El ex fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad, acusado de corrupción, seguirá detenido luego de que este martes se dispusiera la prórroga de su prisión preventiva.
La revisión de la medida cautelar se llevó a cabo en una audiencia por los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y asociación ilícita en carácter de coautor”, todos “en concurso ideal y en grado de consumado”, detallaron fuentes judiciales.
El juez de Primera Instancia Carlos Leiva definió la extensión de la prisión efectiva solicitada por la Fiscalía por el término de 70 días, mientras que la defensa pretendía morigerarla con cumplimiento en forma domiciliaria.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada le atribuyen a Poce Asahad haber conformado una asociación ilícita integrada por al menos otras cuatro personas, entre ellos el también fiscal destituido Patricio Serjal.
A la organización se le adjudican “usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos”.
Para ello, sostiene la investigación, cada uno tenía un determinado rol y “organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal” en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Gálvez y Rafaela.
En ese marco, los acusados, siempre según Fiscalía, “ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.
Dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde mediados de diciembre de 2018 hasta el 24 de julio de 2020, fecha en la cual Ponce Asahad y el abogado del empresario del juego Luis Piatti se reunieron en una cochera y quedaron filmados.
El rol en la asociación ilícita del otrora fiscal consistió en haberse aporovechado de su cargo para recibir dinero a cambio de información relativa a las investigaciones que pudieran involucrar a los responsables de la empresa clandestina.
En este marco, en diciembre Ponce Asahad reconoció haber cobrado coimas e involucró “a otras personas del Estado”, lo que desató una verdadera tormenta jurídica y política en la provincia de Santa Fe.
