Las nuevas normativas para controlar las exportaciones y la mayor intervención estatal podrían hacer perder 10% las ventas al exterior de carne, según empresarios del sector.

Esta semana se conoció la noticia de que el comercio exterior empezará a ser monitorizado a través del Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), y que incluso aquellos que no tienen planta propia, tendrán que presentar sistemáticamente una mayor cantidad de documentación como balances, probar solvencia a través del detalle de las cuentas bancarias con las que operan, presentar una constancia de ingreso de divisas al Banco Central, informar detalles sobre empleados.

“Es una persecución a los exportadores que no tienen planta propia. De concretarse y empezar a sacarlos del mercado, puede haber una caída de exportaciones del 10%”, señalaron a El Cronista desde un importante jugador de la industria cárnica.

El Gobierno anunció con esta normativa su intención de “solucionar problemas de subfacturación de exportaciones que se daban en el mercado de la carne. Se busca que no ingresen al mercado exportador personas que no cumplen con los requisitos mínimos", de acuerdo a fuentes oficiales.

La medida se adoptó luego de que se suspendiera a 15 empresas exportadoras de carne por evadir la exportación de más de 40 toneladas de cortes de carne congelados. Sin embargo las nuevas exigencias plantean cosas muy difíciles de cumplir, como ser el detalle con un año de anticipación de la mercadería que se venderá al exterior, volúmenes, proveedores y destinos.

Estiman que estas nuevas medidas afectan a 400 establecimientos que exportan carne y 800 operadores de granos. Algunas de ellos son pymes y reclaman no están en condiciones de cumplir con los nuevos requisitos.

Matarifes cuestionaron la medida, y ven un complot entre el Gobierno y los grandes exportadores para dejarlos fuera de juego. "¿Por qué el Gobierno está preocupado por la evasión de la exportación y no controla la evasión del último eslabón de la cadena, las carnicerías? El 80% son informales y no pagan impuestos", señalaron.