La discusión por los cuidacoches volvió a instalarse con fuerza en la agenda política provincial y local. En ese marco, se multiplican los proyectos tanto en la Legislatura provincial como en el Concejo Municipal de Rosario para prohibir o eliminar la actividad en la vía pública. Con distintos enfoques, sanciones y herramientas, el denominador común es que la política parece dispuesta a ponerle el cuerpo a una problemática que se profundizó y sumó violencia a lo largo de los años.
En la Cámara de Diputados provincial, la legisladora del Partido Libertario Silvia Malfesi presentó un proyecto para modificar el Código de Faltas y tipificar la actividad como contravención. La iniciativa se suma a la que impulsa el senador Ciro Seisas en la Cámara alta y a otras propuestas que buscan reformar el régimen de convivencia para intervenir sobre cuidacoches y limpiavidrios en todo el territorio santafesino. El texto de Malfesi establece sanciones a los trapitos que van de 20 a 40 días de arresto, y que pueden elevarse hasta 80 días en zonas de espectáculos públicos o cuando se utilicen menores.
En diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, la diputada sostuvo que el fenómeno “crece con problemas de disturbios y violencia” y planteó que la discusión debe correrse del plano de la situación laboral hacia el de la circulación y el orden público. “Hay que dividir las aguas. Una cosa es el derecho a trabajar y otra la libre circulación territorial. Lo que hacen es obstaculizar esa circulación muchas veces con una actitud amenazante que te imponen un monto a pagar”, afirmó. Y agregó: “Trapito que no es violento muchas veces no te puede cuidar el auto; el que te limpia el vidrio te lo raya”.
Para Malfesi, el abordaje debe ser “de raíz” y mediante la tipificación de la conducta como falta contravencional. “Nosotros no podemos tipificar delitos, pero sí una falta en la cual se establezca pena de arresto de 20 a 40 días. Si se trata de una zona lindera a espectáculos puede ser hasta 80 días, y si se utilizan menores también 80 días. El problema hay que abordarlo con medidas fuertes”, señaló.
La legisladora remarcó además que el arresto contravencional no es equiparable a la prisión. “Las personas, para empezar, el arresto no es lo mismo que la prisión. La prisión es en una cárcel; el arresto puede ser en una comisaría y el juez de faltas puede disponer horas, no todo el día”, explicó. En esa línea, sostuvo que la reinserción laboral “pasa por otro lado” y que el proyecto no busca construir un esquema de regulación de la actividad sino desalentarla.
El eje conceptual de su planteo quedó condensado en un textual que repitió en varias oportunidades: “No es trabajo”. Según argumentó, la actividad se sostiene en prácticas intimidatorias y en la ocupación irregular del espacio público. “Las amenazas son cada vez peores y no es un trabajo. La vía pública no es donde uno tiene que estar. Lo que hace es interrumpir el tránsito. La realidad es esa”, insistió. También agregó que “trabajo hay, hay que buscarlo” y que el Estado no debe asumir un rol paternalista: “Puede haber gente a la que en la vida le va mal, pero también hay mucha gente que tiene vagancia. El Estado no es Papá Noel. Arremanguémonos y trabajemos”.
El proyecto de Malfesi se suma a otras iniciativas en la Legislatura. En el Senado, el legislador Ciro Seisas impulsa una reforma del Código de Faltas en la misma dirección, y en los últimos días se conocieron propuestas que buscan unificar criterios entre distintos bloques para establecer un marco provincial que permita actuar sobre la actividad con sanciones graduadas y herramientas de intervención. Algunas de esas iniciativas incluyen también capítulos vinculados a salida laboral y abordaje social, aunque el eje central de las reformas es dotar de mayor capacidad sancionatoria al Estado.
En Rosario, en paralelo, el tema también escaló en el Concejo Municipal. En las últimas semanas se sumaron proyectos para prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública, con la creación de dispositivos específicos de intervención territorial. Esas iniciativas van desde la prohibición total hasta el registro, identificación o programas de inserción laboral.
Entre quienes impulsan la prohibición esta Damián Pullaro, que presentó un proyecto de ordenanza con ese objetivo y propone la creación de una unidad territorial específica para abordar la problemática. “Hoy los cuidacoches son los más violentos. Personas que le ganaron el lugar a otros con el cuerpo. La contraprestación es nada: es una extorsión hecha y derecha”, afirmó. Según explicó, mientras no se modifique el Código de Faltas provincial, la competencia primaria para actuar sigue siendo municipal.
Pullaro sostuvo que el proyecto busca “limpiar la vía pública” de prácticas que, a su entender, implican presión sobre los automovilistas y ocupación irregular del espacio urbano. “No están prestando un servicio, están haciendo algo ilegal. Vamos a crear una unidad de intervención territorial especializada que aborde solo esta problemática”, indicó. También remarcó que el fenómeno impacta con mayor fuerza en zonas de espectáculos y eventos masivos, donde se concentran los conflictos.
El avance simultáneo en la Legislatura y el Concejo muestra que el abordaje se está dando en varios niveles del Estado y con distintos instrumentos normativos. Mientras se discuten reformas provinciales que permitirían tipificar la actividad como falta y establecer arrestos contravencionales, los municipios buscan herramientas propias para intervenir en el territorio.