Activistas de la organización ambientalista Greenpeace protagonizaron una sorpresiva acción de protesta contra la nueva ley de glaciares del gobierno. Hubo enfrentamientos y detenciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación este jueves a la mañana. Los manifestantes lograron vulnerar el perímetro de seguridad y saltar las rejas del Palacio Legislativo, desplegando carteles con consignas contra las reformas ambientales que impulsa la administración de Javier Milei. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata, desplegando un operativo cerrojo para contener la intrusión en zona federal y dispersar a los presentes. En ese marco, un efectivo atacó al equipo del canal A24 y detuvo a un camarógrafo, relató Luis Novaresio en el programa De boca en boca, de Radio 2.
La protesta escaló rápidamente cuando los militantes ecologistas intentaron encadenarse y colgar banderas de gran porte en la fachada del edificio con el lema "Los glaciares no se tocan". El accionar policial para desarticular la manifestación derivó en forcejeos y escenas de violencia que terminaron con varios activistas reducidos en el suelo. Según informaron fuentes oficiales, los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales bajo cargos de resistencia a la autoridad e infracción a la seguridad pública, en un operativo que buscó despejar los accesos al recinto de forma contundente.
Desde Greenpeace Argentina denunciaron que la intervención de las fuerzas de seguridad fue desmedida y que se trató de una "represión a una protesta pacífica" que solo buscaba visibilizar un peligro inminente. El reclamo central de los activistas apunta a frenar las modificaciones que el gobierno nacional pretende introducir en la normativa vigente, las cuales, según su visión, abrirían la puerta a la actividad minera en zonas actualmente protegidas. Para las organizaciones ambientales, cualquier cambio en la definición de las áreas periglaciares pone en riesgo reservas críticas de agua dulce para las futuras generaciones.
El conflicto en las calles es el reflejo directo de una disputa técnica y ética que divide a una parte de la sociedad civil de los planes extractivistas en la zona cordillerana del norte argentino y Cuyo. Los activistas sostienen que la "flexibilización" de la ley no es más que una concesión a las grandes empresas mineras, permitiendo operaciones en ecosistemas frágiles que hoy gozan de una protección absoluta. El temor de los manifestantes radica en que, de aprobarse la nueva redacción, se legalizaría la destrucción de suelos congelados que cumplen funciones hídricas fundamentales, bajo el pretexto de fomentar el desarrollo económico regional.
En el plano legislativo, la protesta se produce en un momento de extrema paridad en el Senado, donde el oficialismo busca contrarreloj los votos necesarios para aprobar las modificaciones dentro de la denominada ley de glaciares. El gobierno nacional intensificó las negociaciones con los gobernadores de las provincias cordilleranas, quienes ven en la reforma una oportunidad para destrabar proyectos de inversión millonarios que hoy se encuentran frenados por las restricciones ambientales. La discusión parlamentaria se ha convertido en una batalla de interpretaciones técnicas donde cada voto es decisivo para el futuro de la normativa.
Finalmente, el contexto político revela la urgencia del Poder Ejecutivo por avanzar con su agenda de desregulación económica en un escenario de fragilidad parlamentaria. La necesidad de generar divisas y atraer inversiones extranjeras choca de frente con la resistencia de sectores sociales que exigen el cumplimiento de los estándares de protección ambiental. Mientras la aritmética política define el destino de los glaciares en las oficinas del Congreso, la creciente conflictividad social en los alrededores del edificio advierte sobre el costo político de una reforma con detractores ambientales que buscan generar la indignación de la sociedad civil.