La discusión para regular las aplicación de movilidad en Rosario viene de larga data y ahora volvió a encenderse de la mano de dos nuevos proyectos que ingresaron al Concejo Municipal en busca de regularlas. Uno fue el presentado por el intendente Pablo Javkin, que establece la creación de un "Registro de aplicaciones móviles, software y plataformas digitales de vinculación para el despacho de viajes de los servicios de transporte onerosos de personas".

Este proyecto de ordenanza fue ingresado el pasado 5 de mayo, mientras que el otro fue presentado unos días antes, el 29 de abril, desde el bloque socialista, con el sello de la concejal Verónica Irizar, Susana Rueda y Mónica Ferrero.

Ambos compiten por hacerse un lugar entre otras tres iniciativas que también plantean una regulación a las aplicaciones para viajes en Rosario. La primera de ellas llegó de la mano de María Eugenia Schmuck el 11 de agosto del 2020. A este le siguieron otras dos del bloque macrista, ingresadas en abril del año pasado, de los ediles Carlos Cardozo y Germana Figueroa Casas por un lado, y Renata Ghilotti por el otro.  

Servicio público vs servicio privado

El proyecto de Javkin estipula que se cree un registro de apps móviles, software y plataformas digitales, en el que deberán inscribirse todas aquellos sistemas que se encuentren autorizados por el municipio. Se entiende por aplicación móvil a toda aquella plataforma que permite la vinculación o intermediación digital de oferta y demanda, para la contratación del servicio de traslado de personas.

Entre otros puntos, esas apps deberán tramitar y obtener previamente la correspondiente autorización municipal. A su vez, sólo podrán ser utilizadas por prestadores debidamente habilitados del servicio público de taxis, quienes deberán contar necesariamente con al menos un servicio digital de despacho de viajes mediante alguna aplicación móvil, plataforma y/o software con el ok municipal.

El concejal del partido Creo y principal impulsor del proyecto de Javkin en el Concejo, Ciro Seisas, indicó que la normativa presentada por el intendente "prioriza a las apps locales por sobre las internacionales". 

"Tanto She Taxis como Movi Taxi funcionan, está permitido su uso pero no están reguladas por un marco normativo".

"Si bien entendemos que empresas como Uber y Maxim son parte del debate general, el proyecto está pensado para regular las apps como She Taxi o Movi Taxi que ya funcionan en la ciudad y a Cabify para remises. Si pasara que estas otras firmas quisieran operar en Rosario tendrían que hacerlo usando la flota de taxis y remises habilitadas", precisó Seisas.

En este sentido, desde el socialismo, Verónica Irizar señaló que tanto su proyecto como el del intendente plantean que toda aplicación móvil que quiera funcionar en la ciudad "opere con autos habilitados como taxis o remises y que todos estos vehículos se integren al sistema digital eligiendo por lo menos una aplicación", la cual deberá cumplir con una serie de requisitos y funcionalidades, tanto para choferes como para pasajeros.

"Tanto She Taxis como Movi Taxi funcionan, está permitido su uso pero no están reguladas por un marco normativo, entonces se produce un vacío legal que es el que buscamos saldar con estos proyectos", sostuvo Irizar.

Por su parte, Seisas mantuvo una postura similar al señalar la importancia de crear un marco que regula la actividad y que la misma no queda expuesta a generar confusiones. Sobre esto último, destacó que en la reunión que mantuvieron el lunes con la Asociación Civil, Paradas Libres, varios taxistas nucleados en dicha organización les plantearon que She Taxi operaba de manera ilegal cuando "esto no es así".

"Ambas tienen ordenanzas específicas que las autorizan a operar porque hoy por hoy el servicio de taxis tiene que estar adherido a la radio llamada, la central telefónica que permite, tanto los viajes que despacha, como levantar pasajeros en la vía pública", explicó Seisas y agregó que la ordenanza presentada por el intendente estipula que los choferes que trabajan con el servicio de radio taxi deban adherirse a una app, algo que en la actualidad no está fijado.

Entre otros puntos, el proyecto del intendente propone crear un registro de aplicaciones, mientras que el de Iriziar habla de un "consorcio" entre las distintas apps y el municipio en pos de generar un sistema de monitoreo y que se puedan analizar datos como la cantidad de viajes, de autos funcionando, viajes rechazados, entre otros. 

