La crisis política que sacude a Paraguay abre un debate que trasciende sus fronteras: ¿hasta qué punto la estabilidad macroeconómica puede considerarse sinónimo de desarrollo? Durante años, el país fue presentado como un ejemplo de disciplina fiscal, apertura a las inversiones y previsibilidad económica. Sin embargo, el colapso de Ueno Bank y sus consecuencias políticas pusieron bajo presión la solidez institucional de ese modelo.
Durante años, Paraguay había conseguido algo poco frecuente en América Latina: construir una reputación de estabilidad en una región atravesada por crisis recurrentes. Una inflación relativamente controlada, una deuda pública moderada y reglas favorables a los negocios le permitieron atraer capitales y obtener el grado de inversión de dos importantes calificadoras internacionales: Moody's en 2024 y Standard & Poor's en 2025.
El desempeño económico también acompañó esa imagen. Según el Fondo Monetario Internacional, Paraguay creció un 6.6 por ciento en 2025 y proyectaba una expansión del 4.4 por ciento para 2026. La pobreza descendió al 16 por ciento de la población en 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística. Esto significa que cerca de un millón de personas todavía vivía en hogares cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir una canasta básica de bienes y servicios. Negar esos avances sería desconocer una transformación económica real.
El presidente Santiago Peña encarnaba buena parte de esa estrategia. Economista formado en la Universidad de Columbia, con experiencia en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, llegó a la presidencia con un perfil técnico y una agenda orientada a consolidar la confianza de los inversores. Su trayectoria reforzaba la imagen de Paraguay como un país administrado bajo criterios de estabilidad y ortodoxia económica.
El modelo despertó especial interés en Argentina. Javier Milei y Luis Caputo destacaron en distintas oportunidades la experiencia paraguaya como referencia regional. Durante una visita a Asunción en abril de 2025, el presidente argentino afirmó: “No tengo dudas de que tanto Argentina como Paraguay serán un ejemplo para toda Sudamérica”. El reconocimiento expresaba una coincidencia económica basada en la disciplina fiscal, la apertura de mercados y la atracción de inversiones.
Pero los buenos resultados macroeconómicos conviven con problemas estructurales que las cifras de crecimiento no alcanzan a resolver. Paraguay redujo la pobreza, pero alrededor del 60 por ciento de los trabajadores continúa en la informalidad. Además, la recaudación tributaria representó el 15.8 por ciento del PBI en 2024, frente a un promedio latinoamericano del 21.7 por ciento, según la OCDE. Una presión tributaria reducida puede favorecer determinadas inversiones, pero también limita los recursos disponibles para financiar infraestructura y políticas públicas.
La infraestructura es otra de las grandes deudas del modelo paraguayo. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el país necesita invertir 15.175 millones de dólares entre 2025 y 2030 para cerrar las brechas en transporte, agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. El transporte concentra la mayor parte de esas necesidades, mientras que apenas el 13 por ciento de la red vial está pavimentada. Estas carencias encarecen la producción, dificultan la circulación de mercancías y limitan la integración territorial. La estabilidad macroeconómica todavía no se tradujo en una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento y la diversificación de la economía.
La inversión en servicios esenciales es otra de las deudas del modelo. En 2024, Paraguay destinó el 3.5 por ciento de su PBI a educación, por debajo de los parámetros internacionales, mientras que en salud una parte importante del gasto continúa recayendo directamente sobre los hogares. El crecimiento económico tampoco se traduce de manera suficiente en mejores servicios públicos y oportunidades para toda la población.
La migración también permite observar las limitaciones del modelo. Según el Censo 2022, en Argentina viven 522.598 personas nacidas en Paraguay, una de las comunidades migrantes más numerosas del país. Detrás de esos movimientos hay una larga historia de búsqueda de empleo y mejores oportunidades económicas. Aunque la migración responde a múltiples factores históricos y familiares, también recuerda que la estabilidad de un país no garantiza por sí sola condiciones de vida satisfactorias para toda su población.
El colapso de Ueno Bank terminó por exponer una dimensión más delicada: la relación entre el poder político, el sistema financiero y los organismos de control. La entidad, que había crecido aceleradamente hasta alcanzar casi tres millones de clientes, administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos. Su intervención por problemas de solvencia dejó a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus cuentas y desencadenó una crisis de confianza.
Las investigaciones alcanzaron al propio Peña, que había tenido participación accionaria en una empresa vinculada al grupo propietario del banco hasta 2025. El exmandatario negó haber cometido irregularidades. Sin embargo, perdió el respaldo de su partido y el Senado aprobó su destitución el 6 de noviembre. El vicepresidente Pedro Alliana asumió el mando, mientras la investigación judicial sobre el caso continúa. La responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse en la Justicia.
La crisis adquiere una dimensión adicional por la posición geopolítica de Paraguay. Es el único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, una decisión que lo convierte en un socio estratégico de Washington en medio de la competencia con China. Pero esa alianza también supone costos comerciales, especialmente para los sectores exportadores interesados en acceder directamente al enorme mercado chino.
Al mismo tiempo, Paraguay es miembro fundador del Mercosur y mantiene una estrecha interdependencia económica con Argentina y Brasil, sus principales socios regionales. El bloque le ofrece acceso a mercados, integración productiva y capacidad de negociación comercial, aunque también lo obliga a compatibilizar sus intereses nacionales con las decisiones y negociaciones del conjunto. En particular, la relación con China plantea una tensión: mientras el gigante asiático es un proveedor central de productos para Paraguay, la falta de vínculos diplomáticos impide desarrollar una relación comercial directa en las mismas condiciones que sus socios del Mercosur.
Esta posición coloca al país ante un desafío que excede la política interna. En un escenario de competencia entre Estados Unidos y China, Paraguay necesita preservar sus alianzas estratégicas sin limitar sus oportunidades comerciales y, al mismo tiempo, fortalecer su integración regional y diversificar su estructura productiva.
La crisis del país latinoamericano deja, por lo tanto, una discusión que alcanza al conjunto de la región. La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento, pero no reemplaza la construcción de instituciones independientes, la transparencia financiera ni la capacidad estatal para sostener el desarrollo. Tampoco resuelve automáticamente los problemas de informalidad, infraestructura y concentración económica.
América Latina necesita economías estables, previsibles y capaces de atraer inversiones. Pero también necesita Estados con instituciones que puedan controlar a los actores económicos más poderosos y sociedades que participen de los beneficios del crecimiento. La pregunta de fondo es si la región podrá construir un modelo de desarrollo que reúna esas condiciones o continuará confundiendo la confianza financiera con la fortaleza de sus economías.