El proyecto que busca declarar a Santa Fe “territorio libre de discriminación y discursos de odio”, que cuenta ya con media sanción del Senado provincial, tendrá este jueves una instancia clave para intentar salir del bloqueo en el que quedó atrapado en la Cámara de Diputados. La comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General analizará la iniciativa y, entre las alternativas que están sobre la mesa, aparece una revisión del régimen de sanciones, uno de los puntos que más resistencias genera.
La intención es buscar una salida negociada que permita que el proyecto, que viene de varias postergaciones, avance. “Estamos evaluando opciones. El fin es positivo, pero el tema de las sanciones es muy discutido”, reconoció a Rosario3 una fuente legislativa de Unidos que participa de las conversaciones. Desde el peronismo agregaron que la idea es hacer eje más en lo preventivo que en el castigo. Silvia Malfesi, que se define como libertaria e integra el bloque Somos Vida, sostuvo que “tipificar como falta una manifestación como discurso de odio es una herramienta sumamente peligrosa”, que puede derivar en situaciones de censura.
La iniciativa surgió de un planteo de la Mesa de Diálogo Santafesino, un espacio integrado por universidades, credos y distintas organizaciones de la sociedad civil que en junio realizó una jornada en la Legislatura para impulsar la declaración de Santa Fe como provincia libre de discriminación y discursos de odio.
El pedido fue rápidamente recogido en el Senado por su presidente provisional, Felipe Michlig, que presentó formalmente el proyecto. Apenas un día después de aquella actividad, la Cámara alta le dio media sanción con el acompañamiento de todos los senadores presentes y lo giró a Diputados.
En la Cámara baja el trámite resultó más trabajoso. La iniciativa obtuvo dictámenes de las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda, pero quedó pendiente su paso por Asuntos Constitucionales, que preside la socialista Lionella Cattalini. Es allí donde este jueves se buscará encontrar una fórmula que permita destrabarla.
El texto aprobado por el Senado propone modificar el Código de Convivencia de Santa Fe mediante la incorporación de un artículo 62 bis para castigar a quienes incurran en conductas calificadas como discursos de odio.
La sanción prevista es una multa de 60 unidades jus, que puede ser reemplazada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario. El monto adquiere una dimensión importante con los valores actuales. La Corte Suprema de Justicia santafesina estableció que cada unidad jus vale desde julio 144.803,04 pesos. Por lo tanto, una multa de 60 jus equivale hoy a 8.688.182,40 pesos.
El otro problema es qué se considera discurso de odio, cómo definir con suficiente precisión qué expresión queda alcanzada por la ley.
El proyecto menciona expresiones verbales, escritas, simbólicas, audiovisuales o digitales que “inciten, promuevan, justifiquen o naturalicen” la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo.
Entre los motivos enumerados aparecen la raza, el color, el origen étnico o nacional, la nacionalidad, la religión o las creencias, el género, el sexo, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la discapacidad, la condición socioeconómica, el estado de salud y la edad, además de una fórmula abierta para contemplar otras características personalísimas.
La diputada Malfesi es quien expresó públicamente las objeciones más fuertes al proyecto. Entre sus argumentos planteó que conceptos como “naturalizar” o “menosprecio” dejan un margen de interpretación excesivamente amplio y advirtió sobre el riesgo de que la norma termine generando autocensura o limitaciones a la libertad de expresión.
Algunas de las dudas que plantea atraviesan a otros bloques y explican por qué el texto que logró una aprobación unánime y rápida en el Senado lleva semanas sin conseguir el mismo camino en Diputados.