El senador provincial Ciro Seisas presentó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley destinado a regular y penalizar con severidad la circulación de vehículos con placas de dominio ausentes, ocultas, adulteradas o ilegibles. La iniciativa apunta a dotar al Estado provincial de herramientas legales claras para frenar una maniobra que no solo impide el control vial, sino que facilita la comisión de delitos graves.
"Tapar una patente no es una viveza criolla, es darle ventaja al delito y poner en riesgo la vida de los vecinos", sostuvo Seisas al fundamentar la iniciativa. Según datos aportados en el proyecto, en Rosario 3 de cada 10 motos enviadas al corralón municipal entre enero y octubre de este año (3.175 sobre un total de 11.020 vehículos) presentaban irregularidades en su identificación. Asimismo, durante 2025 se detectaron 48 casos de duplicación de patentes en la ciudad.
El proyecto toma como antecedente reciente la Ordenanza 10.950 sancionada en Rosario, que establece multas de hasta $1.177.500 y la remisión al corralón, pero advierte que el Código de Faltas de Tránsito vigente en la provincia presenta vacíos legales: trata por igual un descuido que una maniobra deliberada, no permite sancionar vehículos estacionados y omite a quienes comercializan o instalan sistemas para evadir controles.
La iniciativa impulsada por Seisas modifica la normativa provincial a partir de una escala de sanciones graduada según la intencionalidad. Mientras que los descuidos leves —como una chapa sucia que se limpia en el momento— se resuelven con un apercibimiento y las placas extraviadas no repuestas reciben una multa intermedia, las maniobras deliberadas (patentes dobladas, láminas antifoto, cintas adhesivas o autos "mellizos") enfrentarán las sanciones máximas, inhabilitación para conducir, pérdida del descuento por pago voluntario y pena máxima en caso de reincidencia. Además, el proyecto amplía las facultades de control permitiendo labrar actas incluso cuando el vehículo esté detenido o estacionado.
El texto prevé multas y clausuras para fabricantes, comercios, talleres, gomerías o lavaderos que vendan o instalen ocultadores, inhibidores o antirradares —habilitando un canal de denuncias anónimas en la Agencia Provincial de Seguridad Vial— y obliga a verificar en cada operativo si el rodado tiene pedido de secuestro, dando intervención inmediata al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para preservar la prueba y nutrir los sistemas de análisis criminal del Ministerio de Seguridad.
El proyecto aclara que la norma protege al conductor de buena fe: quedarán exentos de sanción y remisión quienes exhiban la denuncia policial por robo o extravío de la chapa, así como los vehículos cero kilómetro con documentación provisoria vigente. Por último, se establece que lo recaudado por estas multas será destinado de manera específica a campañas de concientización vial.
"En una Santa Fe que está dando una pelea histórica para devolverle la paz a sus vecinos, no podemos permitir zonas grises que garanticen impunidad. Cuando el Estado pone reglas claras y las hace cumplir, ganan los santafesinos que viven y trabajan dentro de la ley", concluyó el legislador.