De concretarse la salida de la multinacional Dow de Puerto General San Martín dejará un enorme agujero imposible de rellenar, porque se trata de la única fábrica de poliuretano del país, insumo utilizado en una gran variedad de sectores industriales con fuerte presencia en la Provincia. Pasar a importarlo implicaría mayores costos, riesgos de demoras en las entregas y metería mucho ruido en una cadena productiva que recién está empezando a recuperarse. Ni que hablar de los 120 operarios que quedarían en la calle.

El poliuretano es usado para fabricar colchones, se emplea como relleno en las puertas de vehículos y en el acolchado de muebles, está presente en recubrimientos y adhesivos, rodillos y ruedas, y hasta en paneles de madera compuesta. Su enorme versatilidad le permite tener participación en industrias tan distintas como la línea blanca, automotriz, construcción y artículos para el hogar, muchas de ellas con fuerte peso en el Gran Rosario. Por eso cayó como una bomba la noticia del cierre de Dow, único abastecedor con presencia en el país en la materia, y hay amplio interés en la resolución de un conflicto que por ahora parece muy complejo.

Es que el grupo económico tiene decidido irse del país en mayo de 2022 en el marco de una reestructuración mundial, y atender toda la región sudamericana desde su planta de Brasil. De hecho allí tiene sobrestock, por lo que inicialmente no tendría inconvenientes para abastecer a clientes argentinos. El problema es a qué precio, porque importar el artículo tiene un valor muy distinto a traerlo de afuera. Además, los tiempos serán otros al ya no contar los clientes con línea directa a su proveedor nacional, y encima tener que esperar las autorizaciones arancelarias. Y eso sólo por mencionar algunos de los muchos modos en los que complicará la operatoria.

La problemática, que se tradujo en un paro de 11 días de petroquímicos, ya fue tomada por la CGT San Lorenzo, que se declaró el estado de alerta y movilización, y amenazó con un paro de todo el cordón industrial. La región hace varios años que viene sufriendo golpes de envergadura, como fue el caso de Refinería San Lorenzo y el de Petroquímica Capitán Bermúdez, el cierre de Ar Zinc en 2016 y de Cloretil , y la desaparición de varias fábricas de biodiesel. Este contexto, sumado a la cercanía electoral y las intenciones de los oficialismos las tres jurisdicciones de evitar un conflicto mayúsculo en plena campaña, envalentonó al arco gremial que salió a plantear una resolución inmediata.

La particularidad del caso de Dow es que, a diferencia de los otros antes mencionados, esta firma crisis sino todo lo contrario, con gran demanda de trabajo, sueldos al día y se encuentra muy bien equipada para atender los pedidos. Es decir, si es va a es porque quiere y no porque no puede seguir. Eso facilita la aparición de interesados en continuar el negocio, y uno de los que se mencionó fue a la Petroquímica Río Tercero, integrante del Grupo Piero, que produce insumos relacionados pero no poliuretano, y que se encuentra delante de sus ojos con una oportunidad de oro. No es el único, también empresas fabricantes de colchones siguen de cerca el tema.

Por otro lado, se mencionó que la Provincia recibió una propuesta de un conjunto de empresas de biocombustible para reconvertir la planta y hacer que abandone el petróleo y pase a abastecerse de insumos renovables. La iniciativa no es vista con malos ojos, porque también permitiría fortalecer a una industria de gran peso en Santa Fe y que quedó muy castigada por el lobby petrolero y las demoras en la sanción de ley de biocombustibles. Sin embargo esta reconversión no es sencilla, requiere de estudios técnicos de envergadura y además de tiempo para implementarse, mientras el estallido es ahora.

Pero otro escollo es la actitud de Dow, que hasta el momento se mostró sumamente reticente a negociar, y lo único que plantea es desvincular al personal, desmantelar todo e irse. La sensación es que no quiere entregarle el negocio a una eventual competencia, para así quedarse con el monopolio y el manejo de precios. Para el gremio eso es lo que dificulta una salida negociada, con venta de por medio para darle continuidad a las fuentes laborales y a un proceso productivo que hoy no tiene reemplazo. De allí que ya se está pidiendo la intervención estatal para que se declaren de utilidad pública las instalaciones, se evite su desmantelamiento y se allane el camino para una continuidad en otras manos, ya sea otra empresa o de los propios trabajadores. La próxima audiencia de conciliación obligatoria será clave para vislumbrar hacia donde es posible avanzar.