Aunque en los últimos años varios países de América Latina y el Caribe avanzaron en la creación de normas que promueven los derechos de las personas con discapacidad, la realidad cotidiana continúa mostrando profundas desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. Así lo revela un nuevo informe elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Red Interamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS).
El documento analiza la situación en diez países de la región y concluye que todavía existen brechas estructurales que limitan el acceso equitativo a los servicios de salud. Entre los principales problemas detectados aparecen las dificultades para acceder a consultas, tratamientos, estudios médicos y servicios esenciales, además de una escasa preparación de los sistemas sanitarios para responder de manera inclusiva durante situaciones de emergencia.
La magnitud del desafío también queda reflejada en las cifras. Se estima que alrededor del 16% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, este grupo continúa enfrentando mayores niveles de pobreza, exclusión social y barreras para acceder a servicios básicos, condiciones que repercuten directamente en su estado de salud y calidad de vida.
El informe advierte, además, que las desigualdades tienen consecuencias concretas. Las personas con discapacidad presentan hasta un 45% menos de acceso a servicios relacionados con enfermedades cardiovasculares o diabetes y un 33% menos de posibilidades de realizarse pruebas preventivas, como los estudios para detectar el virus del papiloma humano (VPH). En algunos casos, como ocurre con personas con discapacidad intelectual, la esperanza de vida puede ser hasta 20 años menor que la del resto de la población.
Entre las principales falencias identificadas se encuentran sistemas de información poco integrados, servicios de salud organizados según la oferta disponible y no según las necesidades de cada persona, escasa capacitación continua del personal sanitario y planes de emergencia que contemplan la discapacidad de manera general, pero sin acciones concretas que garanticen accesibilidad, continuidad de tratamientos y apoyos adecuados.
Las diferencias también se profundizan según el lugar donde viven las personas. Mientras que en algunas grandes ciudades existen mayores recursos y servicios especializados, quienes residen en zonas rurales o alejadas suelen encontrar muchas más dificultades para acceder a atención médica inclusiva, lo que amplía las inequidades territoriales.
Las emergencias y los desastres representan uno de los escenarios más críticos. Durante estos eventos, las barreras para acceder a información, medicamentos, rehabilitación o tecnologías de apoyo pueden interrumpir tratamientos y aumentar significativamente los riesgos para la salud de las personas con discapacidad, especialmente cuando los planes de respuesta no contemplan sus necesidades específicas.
Frente a este panorama, el informe propone una hoja de ruta para avanzar hacia sistemas de salud más inclusivos. Entre las principales recomendaciones se destacan incorporar la discapacidad de manera transversal en todas las políticas sanitarias, mejorar los sistemas de información con datos accesibles, garantizar ajustes razonables en la atención, fortalecer la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y asegurar la continuidad de medicamentos, rehabilitación y tecnologías de apoyo durante las emergencias.
Según los organismos responsables del informe, estas medidas no solo contribuyen a garantizar derechos, sino que también fortalecen la capacidad de los sistemas de salud para responder a una población cada vez más envejecida y a un contexto marcado por el aumento de enfermedades crónicas y eventos de emergencia.
Fuente: PAHO/OPS.