La pandemia está provocando desde hace un año un fuerte incremento en los gastos de las cajas profesionales de los abogados. Mientras que la de Jubilaciones debe hacer frente a un número creciente de pasivos, la Forense tiene que costear los onerosos gastos médicos asociados al Covid-19. En momentos en que los egresos no paran de crecer, los ingresos caen en picada, y no sólo por la suba de morosos y el atraso en los ajustes. También las inversiones de las reservas en alternativas de dudosa conveniencia, el recorte en el aporte de los grandes estudios, y los cambios en la gestión de las sucesiones echan más leña al fuego.

Una medida nacional con fuerte impacto local

“La Caja Forense tenía buena parte de sus reservas invertidas en bonos soberanos, y con la reestructuración de la deuda, esos cobros quedaron pendientes justo en el momento en el que más se los necesitaba”, indicó alguien que conoce de cerca los pormenores de la obra social de los abogados, y agregó: “A veces las inversiones salen bien y reportan muchos ingresos, otras salen mal por no cambiar a tiempo y te terminan complicando, pero ¿quién iba a pensar que iba a venir una pandemia e íbamos a estar tantos meses sin trabajar normalmente?”, se preguntó.

Si bien contaba con un porcentaje menor de afectación, la determinación del Gobierno nacional de patear los vencimientos de pago también afectó con dureza a la de Jubilaciones. “No es que la plata se perdió, por el contrario, se terminará cobrando más, pero en 2030. Y la plata la necesitamos ahora para cubrir los gastos crecientes”, apuntó a Ecos365 un integrante de dicha repartición que pidió reserva, y aclaró que este problema lo tiene buena parte de las cajas profesionales. “La mayoría tenía al menos una parte de sus ahorros en bonos del Estado porque en verdad era negocio, pero llegó la pandemia”, agregó.

Con la caída de ingresos provocados por las restricciones sanitarias, se hicieron intentos con autoridades provinciales y nacionales para recuperar antes algunas de esas inversiones, pero no hubo caso. “Hoy esa plata sirve para los balances, aunque en verdad los papeles tienen actualmente un 30% del valor real, y si tenés que pagar algo urgente, con ese dinero no podés contar”, señaló. Pero no poder recurrir a los mayores ahorros no es el único inconveniente. Las fuentes consultadas arrimaron otros dos escollos, derivados de la crítica situación económica general: más evasión y menor aporte de los grandes estudios.

Más evasión y menos excedente

“Con el aumento de la presión fiscal, vemos que se ha ido incrementando la evasión en forma sistemática. Por otro lado, ante la caída del volumen de trabajo, los grandes estudios que antes se excedían en aportes, ahora hacen el cálculo para no pasarse nunca y si lo hacen, rápidamente mandan carta a los directorios de las cajas pidiendo que el pago extra cuente para el mes siguiente”, apuntaron.

Un último factor que restringió mucho los ingresos tiene que ver con una cuestión burocrática. La creación de la Oficina de Procesos Sucesorios supuso incorporar un actor más en una cadena que en líneas generales funcionaba bien, y que permitía en algunos pocos meses terminar el proceso, que ahora puede llevar más de un año. El dato no es menor por el volumen de dinero que suele representar cada sucesión, que reporta un porcentaje a ambas cajas, con más peso en la Forense. Esta última ingresa aportes por 20,9% por esta gestión, mientras que el resto le reporta 5,4%. En cambio en la de Jubilaciones el aporte siempre es del 20%, pagando el cliente el 13% y el 7% el letrado. Sucesiones más lentas implica menos cierres de procesos e ingresos mucho más extendidos en el tiempo, en momentos en los que no se puede esperar.

Una inversión que levantó polémica

En la previa a la elección de autoridades en la Caja Forense circuló un documento en el que se acusó a la comisión directiva de aquel entonces de “haber perdido $12 millones por mala administración”. De acuerdo a esta versión, se trataba de aportes del fondo solidario de 2018 y 2019 que fueron invertidos  de manera poco clara y arriesgada en cheques de pago diferido garantizados con warrant de Rosario E Trade SA, sociedad que terminó concursada. La acusación motivó una dura réplica de parte del directorio, que la rechazó de plano.

“Una vez que se detectó la deuda, el directorio instruyó a la Gerencia de Legales para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al recupero del dinero. Esas gestiones, al contrario de lo que afirman las falsas versiones, culminaron con la firma de un acuerdo para la recuperación por parte de la institución del total de la suma en cuestión, más los intereses correspondientes”, indicaron y agregaron que el monto total cobrado ascendió a los $15 millones.