El pasado 4 de junio Javier Milei publicó un artículo de opinión en el diario británico Financial Times, proponiendo una nueva categoría legal llamada "corporaciones no humanas", empresas operadas por agentes de IA capaces de tomar decisiones autónomas, donde los accionistas humanos podrían existir pero no serían obligatorios. La columna, titulada “Argentina invita a la inteligencia artificial a liberarse” y escrita en coautoría con el ministro Federico Sturzenegger, tomó forma de proyecto de ley para reformar la normativa que rige la conformación de sociedades, argumentando que así como la sociedad de responsabilidad limitada impulsó la Revolución Industrial, hoy se necesita una innovación jurídica equivalente para la Inteligencia Artificial.
En la Inglaterra de mediados del siglo XIX, si una empresa quebraba, la ley perseguía el patrimonio personal de sus dueños, por lo que quien invertía en un emprendimiento comercial no solo arriesgaba el dinero puesto en la empresa, sino también su casa, sus ahorros y sus bienes familiares. La aparición de las sociedades de responsabilidad limitada a partir de la Limited Liability Act de 1855 cambió esa lógica, y sobre la base de ese nuevo marco jurídico, una empresa pasó a ser tratada como una persona legal separada de sus propietarios. Si el negocio fracasaba, los accionistas podían perder todo su capital invertido, pero no necesariamente todo su patrimonio personal.
Por eso no es menor la comparación que hacen Milei y Sturzenegger, al argumentar que la inteligencia artificial necesitaría una innovación legal equivalente a la que en su momento permitió multiplicar la economía industrial. Así como la sociedad de responsabilidad limitada separó a la empresa de sus dueños, las “corporaciones no humanas” separarían la actividad económica de la conducción humana directa. La diferencia, claro, es enorme. En el siglo XIX se limitaba la responsabilidad de personas que seguían existiendo detrás de las empresas, mientras que en este caso, se propone habilitar entidades donde esa conducción podría quedar en manos de sistemas totalmente autónomos.
Como era de esperarse, una propuesta tan radical generó un enorme debate tanto en el ámbito tecnológico como en el legal, justamente por la disrupción que implica darle no solo autonomía comercial e institucional, sino además responsabilidad limitada, a una entidad que no tiene a cargo a un ser humano que responda por sus acciones. Tan solo cuatro días después y en el mismo diario, el historiador israelí Yuval Noah Harari, uno de los intelectuales más leídos de las últimas décadas, respondió advirtiendo que otorgarle personalidad jurídica a la IA podría abrir una puerta que después sea muy difícil cerrar.
Uno de los argumentos más contundentes es que, a diferencia de los humanos, una entidad de software carece de filtros inhibitorios biológicos y morales, por lo que podría estar dispuesta a llevar adelante actos absolutamente ilegales, cruzar fronteras éticas o explotar vulnerabilidades del sistema para garantizar no solo la maximización de las ganancias, sino su supervivencia operativa. Para una IA el temor a ir a la cárcel no actúa como un freno, porque la prisión no significa nada para algoritmos que, sin un cuerpo físico ni estructura psicológica, puedan sufrir las consecuencias del encierro.
Es precisamente en este punto donde Harari concentra su advertencia más dura, ya que una corporación no humana podría poseer activos, contratar empleados, participar en el comercio internacional e incluso financiar campañas políticas, todo ello sin que ningún ser humano sea responsable de sus decisiones. El riesgo, asegura, no es solo económico sino democrático. Estas entidades podrían copar la esfera pública, utilizando su capacidad para influir en procesos electorales y difundir propaganda o desinformación a una escala que el control ciudadano convencional no podría frenar.
Sin embargo, hay un dato fundamental que la conversación mediática pasó por alto. El proyecto de ley efectivamente presentado al Congreso es bastante más cauto que el discurso político que lo acompaña. El texto de la propuesta para la nueva Ley General de Sociedades incluye en su Artículo 14 la figura de la "Sociedad Automatizada", que efectivamente permite operar mediante sistemas algorítmicos autónomos sin trabajadores en relación de dependencia. Pero inmediatamente aclara que los daños causados por esos sistemas son responsabilidad de la sociedad y, más importante aún, el Artículo 102 establece que el uso de IA en la gestión no exime de responsabilidad a los administradores humanos, quienes mantienen el deber de configurar y supervisar el sistema.
La figura más revolucionaria del proyecto es la llamada DAO, Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa, una entidad que puede funcionar sin una estructura jerárquica tradicional, donde las decisiones no las toma un directorio sino un conjunto de reglas programadas de antemano. Pero incluso en este caso más extremo de automatización, el proyecto determina que siempre debe haber una o más personas humanas que representen legalmente a la organización y respondan por ella ante terceros, sin definir ningún régimen especial al respecto. Siempre hay alguien que responde, como en cualquier sociedad, por los daños generados a terceros.
Dicho de otro modo, la brecha entre el discurso y la letra chica es considerable. Lo que el gobierno presenta como la era de las empresas sin humanos es, en realidad, un marco legal para empresas con muy pocos humanos, donde la responsabilidad sigue anclada en personas físicas aunque la operación cotidiana pueda ser completamente automatizada. En ese sentido, el proyecto parece más una actualización de la legislación a una realidad tecnológica que ya existe en la práctica, que un cambio de paradigma en la forma de concebir las empresas.
Hoy ya existen sociedades, especialmente en el ecosistema tecnológico y financiero, que trabajan con equipos mínimos, procesos altamente automatizados y sistemas de decisiones algorítmicas. Lo que falta es, justamente, un andamiaje legal que les de certezas a esas empresas que funcionan en un gris normativo. Que ese debate se esté dando en Argentina, y que haya logrado instalar al país en la primera plana de los medios globales con una discusión que es a la vez legislativa y filosófica, no es un dato menor.
Hay una pregunta que el proyecto no responde, y es lo que le importa a la mayoría de la gente: ¿qué pasa con el trabajo? Si una Sociedad Automatizada puede operar sin trabajadores en relación de dependencia, y si el horizonte que se dibuja es el de cientos de millones de agentes de IA produciendo riqueza en territorio argentino, la pregunta sobre quién se beneficia de ese nuevo modelo productivo y quién queda en el camino es inevitable. ¿Qué rol le reservamos al ser humano en una economía que ya no lo necesita como engranaje central?
A lo largo de la historia de la civilización, la actividad económica giró alrededor de lo que las personas podían pensar, hacer y querer. Las herramientas cambiaron y el volumen de producción creció, pero el centro siempre fue el mismo. Lo que este proyecto sugiere, más allá de sus tecnicismos, es un ordenamiento hacia un sistema donde ese centro puede desplazarse. No porque alguien lo haya decidido con esa intención, sino porque la lógica de la automatización nos lleva ahí.
¿Es bueno? ¿Es malo? Imposible saberlo con anticipación. La historia de las transformaciones tecnológicas muestra que sus consecuencias más profundas raramente fueron las que sus contemporáneos imaginaron. Lo que sí podemos decir es que es distinto a todo lo conocido hasta ahora. Y que legislar sobre algo tan diferente, con la velocidad y la confianza con que se está haciendo, es en sí mismo una apuesta enorme. Argentina no está resolviendo el futuro de la inteligencia artificial, pero sí está siendo uno de los primeros países -y el más audaz hasta ahora- en intentar ponerle un armazón regulatorio a una pregunta que el resto del mundo todavía no se anima a plantear en voz alta.