La Justicia suspendió el decreto que declaraba a las telecomunicaciones como servicio esencial, y por ende dejó sin efecto la regulación de las tarifas de telefonía móvil, internet y televisión por cable.

El recurso de amparo había sido presentado por la cableoperadora TV Cable Color SA de Córdoba y encontró eco en el Juzgado Federal N°1 de esa provincia, que suspendió la aplicación del DNU 690 (que regulaba los precios), del DNU 311 y de “todo acto dictado como consecuencia de dichas normas”.

Además ordenó al Poder Ejecutivo Nacional y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) "abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva".

La decisión, que alcanza a todos los operadores de telecomunicación del país, se fundamenta en la necesidad de que las empresas “puedan fijar sus precios a fin de recuperar las inversiones realizadas y garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan”.

Desde la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) aseguraron que la situación del sector ya se había visto muy afectada por la Resolución 1466 de diciembre pasado que autorizó un aumento de entre el 5% y el 8% según la cantidad de clientes.

“Ello resulta absolutamente irrazonable e insuficiente en tanto la inflación oficial del año pasado fue del 36% según el Indec y nuestros precios están congelados desde hace más de un año”, señalaron. "La intervención estatal y el consecuente atraso en los precios, sumado al significativo aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, implican una disminución muy significativa de la generación de ingresos", agregaron.

"El fallo deja en claro que los derechos vulnerados no son sólo los de la empresa y quienes dependen de ella, sino también los de todos aquellos que se sirven de los servicios que ésta presta. En otras palabras, que los usuarios pueden verse privados de continuar recibiendo los servicios contratados", finalizaron desde la ATVC.