"Vemos que esto desincentiva el negocio para plataformas como Uber y Maxim que funcionan con un modelo distinto".

Irizar señaló que en su caso, lo que plantean es que la aplicaciones deban habilitarse con domicilio sucursal en la ciudad de Rosario y estar registrada como tal en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe y/o Registro Público de Comercio. Además, deberán contar con un representante, apoderado o encargado de negocios con residencia permanente en la ciudad de Rosario.

Por su parte, desde el bloque de Juntos por el cambio, el edil y vicepresidente del Ente de la Movilidad, Carlos Cardozo, indicó que la diferencia principal está en que tanto su proyecto, como el de Ghilotti, dan luz verde a habilitar un servicio de viajes privados, a partir de coches particulares que no tengan que funcionar por medio de la flota de taxis y remises vigentes.

"Los proyectos del intendente y del bloque socialista plantean a las aplicaciones la posibilidad de trabajar circunscribiéndose a la flota actual, más las 500 chapas nuevas que salieron ahora. Vemos que esto desincentiva el negocio para plataformas como Uber y Maxim que funcionan con un modelo distinto, que no tiene que ver con el sistema de unidades del servicio público sino con conductores independientes, que no cumplen con un mínimo de horas determinado, es totalmente diferente", señaló Cardozo.

Igualmente, consideró como "un avance" que el Concejo se siente a discutir cómo regular a las aplicaciones cuando antes este tema, según sostuvo, era negado a ser tratado por algunos sectores políticos. 

Otros casos en Argentina

Cardozo citó el caso de la ley provincial que funciona en Mendoza, la cual, en sus palabras, es más amplia y contempla que tanto el servicio privado como el servicio público de pasajeros puedan convivir con sus esquemas y modelos de negocio propios. 

"Esta ley fija que las empresas externas como Uber o Maxim se tengan que registrar en la provincia, pagar DREI, ingresos brutos, tener conductores registrados, pero operar con autos particulares. Nosotros apuntamos a algo así para Rosario, que coexista un sistema como el de Uber con el de taxis y así combatir a los remises truchos. En Rosario tenemos miles de remises trabajando de forma ilegal, en negro", opinó el edil.

"Si no se puede todavía controlar lo que está hoy funcionando, menos a estas otras plataformas que quieren usar autos que no están dentro de la normativa municipal".

Por su parte, Silvana Teisa, concejal por el bloque Todos Hacemos Rosario, indicó que su postura sigue la planteada por el ex concejal y ahora diputado, Eduardo Toniolli, a favor de regular las aplicaciones para viajes ya vigentes en la ciudad y limitando la llegada de otros modelos de negocio como los que plantean Uber o Maxim.

"Nosotros sostenemos que si no se puede todavía controlar lo que está hoy funcionando, menos a estas otras plataformas que quieren usar autos que no están dentro de la normativa municipal y sobre todo teniendo la experiencia en otros lugares del país donde estas apps terminaron de destruir a las apps de taxis como en Buenos Aires, hay que ser muy cautelosos a la hora de definir qué hacer", consideró Teisa.

Un término medio venía a plantear el proyecto de la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, que además de la regulación a las aplicaciones, contemplaba otorgarle un permiso para funcionar a 200 unidades de vehículos privadas, en una búsqueda por permitir que estas empresas puedan instalarse, pero limitando su círculo de acción.

En su momento, este proyecto le generó una gran polémica con el sector de taxis, el cual veía una competencia desleal de parte de estas firmas. Esto, teniendo en cuenta que para acceder a las chapas, los taxis debían cumplir con una serie de requisitos que no tienen que afrontar los autos particulares que trabajan con las mismas.

Uno de estos requerimientos era tener un auto 0 km o con hasta 24 meses de antigüedad. La misma normativa viene de ser modificada en el Concejo y ahora se permiten unidades con hasta 5 años de antigüedad ya que, según Irizar, hay poca disponibilidad de modelos 0 km y una dificultad económica muy grande para afrontar el costo de vehículos nuevos o con tan poco tiempo de salida.