La convocatoria a una movilización frente al Congreso de la Nación para el próximo 6 de agosto comenzó a tomar fuerza en distintos puntos del país ante el inminente tratamiento en el Senado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que propone modificaciones en los regímenes de expropiaciones, desalojos, tierras rurales y manejo del fuego.
Organizaciones sociales, ambientales, sindicales, territoriales y de derechos humanos rechazan la propuesta al considerar que flexibiliza los controles sobre la propiedad de tierras rurales, facilita los desalojos y favorece la concentración y extranjerización de recursos estratégicos. El oficialismo, en cambio, sostiene que la reforma busca fortalecer el derecho de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica.
La principal manifestación está prevista para el miércoles 6 de agosto frente al Congreso, coincidiendo con la sesión en la que el oficialismo intentará retomar el tratamiento del proyecto, luego de que el debate fuera postergado por falta de acuerdos políticos. En paralelo, durante los días previos habrá actividades de difusión, clases públicas, radios abiertas y encuentros en distintas provincias para explicar los alcances de la iniciativa y sumar adhesiones al reclamo.
Rosario se suma
En Rosario, la CTA Autónoma y gremios nucleados en esa central convocaron a una serie de actividades que culminarán el 6 de agosto con una concentración en la plaza San Martín desde las 11.
El cronograma comenzará este jueves 30 de julio con una asamblea abierta en la Facultad de Medicina.
El sábado 1° de agosto habrá una celebración por la Pachamama en la sede de ATE y la CTA Autónoma, en Córdoba y Valparaíso, donde además del ritual se desarrollarán actividades culturales bajo consignas contra la venta de tierras a extranjeros y los desalojos.
Ese mismo día, organizaciones sociales confluirán en el FestiRambla, donde también se expresará el rechazo a la privatización de la costa, la situación de los pescadores artesanales y la defensa del río Paraná como bien público.
Las actividades continuarán el martes 4 de agosto con una conferencia de prensa en la sede de ATE Rosario, mientras que el jueves 6, además de la movilización de la mañana en plaza San Martín, desde las 18 se realizará una radio abierta y una convocatoria para pintar sábanas con mensajes vinculados a la defensa de la soberanía sobre las tierras y los recursos naturales.
Desde la central sindical llamaron a "toda la ciudadanía" a participar de la jornada y plantearon que la discusión excede la cuestión dominial para involucrar "la defensa del territorio, las fronteras y el agua dulce".
Qué plantea la reforma
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue enviado por el Poder Ejecutivo en marzo y forma parte del paquete de reformas impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Entre sus principales puntos, redefine las condiciones para las expropiaciones al establecer criterios más estrictos para justificar la utilidad pública y amplía los derechos indemnizatorios de los propietarios.
También modifica el régimen de desalojos, al convertir esos procesos en trámites sumarísimos y habilitar mecanismos para acelerar la restitución de inmuebles, reduciendo los tiempos procesales.
En materia de tierras rurales, el proyecto elimina las restricciones nacionales que actualmente limitan la cantidad de tierras que pueden adquirir inversores privados extranjeros, aunque el dictamen aprobado en comisión otorga a las provincias la facultad de autorizar, regular o impedir esas operaciones dentro de sus territorios.
Además, introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego. La versión original eliminaba las restricciones para cambiar el uso o vender tierras rurales incendiadas, aunque durante el tratamiento legislativo el Senado mantuvo las prohibiciones para los bosques nativos y aceptó sólo una flexibilización parcial para las tierras rurales.
El texto también había incorporado modificaciones a la Ley de Barrios Populares que habilitaban desalojos más rápidos, pero ese capítulo fue eliminado durante el debate en comisiones y quedó vigente el régimen actual de protección.