por un país anterior. Una vieja cultura que retorna, pero esta vez –o todavía– sin un intérprete preciso”, concluyen.
En definitiva, “la Argentina se está reestatizando en sus expectativas y derechizando en sus identidades, y ambas cosas ocurren al mismo tiempo porque no son contradictorias en la cultura política argentina”.
Los datos de Escenario conducen a que “la demanda de Estado, en la medida en que crece como reacción al gobierno, es capturada por el peronismo y no por la izquierda convencional”, por más que Myriam Bregman haya dado un notable salto en imagen en las encuestas. Por lo tanto, si “el bloque decisivo de 2027 es el de los ambivalentes: mixtos en lo económico y en lo cultural, moderados, nostálgicos, que quieren Estado y orden, y que hoy están repartidos en partes iguales y sin dueño”, es ahí donde el peronismo parece estar llamado a darse la tarea de recuperar votantes.
Por el lado del oficialismo, “las respuestas muestran que el gobierno conserva el monopolio de la derecha, pero ha perdido el centro y padece una deserción de su propio electorado, en particular de los jóvenes y de los hombres que se alejaron de la política”.
Los movimientos en la cúpula dirigencial del oficialismo parecen dar cuenta de ese señalamiento que dejan Touzón y Zapata. Cabe preguntarse si Patricia Bullrich, por ejemplo, cuando se diferencia abiertamente del gobierno, lo hace porque está viendo que la radicalización del presidente le deja campo libre para proyectarse a la presidencia como la candidata moderada, o si está trabajando para “el proyecto”, conteniendo al electorado de centro que está dando signos de alejamiento. Probablemente sean ambas cosas, porque en el fondo es un juego en el que las dos partes ganan.
A la pregunta de cómo observa el vínculo de Milei con la sociedad argentina después de casi tres años de gestión, el politólogo argentino y profesor de la Universidad de Lisboa Andrés Malamud sostiene que “dos tercios de los argentinos no soporta más a Milei. Y hay dos tercios que no quiere volver al pasado. Hay un solapamiento de un tercio”. Sigue: “Ese tercio dice ‘no quiero volver al pasado pero no soporto el presente’. Y si tiene que elegir, hoy elige no volver al pasado. Así que Javier Milei tiene un tercio que lo quiere y un tercio que lo tolera porque considera que la alternativa es peor. Todavía no hay una alternativa de futuro”.
Malamud, que esta semana pasó por Rosario, comparte (en la línea que detecta el estudio de Zapata y Touzón) que en “la Argentina coexisten muy claramente el individualismo y la aspiración al logro, al mérito propio, y la demanda de que alguien te proteja, porque en el fondo las cosas te pueden salir mal”.
“¿Qué pasó en los últimos tiempos?”, se pregunta. “Que el Estado dejó de funcionar. Incluso los que aspiran a que el Estado los proteja ven que no lo hace. Y eso tiene razones muy simples. El Estado cada vez tiene más costos fijos. Se dedica a pagar salarios y jubilaciones. Queda muy poco para políticas distributivas y de infraestructura. Los Estados tienen cada vez más obligaciones fijas que le impiden tomar decisiones. Estamos condenados a desear el Estado pero a no tenerlo”.
Malamud dice: “La derecha tiene una solución: el Estado no sirve, arreglate. Entonces mucha gente dice: ‘el Estado que hay, el Estado presente, no funciona, que al menos no me cobren impuestos’”.
La alternativa de futuro, como la llama Malamud, no parece estar en el retiro del Estado, sino en atender las expectativas de una reestatización de expectativas, entendida como conservación de bienes públicos e igualación de oportunidades, pero en el marco de una sociedad que se identifica mayoritariamente con el centro y que, si se ajusta el foco, permite observar que en los últimos años son más los que se corrieron a la derecha que a la izquierda.