“Si el socialismo se quiere diferenciar con eje en la seguridad, le erra”. La frase de una fuente radical, luego de que fracasara el intento pullarista de aprobar en Diputados el nuevo paquete de leyes de seguridad por la resistencia socialista a votarlo, resume la tensión interna entre los dos principales socios de Unidos. Del otro lado, la respuesta de una fuente socialista también va más allá de los artículos de una ley: “Somos un partido y hemos hecho un montón de aportes”. Entre ambas posiciones aparece una discusión sobre el poder dentro de la coalición y el rumbo político del oficialismo hacia 2027.

La postergación del paquete de seguridad que reclama Maximiliano Pullaro dejó expuesta una tensión de una intensidad poco habitual entre radicales y socialistas. El desacuerdo atraviesa el principal activo político de la gestión y se mezcla con una sospecha que inquieta al PS: que los acercamientos entre Pullaro y la Casa Rosada, escenificados el jueves en la Ronda de Negocios Rigi de La Fluvial y en el abrazo del gobernador con Karina Milei, anticipen un entendimiento electoral.

Las diferencias sobre las facultades de policías y fiscales son concretas. También lo son las objeciones sobre los controles y las garantías. Sin embargo, las conversaciones con dirigentes de ambos sectores muestran que la negociación empezó a medirse en otros términos. 

El miércoles, los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni se reunieron con legisladores de Unidos para intentar cerrar las diferencias y llegar a la sesión del jueves con un acuerdo.

Según una fuente socialista, el gobierno marcó una posición: se trataba de una cuestión de poder y las leyes debían aprobarse. Como si hubiera una voluntad de disciplinamiento.

En el radicalismo legislativo cuentan otra historia. Recuerdan que el paquete fue presentado en mayo y que hasta este miércoles no habían conseguido una reunión con el socialismo para resolver las diferencias. Afirman que elaboraron tres contrapropuestas, con cambios para suavizar medidas, establecer pautas e incorporar mecanismos de control que resguardaran derechos y garantías.

También aseguran que existía un compromiso para aprobar las reformas el 29 de octubre y responsabilizan a sus socios por haber llevado la negociación hasta el último día. Desde esa perspectiva, el Ejecutivo había hecho concesiones sin conseguir una respuesta que permitiera cerrar el acuerdo.

Hay un punto en el que las explicaciones de ambos espacios, aun formuladas desde posiciones enfrentadas, se acercan. Una fuente de la UCR distingue dentro del paquete medidas que el Gobierno necesita en términos prácticos y otras que mira “en términos electorales”.

El socialismo interpreta que el paquete, más que buscar un efecto concreto en las políticas de seguridad, es parte de una “estrategia comunicacional” para que Pullaro quiere reafirme su perfil de máxima dureza frente al delito y ocupe un terreno discursivo que comparte con los libertarios.

En la UCR, mientras tanto, consideran que el PS elige mal el terreno para marcar su identidad. La advertencia sobre el error de diferenciarse en seguridad tiene ese sentido: cuestionar las herramientas que reclama Pullaro puede colocar al socio de la coalición enfrente de la política que mayores resultados y reconocimiento le dio al gobierno.

Calma

“Vamos a calmarnos, hagamos un llamado a la reflexión”. La frase que la diputada socialista Lionella Cattalini pronunció el jueves en el recinto legislativo fue un reproche al senador Felipe Michlig, quien la había nombrado como “esa diputada” y le pidió celeridad para aprobar las nuevas reformas en seguridad. Pero también pareció dirigida a Pullaro, que el día anterior había reclamado esas herramientas de seguridad y defendido la renovación de la Corte Suprema con una definición: “Son personas que pueden garantizar que no haya garantismo bobo”. En la sesión, Cattalini recordó que las políticas sostenibles en Santa Fe se construyeron mediante “la articulación política, la voluntad de avanzar, el consenso y los grandes acuerdos”.

El acercamiento de Pullaro al gobierno nacional amplifica las desconfianzas. La foto de la Ronda Rigi en La Fluvial el mismo día del discurso de Cattalini y los contactos con funcionarios nacionales alimentan en el socialismo la hipótesis de que la a cooperación institucional pueda tener una traducción electoral que para el PS es un límite.

La posibilidad también aparece en el relato de una fuente radical. Habla de un eventual entendimiento “táctico” entre Unidos y la Libertad Avanza. Un pacto de no agresión a nivel nacional y provincial y posibles acuerdos concretos en algunas ciudades. Rosario estaría incluida, aunque el propio interlocutor admite que no hubo avances aún en ese sentido.